Pilar Gassent y Paula Lizcano coinciden: la batalla generacional es falsa
FOTO: FRAN LORENTE
Secretaria de Juventud de CCOO de Madrid
“La revolución se ha buscado enemigos asequibles: es mucho más fácil derrocar a un suegro que a un emperador”. Así se expresaba el escritor Sergio del Molino en su columna “‘La vida cañón’: que se mueran los viejos”, del 14 de enero en El País. Algunos de los que se dicen los “antisistema” de hoy, con sus problemas de desclasados del “primer mundo”, no han encontrado mejor ocupación que culpar a sus padres y a sus abuelos por las pensiones que se han ganado, después de cuatro décadas de trabajo cotizado. Aseguran que el sistema de pensiones cercena las posibilidades de futuro de los jóvenes y merma su calidad de vida. Nadie elige cuándo nace, el aumento de la longevidad es bueno —no malo— y las mejoras en los derechos se consiguen luchando, no acusando a generaciones anteriores. Menos mal que hay personas sensatas que ponen el debate en su sitio. Pilar Gassent y Paula Lizcano destapan con argumentos la falsedad del debate generacional.
No es casual que se hable tanto de guerra generacional. Cuando la precariedad se dispara y la vivienda se convierte en un lujo, aparece un relato conveniente: que el problema no está arriba, sino entre generaciones, que las pensiones son el obstáculo para el futuro de la juventud. Se repite en tertulias, en columnas de opinión y en conversaciones cotidianas hasta que parece una conclusión inevitable, pero no lo es. No es una explicación neutral, sino una narrativa interesada. Y no es cierta.
Porque el problema de la juventud no es que existan pensiones dignas, sino que, mientras se señala a quienes trabajaron toda su vida, se evita hablar de quién está acumulando riqueza y poder: de los fondos de inversión que compran edificios enteros en nuestros barrios, de los alquileres que suben muy por encima de los salarios, de empresas que presentan beneficios récord mientras el empleo se precariza. ¿De verdad, el problema es la pensión de una persona mayor o el hecho de que la vivienda se haya convertido en un activo financiero? ¿Es la jubilada que cobra su prestación o el fondo que compra bloques enteros para multiplicar rentabilidades?
Las pensiones públicas no son un privilegio arbitrario, son salario diferido, fruto de décadas de trabajo y cotización, una conquista colectiva de la clase trabajadora que costó organización y lucha. Cuestionarlas como causa del malestar juvenil implica aceptar que el conflicto principal se produce entre quienes viven de su trabajo, cuando en realidad se produce entre quienes viven de su trabajo y quienes viven del trabajo de los demás y concentran capital y poder.
Si el problema fuera generacional, las mejoras de unas implicarían necesariamente el empeoramiento de otras. Pero lo que hemos visto en las últimas décadas no es eso. No ha habido una redistribución hacia la juventud a costa de las personas mayores, lo que ha habido es una redistribución hacia arriba. Mientras aumentaban los beneficios empresariales y se consolidaban grandes patrimonios, se normalizaban contratos temporales, jornadas parciales involuntarias y salarios que no permiten construir una vida con estabilidad. La precariedad no ha servido para reforzar derechos sociales, sino para abaratar costes y ampliar márgenes de beneficio.
En la Comunidad de Madrid lo vivimos cada día. Jóvenes que trabajan y no pueden emanciparse, personas que encadenan contratos durante años sin saber qué pasará el mes siguiente, barrios donde los vecinos se marchan porque los alquileres se han convertido en instrumentos de rentabilidad financiera. No faltan viviendas, sobran intereses especulativos. No faltan recursos, falta voluntad política para limitar la concentración de riqueza y regular el mercado en favor de la mayoría social.
Enfrentar a generaciones trabajadoras debilita la conciencia de que los derechos se conquistan colectivamente
¿Quién se beneficia de que discutamos sobre si las pensiones son “demasiado costosas”? ¿Quién gana cuando el foco se desplaza hacia el gasto social y no hacia los beneficios empresariales? Cuando se afirma que no hay recursos para vivienda pública, para reforzar servicios públicos o para políticas de empleo juvenil, en realidad se está eludiendo el debate sobre cómo se distribuye la riqueza. La cuestión no es si hay dinero suficiente, sino a quién se protege cuando se decide cómo repartirlo.
En ese contexto, la juventud ocupa una posición especialmente vulnerable dentro de la clase trabajadora: acepta condiciones más precarias porque no tiene alternativa real, retrasa decisiones vitales y termina normalizando la inestabilidad como si fuera inevitable. No por culpa de las pensiones, sino porque el modelo económico vigente necesita precariedad estructural para sostener sus márgenes de beneficio. Necesita trabajadores y trabajadoras que no puedan planificar su futuro, que no puedan exigir demasiado y que acepten lo que hay porque la alternativa es el desempleo.
Presentar esta realidad como una guerra generacional no es un error analítico, es una estrategia política. Porque enfrentar a generaciones trabajadoras debilita la conciencia de que los derechos se conquistan colectivamente y que solo se sostienen cuando existe fuerza organizada. La persona jubilada que depende de su pensión y la joven que encadena contratos comparten una misma posición social: viven de su trabajo. No viven de la especulación, ni de la renta, ni de los dividendos. Dividirlas por edad es una forma eficaz de fragmentar a la mayoría social y evitar que se señale a quienes realmente blindan sus privilegios económicos.
Además, el discurso de la guerra generacional introduce una idea peligrosa: que los derechos sociales son como un pastel que se reparte hasta que se acaba y que, si una generación recibe una porción mayor, otra necesariamente pierde la suya. Pero los derechos no funcionan así, no dependen de restar a unos para dar a otros, sino de decisiones políticas sobre cómo se organiza la economía y a quién se prioriza. No se trata de elegir entre generaciones, sino de decidir si la riqueza se pone al servicio del beneficio privado o del bienestar colectivo. Lo que está en juego no es un reparto entre jóvenes y mayores, sino el modelo de sociedad que queremos sostener.
La historia del movimiento obrero lo demuestra: los avances sociales no se lograron enfrentando generaciones, sino organizándolas juntas. Las pensiones públicas, la sanidad universal, la educación pública y los derechos laborales fueron conquistas conseguidas colectivamente frente a quienes defendían que no había recursos suficientes. Siempre se dijo que no era posible, que era insostenible. Y, sin embargo, se logró porque existió conciencia de clase y organización.
El problema nunca han sido quienes trabajaron antes ni quienes trabajan ahora. El problema es un sistema que enfrenta a la mayoría social mientras protege a quienes concentran riqueza y poder. Si aceptamos esa división, perdemos fuerza y dejamos que otros elijan el debate en su propio beneficio. Si la rechazamos y nos reconocemos como parte de la misma clase, recuperamos algo mucho más valioso que cualquier disputa presupuestaria: la capacidad de organizarnos, de exigir cambios estructurales y de cuestionar un modelo que convierte derechos en negocio.
Porque no es una guerra entre generaciones. Es una disputa entre quienes viven de su trabajo y quienes viven del trabajo de los demás. Y en esa disputa, la juventud y las personas mayores no están en bandos distintos, están en el mismo lado.
