Valle de Cuelgamuros al amanecer, el día 24 octubre de 2019, día de la exhumación de Franco.
FOTO: FRAN LORENTE
Periodista y escritor. Autor de “El Valle de los Caídos. Una memoria de España”
24 de octubre de 2019. Un helicóptero militar sobrevuela la cruz del Valle de los Caídos, la más alta de la cristiandad. Transporta en su interior los restos de un dictador. El piloto cumple una misión histórica, porque histórica ha sido la decisión del Gobierno: levantar la losa situada tras el altar mayor de la basílica, sacar a Francisco Franco Bahamonde de su sepultura e inhumarlo en el panteón familiar del cementerio de El Pardo–Mingorrubio. Aquel día cambió la historia del monumento emblemático del régimen y se hizo realidad el anhelo de millones de españoles.
Cuelgamuros fue la obsesión del sanguinario y vengativo general que acababa de ganar la guerra desencadenada por el golpe de Estado que él mismo había liderado. La pretensión de Franco era equipararse a los faraones que construyeron las pirámides y superar a los arquitectos del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Aquel delirio de grandeza duró dos décadas, igual que las obras, iniciadas y ejecutadas en parte por mano de obra penada, con un coste económico desorbitado y con las grandes empresas constructoras de la época como beneficiarias. Un monumento que “desafiase el tiempo y el olvido” para celebrar la victoria y rendir homenaje perpetuo a los “caídos por Dios y por España”. Únicamente a ellos, los “mártires de la Cruzada”, sus muertos. Católicos, con filiación acreditada y pertenencia demostrable al ejército vencedor. Allí no tenían cabida los españoles leales al régimen constitucional de la Segunda República. Pero, cuando le convino, el dictador cambió ese criterio excluyente. Ordenó el traslado masivo de miles de cuerpos –principalmente, republicanos sin nombre– para llenar la cripta y, sobre todo, para hacer creer que el monumento inaugurado en 1959 simbolizaba la reconciliación. Pero solo los afines se creyeron la propaganda trilera del No-Do. Sobra decir que nunca fue un lugar de reencuentro, porque el régimen nunca lo pretendió. El régimen solo quería perpetuarse, como el monumento, y cuando escuchó los gritos de democracia, amnistía y libertad respondió con mano dura, y ahí está la represión contra los luchadores antifranquistas, que en los años sesenta y setenta sufrieron detenciones, torturas en comisarías y condenas a prisión.
Sin memoria no hay democracia
La historia oficial nunca admite un relato alternativo. Los regímenes autoritarios establecen una verdad única y la imponen mediante el miedo y el silencio. En España, la amnesia fue obligatoria durante décadas. Sin embargo, nuestra historia oficial tenía muchos vacíos, siempre deliberados. Cuando empezaron a emerger relatos individuales y colectivos sobre la guerra y la posguerra se produjo una ruptura irreversible entre aquella historia oficial y la historia real, la de quienes nunca olvidaron. Como dijo Tzvetan Todorov, “los muertos demandan a los vivos: recordadlo todo y contadlo”, para que sus vidas, al dejar tras sí una huella, conserven su sentido. Así fue. El impulso de la sociedad civil, liderada por las asociaciones memorialistas y las familias de víctimas de la dictadura, hizo saltar por los aires el caduco orden social basado en el “atado y bien atado”. Mientras los nostálgicos herederos del franquismo seguían defendiendo la falacia de la reconciliación y usando el recinto como lugar de exaltación y apología del franquismo –con la complicidad activa de la comunidad benedictina– en España empezamos a descubrir que lo que ocurrió no fue como nos lo contaron, o como se leía en los libros de texto. Se parecía más a aquello de lo que nunca hablaban nuestros antepasados. Empezaron a llenarse los vacíos y, veinticinco años después, hemos logrado consolidar ese relato complementario –y con frecuencia sustitutivo– como la verdadera historia oficial. Así lo pensaba Marcos Ana, pasar página pero después de haberla leído. Memoria democrática, que no es revisionismo, ni revancha, ni reabrir heridas. Es conocer de donde venimos para entender lo que somos y construir juntos un futuro mejor. Sin memoria no hay democracia.
La historia de Cuelgamuros también requiere una actualización. La Ley de Memoria Histórica de 2007 apenas cambió su estatus, pero la Ley de Memoria Democrática ha supuesto un cambio sustancial. El Gobierno progresista actúa lento, pero seguro. Exhumaciones de Franco y Primo de Rivera, instauración del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura militar, entrega de restos a los familiares, cambio de denominación del lugar y salida del ultramontano y obstruccionista prior, Santiago Cantera, cuyo posicionamiento radical y reaccionario avivó el enfrentamiento y dificultó la búsqueda de soluciones. Pero ni un monje benedictino ni media docena de nostálgicos pueden detener el curso de la historia.
La pretensión de Franco era equipararse a los faraones que construyeron las pirámides y superar a los arquitectos del monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Cuelgamuros como espacio de memoria
Con la resignificación del recinto, a partir del acuerdo entre el Gobierno y la Santa Sede, según el cual se permiten intervenciones de naturaleza artística y museográfica pero garantizando la protección del interior de la basílica, como lugar de culto católico. Medio siglo después de la muerte del dictador, es hora de transformar el mausoleo y su entorno en un espacio de memoria, homologable a los existentes en otros países, porque es un paraje donde se produjeron hechos de singular relevancia, por su significación histórica y simbólica y por su repercusión en la memoria colectiva. ¿Qué hacer entonces con Cuelgamuros?
En la España progresista convive un amplio espectro de sensibilidades en relación con la basílica y, sobre todo, con la cruz. Cierto es que en función del acuerdo antes mencionado, los benedictinos no se irán y la cruz no se derribará. Al menos, de momento. Pero hay mucho por hacer. Como cementerio civil que es, habrán de ser atendidas todas las peticiones que tengan por objeto instar la exhumación y entrega de restos. Por supuesto, ha de ser un espacio de conocimiento de la historia del monumento y de reflexión sobre la guerra y la dictadura, en el que se dé a conocer apropiadamente a los visitantes las consecuencias del golpe militar. Un lugar en el que esté presente la defensa de los valores constitucionales y que nos interpele en relación con las guerras. Y es necesario transformar el uso del conjunto natural y de los edificios y servicios del complejo para ponerlo a disposición de la ciudadanía en las condiciones propias de un espacio de memoria de interés internacional. Es exigible una actuación ambiciosa y moderna y dotada presupuestariamente. Es exigible que se actúe con determinación y sin posibilidad de vuelta atrás. Como aquel 24 de octubre de 2019. El momento es ahora.
Ahora, más que nunca, porque vivimos una polarización asimétrica, alentada por la ultraderecha y con la complicidad de la derecha, que está envenenando la convivencia y llevando al límite el debate público para romper las costuras de la democracia. Sabemos hacia donde apuntan ahora los discursos de odio, pero la nostalgia del franquismo –en desuso por los mayores, pero que ha calado en un sector de la juventud– es un rescoldo siempre útil para reivindicar esa “España verdadera” que tiene la cruzada contra el inmigrante como razón de ser y la cruz de Cuelgamuros como símbolo.
Sabemos también que la derecha y la ultraderecha hablan de concordia igual que la dictadura hablaba de reconciliación. Dos términos tramposos que disfrazan el renovado inmovilismo del “atado y bien atado”, y contradictorios en boca de quienes permanentemente alientan la discordia. También conocemos cuáles son las políticas públicas de PP y VOX: derogar leyes y reducir el presupuesto para memoria al mínimo, preferiblemente a cero, como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy. En esta batalla cultural e ideológica no podemos permanecer impasibles, porque los avances democráticos se conquistan, se disfrutan y se defienden. Frente a las ideas reaccionarias, de rápida penetración social e indudable éxito en ciertos segmentos sociales, tenemos que fortalecernos, defendiendo sin fisuras el marco normativo vigente y vigilando los retrocesos en el ámbito de la memoria. Fomentando la pedagogía democrática, reivindicando los principios del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Siempre al lado de las víctimas de la dictadura y de sus familias.
