Pilar Gassent y Paula Lizcano coinciden: la batalla generacional es falsa
FOTO: FRAN LORENTE
Periodista jubilada
“La revolución se ha buscado enemigos asequibles: es mucho más fácil derrocar a un suegro que a un emperador”. Así se expresaba el escritor Sergio del Molino en su columna “‘La vida cañón’: que se mueran los viejos”, del 14 de enero en El País. Algunos de los que se dicen los “antisistema” de hoy, con sus problemas de desclasados del “primer mundo”, no han encontrado mejor ocupación que culpar a sus padres y a sus abuelos por las pensiones que se han ganado, después de cuatro décadas de trabajo cotizado. Aseguran que el sistema de pensiones cercena las posibilidades de futuro de los jóvenes y merma su calidad de vida. Nadie elige cuándo nace, el aumento de la longevidad es bueno —no malo— y las mejoras en los derechos se consiguen luchando, no acusando a generaciones anteriores. Menos mal que hay personas sensatas que ponen el debate en su sitio. Pilar Gassent y Paula Lizcano destapan con argumentos la falsedad del debate generacional.
En un tiempo no muy lejano, la palabra pensión se asociaba invariablemente al concepto de crisis. Era como una maldición. La imagen distópica de jubilados hundidos en la miseria después de que el sistema hubiera saltado por los aires se convirtió en la pesadilla de los boomers que estábamos a punto de disfrutar de un merecido descanso tras décadas de esfuerzo. Ese patrón de pensamiento, alimentado por quienes codiciaban los pingües beneficios de los planes privados para los futuros jubilados, no acabó de traducirse en el desastre anunciado. Es más, durante la crisis financiera el Gobierno de Mariano Rajoy pudo meter la mano en la hucha de las pensiones para acudir en auxilio de los bancos. Y aun así, las prestaciones, aunque congeladas, se siguieron pagando.
En cuanto cambió el color político del Ejecutivo fue posible aplicar uno de los mecanismos esenciales de la justicia social: la revalorización de la pensiones conforme al IPC para que sus perceptores no pierdan poder adquisitivo. Pero la misma inquina que animaba a los trompeteros del apocalipsis ha reaparecido con un rostro y una dinámica más perversos. Una vez constatado que los jóvenes son los grandes perdedores de las sucesivas crisis de las últimas décadas, se pretende calmar su desazón identificando al supuesto «enemigo» responsable de todos sus males, que no es otro que el colectivo de los pensionistas; especialmente las personas mayores con una expectativa de vida superior a la de sus padres y unos ingresos fijos que se han ganado con sus cotizaciones y que, por eso mismo, siguen respondiendo a la noción clásica de retribución salarial por trabajo. En definitiva, se trata de montar una absurda guerra generacional que, aun a costa de dinamitar el sistema, atraiga a esos jóvenes a nichos electorales cada vez más a la derecha. En ese contexto se inscriben libros como La juventud atracada: Cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes de José Ignacio Conde-Ruiz y Carlotta Conde Gasca, o el más reciente La vida cañón: La historia de España a través de los boomers de Analía Plaza. Los títulos son suficientemente explícitos. Su enunciado ya anticipa la teoría falsa, insultante y agresiva que desarrollan los autores. Plaza borra de la ecuación a quienes de verdad disfrutan de la “vida cañón”: las clases más adineradas que obtienen sus riquezas de fuentes muy distintas a las pensiones, unas prestaciones que de media rondan los 1.360€ y que, en el mejor de los casos, una vez restadas las correspondientes retenciones, apenas superan los 2.500€. Pero esas son las menos. Solo 120.000 jubilados, de un total de 9,4 millones de pensionistas, perciben la cuantía máxima en España. Muchas de las pensiones por viudedad, orfandad, incapacidad y gran invalidez siguen estando en torno al salario mínimo o incluso por debajo, pese al acelerón que les ha imprimido el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿De verdad alguien cree que negarles una retribución justa a los viejos que se han ganado su derecho al descanso o a las personas que no pueden trabajar va a solucionar, por ejemplo, el problema de la vivienda en un país donde los salarios son escandalosamente bajos y la presión fiscal sigue estando muy abajo en el ranking de los estándares europeos?
Se trata de montar una absurda guerra generacional que, aun a costa de dinamitar el sistema, atraiga a esos jóvenes a nichos electorales cada vez más a la derecha
Lo que hacen Conde-Ruiz, Conde Gasca y Plaza es mover el foco para que no nos fijemos en las cuestiones que tanto incomodan a los sectores más conservadores: una reforma fiscal integral con una progresividad real y no solo aspiracional y un “salto salarial” que fulmine el estigma del “trabajador pobre”; ese que por mucho que se deslome ni llega a fin de mes ni puede costearse un lugar para vivir y no solo sobrevivir. El problema es la desigualdad y, si alguien confía en que congelando o recortando las pensiones destinen más fondos a satisfacer las necesidades de los jóvenes, sufre un trastorno de ingenuidad crónico.
De lo que no me cabe duda es de que, como decía Sergio del Molino en un reciente artículo sobre la obra de Analía Plaza, “a Milei y a Trump les tiene que gustar mucho este libro” («‘La vida cañón’: que se mueran los viejos», El País, 14-1-2026) y, por la misma regla de tres, estoy convencida de que también les encanta a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Ninguno de los dos da señales de ser un entusiasta defensor del sistema público de pensiones. Por lo que se refiere a Feijóo, autor de la ocurrencia de la hipoteca inversa, esa burda estrategia para despojar a los viejos de sus viviendas y a sus hijos de su herencia (Dioni, Jorge, «Hipotecas inversas: hacia un país de expropietarios», La Marea, 27-6-2023), demuestra a menudo la fragilidad de sus conocimientos y de su compromiso con el estado del bienestar.
¿A qué viene si no la hipocresía con la que, por segundo año consecutivo, ha mantenido en vilo a millones de pensionistas tumbando en primera instancia el decreto del Gobierno que garantiza su poder adquisitivo para así evitar que inquilinos en situación de emergencia social se libren del desahucio? Así y todo, el PP no llega a la temeridad de sus socios de Vox, quienes hace unos años definían las pensiones como “una estafa piramidal”. Esa barbaridad, que por otra parte encaja como un guante en el ideario de Conde-Ruiz, Conde Gasca y Plaza, ha desaparecido ya de sus documentos programáticos por puro tacticismo, pero sus terminales ideológicas no han dejado de juguetear con la idea de la “mochila austriaca”, un sistema egocentrista y opuesto al carácter redistributivo de nuestro sistema público.
Quizá solo estamos ante un ejercicio de precalentamiento. Y es que ¿responden Feijóo y Abascal al perfil de líderes dispuestos a oponerse a las exigencias de Donald Trump para destinar los recursos que sostienen nuestro estado del bienestar a la compra de armamento que satisfaga sus pulsiones imperialistas y su voracidad recaudatoria? Observando la pasividad de los dos políticos ante las amenazas de Trump y su cohorte de tecno-millonarios a nuestra soberanía nacional, la respuesta es un NO rotundo. El 2 % del PIB que España destina a gastos de Defensa supone unos 34.000 millones de euros. El 5 % del PIB que reclama Trump escalaría a los 88.000 millones según los cálculos más prudentes. Los hay que elevan esa cantidad a más de 100.000 millones. Una diferencia notable que obviamente habría que sufragar detrayendo recursos de otras partidas, como la de las pensiones, tal y como ya se encargó de recordarnos el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el lacayo de Trump, cuando dos meses antes de la cumbre de La Haya instó a los países europeos a redirigir fondos del gasto social hacia la defensa militar.
Vivimos malos tiempos, pero no por los motivos que invocan ciertos libros y opinadores, empeñados en cocinar el caldo para que nos «cuelen» otro hachazo al gasto público disfrazándolo de lo que no es. No es una forma solidaria de equilibrar lo que reciben jóvenes y pensionistas, no es la forma de corregir un desajuste en las cuentas del Estado y, desde luego, no es la respuesta a emergencias sociales como la vivienda. Estamos ante la criminalización sociópata de millones de ciudadanos para que maltratarlos sea más fácil. Ya lo han hecho con los inmigrantes y ahora vienen a por nosotros.
