Manifestación feminista en Madrid
FOTO: FRAN LORENTE
Secretaria de Mujer de CCOO de Madrid
Simone de Beauvoir nos enseñó que “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos”. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es uno de esos derechos de las mujeres que nunca debemos dar por consolidados.
Así lo entendimos el 1 de febrero de 2014, cuando, frente a las pretensiones de Gallardón, entonces ministro de Justicia, contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el mítico Tren de la Libertad llenó las calles de Madrid con aquel “Porque yo decido”:
Porque yo decido desde la autonomía moral, que es la base de la dignidad de una persona, no acepto imposición, o prohibición alguna en lo que concierne a mis derechos sexuales y reproductivos y, por lo tanto, a mi plena realización como persona. Como ser humano autónomo me niego a ser sometida a tratos degradantes, injerencias arbitrarias y tutelas coactivas en mi decisión de ser o no ser madre.
Aquella movilización se saldó con la paralización de la reforma que Gallardón quería llevar a cabo y con su salida del Ministerio de Justicia. Pero desde entonces hasta hoy, no hemos dejado de sufrir ataques a un derecho que sobre el papel tenemos reconocido, si bien nos ponen mil y una trabas para poder ejercerlo de forma efectiva.
A pesar del recorrido de más de 15 años desde que se aprobó la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y de que se haya producido una reforma de dicha ley en 2023 para eliminar obstáculos como la edad, es necesario seguir denunciando las condiciones de inseguridad que se producen, puesto que existen barreras al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como prestación sanitaria universal para todas las mujeres.
Las madrileñas reclamamos poder decidir libremente cuándo ser madres o cuándo interrumpir nuestro embarazo. Y lo queremos hacer sin acoso, con garantías de calidad, en la sanidad pública
Una de las primeras cuestiones que señalar es la importante diferencia territorial en España respecto a la práctica del aborto y al acceso de las mujeres a la IVE en función de la situación administrativa de las mujeres o de la comunidad autónoma en la que residan; y la nuestra —la Comunidad de Madrid— ha iniciado una auténtica cruzada en los últimos años.
Por otra parte, aunque hace casi cuatro años que se aprobó la modificación del Código Penal para introducir el delito de obstaculización del derecho al aborto (artículo 172 quater en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), se sigue acosando a las mujeres en las inmediaciones de las clínicas, un atentado directo contra los derechos de las mujeres y del personal que trabaja allí.
Pero no son los únicos frentes que ha decidido abrir la Comunidad de Madrid: es la única Comunidad que se opone a la creación de un registro de objetores de conciencia tal y como le obliga la ley, imprescindible para acabar con la opacidad que permite que servicios enteros se declaren objetores.
Interrupción del embarazo en la sanidad pública
Sirva de muestra a lo que suponen estos obstáculos, que, de las 21.013 interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en centros sanitarios de la Comunidad de Madrid en 2024 —último año de referencia—, tan solo 78 se realizaron en un hospital de la Red del Servicio Madrileño de Salud, lo que supone el 0,37 % del total de las intervenciones efectuadas.
Y entendámonos bien, los abortos que se practican en las clínicas concertadas están en manos de profesionales, personal muy especializado y comprometido, pero los datos que se ofrecen respecto a la sanidad pública señalan una anomalía que no se puede soslayar.
Proteger la maternidad, como proclama defender el Partido Popular, es garantizar que esta es siempre deseada, y para ello se hace imperativo desarrollar la colaboración del sistema sanitario con el sistema educativo para garantizar una educación integral sobre salud sexual y reproductiva en población joven ya que —tal como se establece en el artículo 14 del Convenio de Estambul, en la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño y la Niña y en las orientaciones técnicas internacionales de la Unesco sobre educación sexual integral— es esencial para prevenir embarazos no deseados, promover la igualdad de género y proteger contra la violencia sexual.
El boicot al derecho al aborto en nuestra región solo puede entenderse como una violencia de género institucional. Las madrileñas reclamamos poder decidir libremente cuándo ser madres o cuándo interrumpir nuestro embarazo. Y lo queremos hacer sin acoso, con garantías de calidad, en la sanidad pública y sin barreras de acceso por edad o situación administrativa.
Se sigue acosando a las mujeres en las inmediaciones de las clínicas, un atentado directo contra los derechos de las mujeres y del personal que trabaja allí
La interrupción voluntaria del embarazo y el respeto a las decisiones de las mujeres sobre su maternidad hace muchos años que son asumidas de forma mayoritaria como un derecho básico por la sociedad española y es hora de blindar este derecho en nuestra legislación, para avanzar en el cumplimiento y la ejecución de las leyes.
No, no queremos regresar a los años 70, cuando miles de mujeres tuvieron que autoinculparse de haber abortado o ayudado a otras mujeres a hacerlo, o a los tiempos de la ley de 1985, que aunque supuso una despenalización parcial, se seguía criminalizando a las mujeres o irrumpiendo en las clínicas.
No, no vamos a aceptar trabas ideológicas, ni ceder a los sectores más retrógrados, pese al ruido que provocan o que hoy estén al frente de instituciones como las madrileñas.
Porque los Estados —en todos sus niveles institucionales— tienen la obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos, incluidos los relativos a la salud sexual y reproductiva, y así lo hemos dicho claramente cerca de 1,2 millones de personas en la Iniciativa Ciudadana Europea “Mi voz, mi decisión: por un aborto seguro y accesible”, apoyada por el Comité Económico y Social Europeo, que ya ha conseguido el aval del Parlamento Europeo y que demuestra, una vez más, que juntas somos imparables.
