FOTO: FRAN LORENTE
Secretario de Comunicación de la Federación de Pensionistas de Madrid
En 2018, pocos meses antes de morir, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, escribía un artículo en el que advertía: “tenemos que actuar pronto, porque los avances digitales pueden ser solo el comienzo de una tendencia irrefrenable hacia un mundo orwelliano controlado por un Gran Hermano, en el que millones de sensores en teléfonos inteligentes y otros dispositivos reúnan nuestros datos y nos hagan vulnerables a la manipulación”.
Hace meses, en un artículo para la revista Gaceta Sindical. Reflexión y Debate, reclamaba la necesidad de reflexionar sobre el papel de las corporaciones y empresas de comunicación en los últimos años y su influencia en el desarrollo de la democracia, después de empeñarse en banalizar la información hasta convertirla en espectáculo que “amplía el mundo perceptible y encoge el mundo pensante”, según palabras de Pavel Campeanu.
Y es que siendo evidente la responsabilidad del mundo de la política en la crisis de credibilidad de las democracias, conviene no ignorar cómo de la mano de la revolución tecnológica las nuevas corporaciones digitales han creado una red única de alcance mundial, una red para la libre expresión de las ideas, pero también para que actúe como refugio de la desinformación, la difamación y la mentira. Cuentan con una figura legal, el anonimato, bajo el que campan a sus anchas los autores/as de estas agresiones, cada vez más integrados en el discurso de la extrema derecha.
En la sociedad de la información, con el crecimiento del llamado capitalismo sin reglas, la comunicación siempre ha estado estrechamente vinculada a la manipulación, entendida esta como la definió el poeta y ensayista alemán Enzensberger: etimológicamente, el término manipulación viene a significar una intervención técnica, consciente, en un determinado material. “Si esta intervención es de una importancia social inmediata, la manipulación constituye un acto político; este es, básicamente, el caso de la industria de la consciencia”.
Periodismo, tecnología y democracia
El oficio del periodismo ha conocido profundos cambios. A finales de los setenta y principios de los ochenta, tras la conquista de la democracia, lo definíamos como “una actividad de interés público para toda la sociedad; advertíamos que la información no puede seguir siendo considerada como una mercancía sujeta a las reglas del derecho mercantil, ni como propaganda sometida a los intereses y presiones del poder”. Siempre he considerado el pluralismo en la comunicación como una parcela más, y expresión, al mismo tiempo, del pluralismo ideológico que proclama la Constitución como uno de los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico. En la actualidad, estas consideraciones suenan a música celestial.
Los medios de comunicación, viejos y nuevos (no todos), son hoy esencialmente trincheras, soportes activos del debate político, muchos de ellos hostiles con los valores democráticos y mayoritariamente alineados con el pensamiento conservador o ultraconservador. En consecuencia, lo que la ciudadanía lee, ve o escucha a propósito de lo que ocurre en nuestro país viene filtrado, en un alto porcentaje, por códigos, opiniones y patrones decididos en territorios de la derecha mediática. Y, lo que es peor, los medios de comunicación y buena parte de las/os profesionales de la información que responden a una concepción progresista de la realidad, irrumpen en esta coyuntura, enarbolando una falsa bandera de objetividad y equidistancia a modo de club de los exquisitos. La conclusión es bien sencilla: las derechas no esconden su entusiasmo, algunas voces del progresismo mediático sucumben a la campaña de difamación de los primeros y, como resultado, se banaliza la llegada al poder –que estamos a tiempo de evitar– del populismo conservador y de extrema derecha.
La situación se agrava con las posibilidades de intervención social que brindan las nuevas tecnologías y el entramado digital. Los movimientos que se observan en el mundo no ayudan mucho, los principales países del planeta tienen como presidentes (elegidos o no) a personas que no creen en la democracia, aprueban reformas institucionales que los acercan a regímenes autoritarios y niegan (o cuestionan), allí donde existen, el Estado de bienestar y las políticas públicas, es decir, la democracia social. Con estos precedentes, la idea lanzada hace unos años por el periodista y experto británico en nuevas tecnologías, Jamie Bartlett, suena tan digna como de difícil aplicación: “en los próximos años, o bien la tecnología destruirá la democracia y el orden social tal como lo conocemos, o la política impondrá su autoridad sobre el mundo digital”. Escabrosa situación, si tenemos en cuenta que quienes deberían liderar esta batalla son, en muchos casos, quienes dirigen la poderosa industria tecnológica, siempre dispuesta a controlar nuestras vidas.
Los proyectos comunes, los espacios de colaboración, la democracia participativa, entendida como parte esencial de la democracia representativa, son ya víctimas de “la excesiva capacidad de conectarse”. En torno a este activismo en redes, liderado por grupos a los que poco importa la comprensión y las ideas y mucho el vilipendio y la mentira, debe abrirse un debate sereno pero urgente con los sectores implicados, en el que quede reforzada la cultura democrática y el imperio de sus instituciones. Cuando planteo este debate soy consciente de que entramos en terreno resbaladizo y ya en tiempo de descuento. En los últimos decenios la tecnología para la transferencia de información se ha convertido en un gran gigante y resulta difícil reglamentarla con rigor. A ello, no lo olvidemos, sumamos que sus esfuerzos obedecen al deseo de beneficios y poder de quienes son dueños de sus habilidades y productos. Toda esta maquinaria, decía el filósofo Roszak, “no es un proceso tecnológico neutral en materia de valores… Brinda un mundo sin sombras, sin secretos ni misterios, donde todo se ha convertido en una cantidad desnuda”.
Esta reflexión sobre los progresos de la tecnología y su relación con la democracia y los poderes públicos es fundamental para enfrentar y analizar la transformación de los medios de comunicación. La imparable y caótica irrupción de herramientas de comunicación, al calor de la nueva tecnología digital y de las llamadas redes sociales –los ciudadanos son los informadores–, ha sido aprovechada por el discurso conservador y ultraliberal, y de forma más habitual y ordinaria, por los movimientos populistas y antidemocráticos vinculados a la extrema derecha.
Los medios de comunicación, viejos y nuevos, son hoy esencialmente trincheras, soportes activos del debate político, muchos de ellos hostiles con los valores democráticos
Territorio hostil
Hubo un tiempo en que la industria de la comunicación se analizó como un sector comprometido con los valores democráticos y el progreso social. El filósofo y sociólogo alemán Habermas fue más lejos, al considerar los medios de comunicación como interlocutores entre el Estado y la sociedad civil, contribuyendo a crear un espacio público donde las grandes decisiones son debatidas por voces múltiples.
Tan admirables opiniones han dejado de ser verificables en las democracias del siglo XXI. Del ágora hemos pasado al CEO (presidente ejecutivo o el propietario mismo), y de la información al entretenimiento, y cuando se aborda la noticia esta se convierte en fastuosa, para que la impresión anule la razón.
La industria de la comunicación ya no es una industria particular, fiel aliada de la democracia. Es un conglomerado de grupos, intereses e idearios que priman su negocio, su cuenta de resultados y, como no, los proyectos políticos e ideológicos que mejor se compadecen con su estrategia empresarial. Y no siempre esta estrategia es compatible con la democracia.
La creciente intensidad de la difamación y la desinformación en las redes sociales y el contubernio de otros medios, dispuestos a no perder pie en esta competición ramplona, nos está llevando a un azaroso territorio de repulsión, populismo y demagogia, del que beben los movimientos conservadores y la ultraderecha. El objetivo debe ser claro: las políticas públicas deben impedir que las grandes corporaciones y todo el andamiaje de la comunicación intervengan con tanta impunidad en la vulneración de los principios democráticos.
