Trabajadores migrantes en la construcción
FOTO: FRAN LORENTE
Abogado y experto en liderazgo
España vive una paradoja moral que ya no puede seguir sosteniéndose. Miles de personas trabajan cada día, cotizan, pagan impuestos, cuidan a nuestros mayores, limpian nuestras calles, levantan edificios, recogen alimentos y sostienen sectores enteros de la economía…, pero continúan siendo tratadas como ciudadanos de segunda. Invisibles cuando conviene, imprescindibles cuando hace falta.
La propuesta de regularización de cerca de 500.000 personas migrantes no es una concesión ideológica ni un gesto de buenismo. Es una medida de justicia social, coherencia democrática y responsabilidad económica. Todo lo demás —los bulos, los alarmismos y la manipulación política— responde a intereses que nada tienen que ver con la verdad ni con el bien común.
Conviene decirlo claro desde el principio: nadie migra por capricho. Ninguna persona abandona su país, su familia, su idioma y su cultura por placer. Se migra para sobrevivir, para trabajar, para sostener a los que se quedan atrás. Y quien lo hace no pide privilegios: pide derechos.
Convertir al migrante en chivo expiatorio es una vieja táctica. Lo nuevo es la normalización del discurso que criminaliza al trabajador extranjero mientras se beneficia de su trabajo. La hipocresía es evidente: se acepta la fuerza laboral, pero se rechaza la dignidad
Los migrantes no “invaden”: trabajan
El discurso que presenta la regularización como una amenaza al empleo, a los servicios públicos o a la identidad nacional es profundamente falso. Los datos lo desmontan una y otra vez. España necesita mano de obra migrante. La necesita hoy y la necesitará aún más mañana en un país envejecido, con baja natalidad y sectores productivos que dependen estructuralmente de estos trabajadores.
La realidad es incómoda para algunos: sin migrantes, el país se detiene. Agricultura, hostelería, cuidados, construcción, logística… No hablamos de un fenómeno marginal, sino de una columna vertebral silenciosa del mercado laboral. Y sin embargo, a estas personas se les niega algo tan básico como la seguridad jurídica. Se las condena a la economía sumergida, a la explotación, al miedo constante. Esa precariedad no es accidental: es una decisión política.
Regularizar no es adulterar la democracia. Mentir, sí
Uno de los argumentos más perversos que ha utilizado la oposición es afirmar que esta regularización busca “adulterar el censo electoral”. Es una falsedad grave, interesada y peligrosa.
La legislación española es clara: solo las personas con nacionalidad española pueden votar en elecciones generales y autonómicas. Punto. No hay debate jurídico posible. Vincular regularización administrativa con manipulación electoral es una mentira deliberada que busca criminalizar a quienes ya viven en una situación de vulnerabilidad.
Lo que sí debería escandalizarnos es otra cosa: que miles de personas que trabajan legalmente, pagan impuestos y contribuyen al sostenimiento del Estado no tengan ningún derecho político. Esa es la verdadera anomalía democrática. Y en esta condena y reivindicación me incluyo. Llevo 34 años en España cotizando y sigo sin poder votar. El estado español me pide renunciar a mi nacionalidad italiana para poder votar, cosa que no haré nunca.
Quien paga impuestos debe tener voz
No es radical decirlo. Es profundamente democrático. Quien contribuye al contrato social debe formar parte de él.
Negar el derecho al voto —al menos en el ámbito local— a personas que llevan años trabajando y pagando impuestos es una forma de exclusión política que erosiona la calidad democrática. Se les exige cumplir obligaciones, pero se les niega participación. Se les reclama esfuerzo, pero se les niega representación.
Eso sí es tratar a las personas como ciudadanos de segunda.
No se trata de regalar derechos, sino de reconocer realidades. Una democracia madura no teme ampliar derechos; teme perderlos.
Cuando el miedo gobierna: la advertencia internacional
Lo que hoy ocurre en Estados Unidos debería servirnos de advertencia. Las redadas del ICE, la criminalización sistemática de las personas migrantes, la separación de familias y la normalización de la persecución administrativa han convertido la inmigración en un campo de batalla ideológico donde los derechos humanos son la primera víctima. No es un fenómeno aislado: se repite en todos aquellos países donde gobierna la extrema derecha y, cada vez con más preocupación, también allí donde la derecha tradicional ha decidido comprar el marco discursivo de los ultras. Cuando se asume su lenguaje —invasión, amenaza, sustitución—, se acaba asumiendo también su agenda. Y cuando eso ocurre, la política deja de gestionar realidades para empezar a fabricar enemigos. Europa no es inmune a esta deriva. España tampoco. Mirar hacia otro lado mientras se legitiman estos discursos no es prudencia: es complicidad.
Los verdaderos beneficiarios del miedo
El ruido contra la regularización no surge de la nada. Se alimenta de prejuicios, de racismo estructural y de una estrategia política basada en el miedo. Porque cuando no se quiere hablar de salarios, vivienda o precariedad, se señala al más vulnerable.
Convertir al migrante en chivo expiatorio es una vieja táctica. Lo nuevo es la normalización del discurso que criminaliza al trabajador extranjero mientras se beneficia de su trabajo.
La hipocresía es evidente: se acepta la fuerza laboral, pero se rechaza la dignidad. Se consume su esfuerzo, pero se cuestiona su pertenencia.
Regularizar es fortalecer la democracia
Regularizar significa sacar a cientos de miles de personas de la clandestinidad administrativa. Significa más cotizaciones, más derechos laborales, menos explotación, más recaudación fiscal. Significa también algo más profundo: reconocer que la democracia no puede construirse sobre la exclusión permanente de quienes la sostienen. No hablamos solo de economía. Hablamos de valores. De derechos humanos. De coherencia política.
Una sociedad que tolera que parte de su población viva sin derechos plenos es una sociedad que acepta la desigualdad como norma. Y eso, tarde o temprano, pasa factura.
Una cuestión de decencia democrática
España fue durante décadas un país de emigrantes. Nuestros padres y abuelos supieron lo que era buscar trabajo lejos, ser “los otros”, ser señalados. Olvidarlo no es solo injusto: es indecente. La regularización de personas migrantes no debilita el país. Lo dignifica. Lo alinea con los valores que dice defender. Lo hace más justo, más fuerte y más honesto consigo mismo.
El verdadero riesgo para la democracia no es ampliar derechos. El riesgo es negarlos mientras se mira hacia otro lado. Porque no hay democracia plena cuando quienes la sostienen no pueden decidir sobre ella.
