Pisos turísticos en el centro de Madrid.
FOTO: FRAN LORENTE
Secretario General y portavoz de Facua
Los desmesurados precios de los alquileres de viviendas y la turistificación de este negocio año tras año están poniendo muy difícil a la ciudadanía la posibilidad de acceder a una vivienda. Para hacer frente a los abusos y la especulación, el Gobierno debe emprender medidas más contundentes que las desarrolladas hasta ahora y que las que viene anunciando el presidente Sánchez.
Desde FACUA, la primera de esas medidas que reivindicamos es la prohibición a los arrendadores de incrementar sus precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino o hagan firmar a éste un contrato nuevo. Largar al inquilino cuando vence el plazo legal es la estrategia usada por los arrendadores para volver a alquilar la vivienda a un precio mucho más elevado, hecho que contribuye a engrosar la espiral de la especulación inmobiliaria.
En paralelo a la prohibición, resulta necesario el reconocimiento legal de la figura del inquilino como consumidor, de manera que los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo, pudiendo ser multados por las autoridades autonómicas de consumo y establecer mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos. A día de hoy, cuando un particular alquila un piso goza de numerosos beneficios fiscales si cumple determinados requisitos, pero no está sometido al riesgo de sanción por parte de los organismos de protección al consumidor si comete abusos como desentenderse de los problemas que surjan en la vivienda en materia de habitabilidad, aplicar incrementos de precios del alquiler no permitidos por la ley o instar al inquilino a que deje la vivienda por causas que tampoco están autorizadas.
También consideramos clave la fijación de un marco de indemnizaciones mediante el que los arrendadores que cometan prácticas abusivas deberán compensar a los inquilinos que las denuncien. Más allá de provocar una sanción económica contra el propietario si se salta sus obligaciones legales, el arrendatario debe verse resarcido del perjuicio causado no solo con la devolución del dinero cobrado ilícitamente o la solución del problema que sufriese en la vivienda, sino con una indemnización económica regulada por la normativa de consumo.
Hay que condicionar cualquier ayuda pública en materia de vivienda a comunidades autónomas y ayuntamientos a que aprueben los topes en los precios de los alquileres establecidos en la ley de vivienda.
Acabar con las viviendas vacías de las ciudades
Para poner fin a las viviendas que bancos y fondos de inversión mantienen vacías en espera de encontrar compradores que asuman precios desproporcionados, la medida necesaria es la expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías, para pasar a ser destinadas a alquiler social. La expropiación de uso es una medida clave para combatir la especulación. Quienes se oponen a ella esgrimiendo la libertad de los propietarios para hacer con sus inmuebles lo que quieran, en realidad están defendiendo la libertad para especular y obstaculizando el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española.
Asimismo, hay que condicionar cualquier ayuda pública en materia de vivienda a comunidades autónomas y ayuntamientos a que aprueben los topes en los precios de los alquileres planteados en la ley de vivienda. De igual modo, condicionar la concesión de los bonos al alquiler a que los contratos estén sometidos a los topes de precios establecidos en la ley de vivienda.
Otra medida a adoptar es que el Gobierno debe coordinar con las comunidades autónomas protocolos de inspección para revisar de forma aleatoria los contratos de alquiler depositados ante las autoridades responsables del control del pago de las fianzas y emprender acciones sancionadoras contra aquellos arrendadores que incurran en cláusulas abusivas.
Por último, FACUA reclama, en coordinación con las autoridades autonómicas de consumo, un plan de inspección al sector inmobiliario para la vigilancia del cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la ley de arrendamientos urbanos y la legislación en materia de consumo.
A día de hoy, las actuaciones más relevantes en materia inspectora han sido los seguimientos con los que el Ministerio de Consumo ha detectado decenas de miles de anuncios de pisos turísticos ilegales, buena parte de los cuales ya han sido eliminados de las plataformas donde se anunciaban. Se trata de medidas de inspección a las que deben sumarse las comunidades autónomas y que deben acompañarse de sanciones tanto a los propietarios que oferten el alquiler de pisos no dados de alta en los registros turísticos como a las plataformas que alberguen esta publicidad.
Resulta necesario el reconocimiento legal de la figura del inquilino como consumidor, de manera que los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo
