Línea 7B de Metro de Madrid: un problema de infraestructuras y derechos sociales
Por Alejandro Escribano Bello-Morales. Portavoz de la Plataforma de Afectados por Metro Línea 7B de San Fernando de Henares
En el corazón del municipio de San Fernando de Henares, a las afueras de la ciudad de Madrid, existe un problema que afecta gravemente a los residentes de la zona: la situación de las viviendas situadas a lo largo de la línea 7B de Metro de Madrid. Desde su inauguración en 2007, la ampliación de esta línea de metro ha generado un conflicto latente que ha culminado en una crisis habitacional y humana de grandes proporciones. Este problema no solo afecta a las personas que han visto sus hogares dañados de forma directa, sino que también pone en cuestión la planificación urbana, la responsabilidad gubernamental y los derechos sociales en la Comunidad de Madrid.
El origen
La Línea 7B de Metro de Madrid fue concebida inicialmente como una solución para mejorar la conexión de la periferia este de Madrid con el centro de la capital, específicamente con la intención de conectar los municipios de Coslada y San Fernando de Henares con el resto de la red de transporte público. No obstante, lo que se presentó como una mejora en la infraestructura pública pronto se reveló como una fuente de graves problemas para los habitantes de San Fernando de Henares. La ampliación de la línea comenzó en el año 2004 con un trazado inicial que incluía la creación de cinco nuevas estaciones, tres en Coslada y dos en San Fernando de Henares.
Dos años después, en 2006, el gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, presidido por Esperanza Aguirre, a través de la empresa semipública Mintra, creada previamente por Alberto Ruiz Gallardón, encargó la realización de nuevos informes a la empresa constructora Dragados. El objeto de estos informes era el análisis de la composición geológica del suelo de San Fernando de Henares con el fin de alterar el trazado original y conectarlo con una de las grandes promesas electorales de la presidenta de la Comunidad de Madrid: la creación del Hospital del Henares.
En contra del criterio de los informes técnicos, el desarrollo de la línea fue finalmente alterado a contrarreloj para llegar a su inauguración 22 días antes de la celebración de las elecciones, el 27 mayo del año 2007. Pocos meses después empezaron los problemas.
A inicios del año 2008 la Consejería de Transporte del gobierno de la Comunidad de Madrid encargó un nuevo informe hidrogeológico a las universidades Politécnica y Complutense de Madrid. En sus conclusiones, el informe constataba graves deficiencias en la construcción del trazado, con daños importantes en el propio túnel y el entorno urbanizado. Finalmente también fue obviado y tan solo un año después comenzó el calvario para los vecinos y vecinas.
El principal problema se centra en los asentamientos y movimientos del terreno provocados por la construcción del metro que han alterado gravemente la naturaleza hidrogeológica de todo el municipio madrileño. Esto ha derivado en profundas consecuencias de carácter social. Desde la puesta en marcha de la línea 7B los vecinos de San Fernando de Henares han tenido que convivir con grietas, hundimientos y diversos daños estructurales en sus viviendas. Estos problemas no solo afectan la integridad de las viviendas y servicios públicos, sino que también ponen en peligro la seguridad de los habitantes del municipio, generando una situación de vulnerabilidad que se ha prolongado durante más de dieciséis años, sin que ninguna administración haya puesto soluciones definitivas a la catástrofe social y técnica generada por un gobierno regional.
"Es necesario un cambio de enfoque que ponga en el centro el bienestar de la ciudadanía y sus necesidades"
Consecuencias
El impacto de la Línea 7B en San Fernando de Henares ha sido devastador. Después de dieciséis años los efectos se pueden cuantificar en números: más 600 viviendas afectadas; 217 personas desalojadas; 73 viviendas derribadas; 21 calles afectadas; 5 comercios derribados; espacios públicos demolidos; un municipio devaluado; 10 cierres de la línea 7B de Metro en los últimos dieciséis años, el último en junio de 2024, posiblemente definitivo; y un despilfarro de más de 200 millones de euros públicos en adjudicaciones a dedo sin contar con el importe total de la construcción de la línea. Nunca antes en la historia reciente de nuestro país una administración pública ha cometido una negligencia que ha llevado al hundimiento a un municipio de más de 36.000 habitantes.
Actualmente muchas viviendas presentan daños tan severos que han obligado a los vecinos a abandonarlas. En otros casos, las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de las viviendas son tan costosas que las familias no se pueden permitir sufragarlas y son obligadas a convivir con los daños, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid solo reconoce como afectados a aquellas familias cuyos hogares han sido derribados. El resto simplemente no existen. Estos hechos han llevado a una crisis habitacional que afecta a cientos de familias, que ven cómo sus derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna, están siendo vulnerados.
Las consecuencias no son solo estructurales. La situación ha generado un grave impacto psicológico en los afectados. La inseguridad sobre el estado de sus hogares, la incertidumbre sobre el futuro y la falta de soluciones claras y definitivas por parte de las autoridades han provocado un clima de estrés y desesperación entre los vecinos. Este es un claro ejemplo de cómo una mala planificación y gestión política de una negligencia puede tener un efecto devastador en la calidad de vida de miles de familias trabajadoras cuyo único pecado ha sido trabajar a lo largo de su vida para obtener un hogar que ahora les es arrebatado.

Respuesta institucional y el papel de CCOO
A pesar de los numerosos informes y quejas presentados por los vecinos, la respuesta de las administraciones públicas ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. Si bien se han realizado algunas intervenciones para intentar mitigar los daños, estas han sido paliativas y no han abordado el problema de raíz. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha prometido compensaciones y planes de realojo para los afectados, pero estas medidas se han implementado de manera lenta y no han alcanzado a todos los damnificados. Tampoco han cubierto las necesidades básicas de las familias afectadas. Las ofertas de indemnización no se adaptan al precio de mercado de nuevas viviendas equiparables a las destruidas. La política de alquileres y realojos ha sido inestable y ha generado cuantiosos gastos económicos. Los vecinos y vecinas que habitan en el entorno de los fallidos trabajos de estabilización del suelo y las operaciones de demolición llevan años conviviendo con cortes de luz, agua, fugas de gas, ruido y polvo, sin que la administración pública les haya ofrecido una alternativa habitacional digna. La desatención y la política de opacidad han sido una constante desde el inicio del problema. Lejos de aportar claridad y luz a un problema tan complejo, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha ocultado y sigue ocultando datos, lo cual impide el desarrollo de un estudio independiente que alumbre nuevas vías de resolución del problema.
En este contexto, el papel de las Comisiones Obreras de Madrid ha sido crucial. El sindicato ha actuado como garante de los derechos de los trabajadores y sus familias, exigiendo soluciones reales y justas para los afectados de un municipio históricamente obrero. Su apoyo ha sido primordial para sostener el conflicto y han acompañado y apoyado a todos los afectados, unidos en el marco de la Plataforma de Afectados por Metro L7B, para que se implementen medidas efectivas. CCOO ha proporcionado asesoramiento y apoyo a los vecinos en todas sus demandas, como la realización de un estudio independiente, el fin de la vulneración de derechos como el de la vivienda y el desarrollo de un Plan Integral que garantice una reparación justa para todas las víctimas. La exigencia es clara; una vivienda digna por una vivienda digna.
Futuro y soluciones YA
Es necesario un cambio de enfoque que ponga en el centro el bienestar de la ciudadanía y sus necesidades, garantizando el fin de la vulneración de sus derechos como consecuencia de una negligencia política y técnica que nunca debió suceder.
Para abordar esta crisis de manera efectiva es crucial que se implementen diversas medidas en un nuevo marco de transparencia y colaboración institucional de todas las administraciones, sindicatos y el movimiento social. Es necesario el desarrollo de un estudio hidrogeológico de amplio espectro para iniciar el camino de una solución técnica definitiva; es esencial que se provea de viviendas dignas a las familias cuyos hogares han sido demolidos; es urgente la reedificación del municipio y la reconstrucción de viviendas y espacios públicos perdidos; hay que reconocer a todos los damnificados sin excepción y reparar todo el daño material o emocional generado; compensar la devaluación de nuestro municipio; todo ello enmarcado en un Plan Integral creado desde el raciocinio y con una dotación económica suficiente y constante.
Ante el inmovilismo del gobierno de la Comunidad de Madrid, las víctimas han hecho de la organización y la protesta su mejor herramienta. La movilización ha servido, sirve y servirá para visibilizar el conflicto, pero también para avanzar en la búsqueda de soluciones que, una vez más, no vendrán solas. ■