La segunda causa de bajas laborales son los problemas de salud mental.
FOTO: FRAN LORENTE
Comisionada de Salud Mental. Ministerio de Sanidad
Escribo este artículo desde una convicción y una responsabilidad: la salud mental en el ámbito laboral debe estar en el centro de nuestra agenda política, sindical y sanitaria. Lo hago también desde mi experiencia clínica, acompañando a personas que han visto cómo su empleo se convertía en una fuente de daño. Esa doble mirada, institucional y humana, me confirma que vivimos una crisis silenciosa que atraviesa la vida laboral en Europa y en nuestro país.
No es un fenómeno marginal o pasajero. El trabajo siempre ha tenido una doble cara. Puede ser fuente de dignidad, estructura vital, reconocimiento y sentido, como recordaba Simone Weil al reflexionar sobre la condición obrera. Pero también puede transformarse en un espacio de alienación, de sometimiento y de daño cuando se convierte en pura servidumbre al beneficio. Esa ambivalencia se expresa hoy con crudeza: mientras unas pocas personas disfrutan de empleos que ofrecen seguridad y autonomía, la mayoría se ve forzada a aceptar condiciones dañinas para poder subsistir.
La investigación sobre psicodinámica del trabajo, con figuras como Christophe Dejours y Antoine Duarte, nos recuerda que el trabajo no se limita a producir bienes o servicios: produce subjetividad. El reconocimiento, la cooperación y la posibilidad de aportar creatividad son fuentes de salud; pero cuando la organización niega esas dimensiones, el trabajo se convierte en sufrimiento. Ahora bien, conviene subrayar que el trabajo genera sufrimiento, pero no todo sufrimiento es patológico. Forma parte de la experiencia humana enfrentarse a la dificultad, a la frustración y al reto. Deriva en patológico cuando ese sufrimiento se vuelve insoportable, se cronifica o se aísla en el silencio. Invisibilizar esta diferencia nos lleva a medicalizar la vida, y a despolitizar lo que es fruto de la organización laboral.
Los datos oficiales confirman lo que vemos cada día en consulta. En los últimos años, los problemas de salud mental han escalado hasta situarse en la segunda causa de bajas laborales de más de 15 días de duración en España, solo ligeramente por debajo de los trastornos musculoesqueléticos. El incremento ha sido muy significativo y, además, se concentra en un grupo especialmente sensible: la juventud. Quienes se encuentran en esa etapa vital, en la que deberían estar construyendo proyectos de vida, son quienes más sufren la inestabilidad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda y la falta de horizontes estables. En ellos y ellas, el riesgo es doble: padecen con más crudeza las condiciones materiales del trabajo precario y, al mismo tiempo, ven cómo ese sufrimiento se medicaliza en lugar de entenderse en su raíz social.
Precariedad y depresión: causa y efecto
El informe PRESME mostró con claridad que, en 2022, en España podrían haberse evitado alrededor de 170.000 cuadros depresivos si no existieran condiciones laborales precarias. La cifra habla por sí sola de la magnitud sanitaria, económica y social del problema. El mismo informe añadió otro elemento fundamental: la densidad sindical es un factor de protección frente a la precariedad, y por tanto frente a los problemas de salud mental. Allí donde hay organización sindical, se cuenta con más recursos para defender derechos, resistir la presión y construir entornos más saludables. La acción colectiva no solo mejora salarios o condiciones contractuales: también cuida la salud mental.
A pesar de la evidencia, España sigue sin contar con un sistema estandarizado para reconocer el origen laboral de los trastornos mentales. Nuestro listado de enfermedades profesionales omite esta dimensión, en contradicción con la Recomendación 194 de la OIT, que desde 2002 instaba a los Estados a incluir las patologías mentales en sus listas nacionales. La consecuencia es clara: las bajas derivadas del sufrimiento psíquico laboral se tramitan como contingencias comunes, lo que supone menor compensación económica, ausencia de responsabilidad empresarial y, en última instancia, una socialización de los costes. Las empresas privatizan los beneficios de la presión laboral, mientras que la sociedad paga el precio en forma de sufrimiento, gasto sanitario y pérdida de productividad.
Este vacío institucional tiene un impacto desigual. Las mujeres, concentradas en sectores precarios y con menor protección social, asumen además la carga de los cuidados no remunerados. Las personas jóvenes ven hipotecado su presente y su futuro, atrapadas en contratos temporales y bajo la amenaza de la inestabilidad permanente. Y quienes conviven con un trastorno mental grave sufren una doble exclusión: más del 80 por ciento no accede al mercado laboral, y quienes lo hacen se ven confinados en empleos de baja calidad, sin adaptaciones que permitan sostenerlos.
Todo esto no ocurre en abstracto: aparece día a día en las consultas de atención primaria, en los servicios de salud mental y en los espacios clínicos donde se escucha el malestar. Pero aquí surge un riesgo: el de convertir el sufrimiento social en un problema individual. La psiquiatría y la psicología, si no incorporan una mirada sobre los determinantes sociales del sufrimiento, corren el peligro de producir lo que llamamos iatrogenia epistémica: en lugar de reparar el daño, lo reproducen, al individualizarlo y medicalizarlo.
En la salud mental laboral esto ocurre cuando se le dice que su depresión se debe únicamente a un desajuste de neurotransmisores, mientras se ignoran las jornadas interminables, los salarios de miseria o el acoso en el trabajo. Esa reducción biologicista no solo es incompleta: es una forma de violencia epistémica que priva a las personas de comprender la verdad de lo que les ocurre.
Allí donde hay organización sindical, se cuenta con más recursos para defender derechos, resistir la presión y construir entornos más saludables
Desde la clínica sabemos que el trabajo está detrás de muchas de las consultas que recibimos. El riesgo es que terminemos psicologizando lo social: explicando con categorías individuales lo que en realidad tiene una raíz colectiva. No es lo mismo pensar que alguien enferma por fragilidad personal a entender que el malestar nace de condiciones laborales estructuralmente dañinas. Esa diferencia transforma la vivencia subjetiva y abre la posibilidad de reclamar justicia.
El mundo laboral contemporáneo añade nuevas capas de sufrimiento. La microgestión permanente, la vigilancia digital y el control algorítmico multiplican la presión sobre quienes trabajan. La productividad ya no se mide en logros colectivos, sino en métricas individualizadas, evaluadas en tiempo real. Esa lógica intensifica la ansiedad, socava la cooperación y alimenta un horizonte ansiógeno en el que la vida se reduce a cumplir objetivos inalcanzables. La juventud lo vive con especial crudeza: ha crecido en un contexto donde el futuro se percibe como amenaza más que como promesa, donde los algoritmos organizan el trabajo y donde la esperanza se desvanece.
Desde el Ministerio de Sanidad hemos querido dar un primer paso con la publicación de Trabajo y salud mental: hoja de ruta para las administraciones sanitarias en España. Este documento, elaborado junto con profesionales de distintos ámbitos, reúne conocimiento y compromiso para avanzar en cuatro frentes: el reconocimiento institucional, la detección clínica, la prevención organizativa y la vigilancia epidemiológica del daño psíquico derivado del trabajo. Es una herramienta para que las administraciones sanitarias asuman su responsabilidad en este campo y para que la salud mental vinculada al trabajo deje de ser un asunto invisible.
Las luchas sindicales han mostrado históricamente que el trabajo puede ser también un espacio de emancipación. La protección frente a riesgos físicos fue en su día una conquista arrancada con organización y resistencia. Hoy, el reto es incorporar con la misma fuerza los riesgos psicosociales.
En los últimos años se han producido avances normativos en España. La reforma laboral ha contribuido a reducir la temporalidad, y la propuesta de reducción de la jornada laboral abre un horizonte de mayor conciliación y bienestar. Son pasos importantes, pero insuficientes si no colocamos la salud mental en el centro de la agenda laboral. Necesitamos un sistema que reconozca explícitamente el vínculo entre sufrimiento psíquico y condiciones de trabajo, que lo vigile epidemiológicamente, que lo prevenga en las organizaciones y que lo atienda en la clínica con justicia y sin reduccionismos.
He escuchado demasiadas veces en consulta frases que se repiten con distintas voces: “si algún día puede, haga algo para que lo que me pasó a mí no le ocurra a otros”. Son palabras que convierten la vivencia individual en mandato colectivo. Y pienso que, en efecto, ese es el sentido profundo de trabajar en salud mental: no solo aliviar a quien sufre, sino transformar las condiciones que generan sufrimiento. El trabajo puede ser un lugar de alienación, pero también un espacio de dignidad si logramos cambiarlo. ■
