Álvaro García Ortiz presenta la Memoria de la Fiscalia al Presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
FOTO: FERNANDO CALVO
Jurista
La RAE define así la Justicia: “Principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente”. Como sinónimos de tal concepto desgrana la Real Academia Española: “rectitud, imparcialidad, equidad, neutralidad, ecuanimidad, objetividad, honradez, honestidad, probidad, razón”.
Una vez establecido el terreno de juego, veamos quienes son los jugadores. Los equipos los componen jueces y fiscales especializados en distintas materias y que, a diario, ejercen su trabajo en los tribunales para preservar ese enunciado, esforzándose en que los preceptos referidos se cumplan al pie de la letra.
¿Es así de verdad? Siempre he mantenido que un altísimo porcentaje de jueces y juezas realizan su trabajo con total honradez, dejando lo mejor de sí mismos en sus puestos de trabajo. También es cierto que, en determinados casos, en algunos de estos profesionales, los valores que se les suponen, no siempre son los deseados o los que responden a la obligación de administrar justicia de modo independiente, con imparcialidad y con apego a la ley, como exige el juramento o promesa del cargo.
¿Por qué se produce esta desviación? ¿Qué lleva en ocasiones a un juez a actuar de manera tal que parece estar defendiendo intereses ajenos a los que comporta la defensa de la propia sociedad a la que se debe?
Diferentes factores contribuyen a ello: ambición por ocupar puestos próximos al poder; adscripción ideológica a determinadas corrientes políticas; deseos de mejorar la posición económica o social; positivo tratamiento mediático, según el sesgo del afectado, poder y control corporativo… En estas situaciones se adolece de escrúpulos y los valores morales y éticos se derrumban. Es entonces cuando se produce la politización de la justicia / judicialización de la política (Lawfare o instrumentalización del derecho con fines políticos, económicos e, incluso, mediáticos) a través de operadores judiciales y políticos o agentes económicos o mediáticos sin escrúpulos con fines espurios, ajenos a los que deben presidir el proceso, la independencia judicial, la imparcialidad y el principio de legalidad. Es el fin del estado de derecho y la demolición de los pilares democráticos más esenciales.
Fuera de nuestro país, en Brasil, por ejemplo, tenemos el paradigmático caso del ultraconservador Jair Bolsonaro que, siendo presidente de Brasil persiguió al opositor progresista Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que accediera a un nuevo mandato presidencial. En este proceso contó con la ayuda de algunos fiscales y del juez Sergio Moro, cuyas decisiones determinaron la prisión de Lula. A renglón seguido, Moro fue nombrado ministro de Justicia, si bien tuvo que renunciar cuando se demostró su intervención en dádivas y tráfico de influencias. Actualmente Lula da Silva es de nuevo presidente de Brasil y el Tribunal Supremo de su país ha condenado a Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
El problema de fondo es el que siempre ha tenido la vieja guardia judicial: el mantenimiento de privilegios y posición, mediante un sistema lo más cerrado posible de acceso
Lawfare y el Fiscal General del Estado
En España quiero citar varios ejemplos vigentes de instrucciones judiciales que podemos denominar, cuanto menos, arbitrarias, casualmente iniciadas por organizaciones de ultraderecha y que siguen el guion de lo que beneficia al Partido de la oposición en su esfuerzo por sustituir al actual Gobierno de coalición progresista. Uno de los casos que más idea da de esta falta de ecuanimidad es el del Fiscal General del Estado, que bordea el banquillo en los momentos en que escribo estas líneas, en base a un bulo interesado del equipo de comunicación de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, en un esfuerzo titánico para salvar a su pareja de un presunto delito fiscal confesado. En este asunto, lo más suave que puede decirse es que el juez no está acostumbrado a instruir causas de tipo alguno, y lo que más aparenta, cada día, es un afán desmesurado por implicar al Gobierno a través de la Fiscalía General en un delito (da igual cual sea o que ni siquiera exista), buscando de una parte anular el juicio del infractor y, de otra, echar barro sobre el Ejecutivo.
Hace unas décadas, determinado sector judicial presumía de que todos sus componentes deberían ser apolíticos para no contaminarse. Si tenías un perfil progresista estabas contaminado. Lo determinante para que la Justicia sea buena es que quienes la administran sean servidores públicos, independientes e imparciales y sujetos al principio de legalidad a la vez que defensores de los derechos humanos y, por ende, del Estado de derecho en favor de la sociedad.
Desafortunadamente, hoy día estos valores están en cuestión, por la propia corporativización de la Justicia, especialmente por aquellas asociaciones de jueces y fiscales conservadoras que anteponen sus propios intereses a los del pueblo al que sirven. Esas asociaciones son una forma eficaz de expresar opiniones por parte de los jueces que, se supone, no deben hacerlo. Y si bien tales entidades se crearon como forma de defender las necesidades de sus asociados, lo cierto es que cada vez más se han ido convirtiendo en foros de apoyo a provechos ajenos. En 2024, el Consejo General del Poder Judicial cifraba en 5.416 el número de jueces y magistrados que hay en activo en España, de ellos, 3.139 estaban afiliados a alguna asociación, lo cual representa el 58 por ciento del total. Dicho de otro modo, el 42 por ciento de la carrera no pertenece a ningún colectivo. Aun así, las asociaciones, principalmente las conservadoras, hablan por elevación en nombre de todos.
El Fiscal General del Estado bordea el banquillo a causa de un bulo interesado del equipo de comunicación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid
La reforma de la carrera judicial
Nos encontramos, por tanto, con las críticas furibundas de estas asociaciones sobre diferentes temas, como puede ser ahora el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para los jueces conservadores, no hay punto alguno aceptable. Los progresistas (hablo en todo momento de asociaciones) lo consideran aceptable con matices.
El problema de fondo es el que siempre ha tenido la vieja guardia judicial: el mantenimiento de privilegios y posición, mediante un sistema lo más cerrado posible de acceso al grupo que, entre otras cosas, incluye como método la formación selectiva la formación a cargo de otros jueces, lo que supone ingresos interesantes y muchas veces no declarados. Becas para estudios, o que la formación esté supervisada por el Ministerio, o que los fiscales se hagan cargo de la instrucción, son asuntos espinosos para aquellos que quieren mantener las cosas como siempre han sido, en detrimento de lo que debería ser.
En ese contexto hay asociaciones de jueces que, coincidiendo casualmente con algunas arremetidas políticas de la oposición, convocaron una huelga bajo la bandera de estar defendiendo la independencia judicial. No se llamen a engaño, lo que estaban defendiendo era ni más ni menos que su propia situación. Fue una huelga corporativa sin más y cuestionable en cuanto a su legalidad. Pero, como diría un castizo, a ver quién es el guapo que los juzga.
No me satisface como veo hoy en este país la que ha sido por más de treinta años mi profesión. Veo demasiadas iniciativas sesgadas en lo que deberían ser garantías.
Con todas las excepciones pertinentes, percibo un exceso de interés personal donde debería haber un recto apego a la letra de la ley y no aprecio que entre mis antiguos colegas –al menos los que pueden corregir o advertir de tales desviaciones– haya empeño por enderezar estos renglones torcidos. El problema es que de lo que debería ser, pasemos a aquello a lo que nunca habría que llegar.
Son tiempos difíciles, y en gran medida oscuros, en los que la Justicia debería ser un faro de referencia, sencillamente cumpliendo con su deber de impartir recta e imparcial justicia. Sin embargo, la Justicia anda contaminada por discursos extremos teñidos de invocaciones al respeto a la independencia de agresiones inexistentes, irreales o generadas desde su interior, en favor de intereses externos. Vuelvo a la RAE y me fijo en el antónimo de Justicia. Saben cuál es, ¿verdad?: Injusticia. Este es el peligro que nos acecha. ■
