EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN LA SALUD LABORAL

Podemos decir que la Seguridad y Salud en el Trabajo está adquiriendo el papel protagónico que merece dentro del ámbito de las relaciones laborales; o, al menos, se la está situando en el lugar que, por su relevancia, requiere.

Un importante hito en el reconocimiento de ese papel se produjo en 2022, cuando la OIT proclamó como principio y derecho fundamental el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Más recientemente, en 2025 celebramos el 30 aniversario de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; y este año 2026 ha sido declarado por el Gobierno Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta posición relevante es más que una necesidad, pues los niveles de siniestralidad laboral, especialmente la mortal, se mantienen en cifras inasumibles.

Los datos provisionales de accidentes de trabajo en 2025 muestran un ligero descenso respecto al mismo periodo de 2024, tanto si consideramos la totalidad de los accidentes —un 1,9 % menos— como solo los mortales —que registran un descenso de un 7,7 %—.

Con todo, a lo largo de 2025 se produjeron 620.386 accidentes de trabajo con baja, y 735 personas trabajadoras perdieron la vida como consecuencia de un accidente laboral.

Por otra parte, a diferencia del descenso en el número de accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales experimentaron un incremento de un 26,33 % en 2025 respecto a 2024. Si bien aquí el gran problema sigue estando en su infradeclaración, con cifras de enfermedades profesionales reconocidas muy por debajo de la realidad.

Estos datos nos invitan a no distraernos de uno de los objetivos primordiales que estamos llamados a alcanzar todos los agentes implicados en la seguridad y salud en el trabajo, y que no es otro que el que nos mandata el Marco Estratégico de la Unión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2027: “Deben desplegarse todos los esfuerzos para reducir la mortalidad laboral en la medida de lo posible, en consonancia con un enfoque de ‘visión cero’ relativo a la mortalidad laboral en la UE”.

Precisamente, para avanzar en esta dirección y lograr los demás objetivos marcados por el Marco Estratégico de la Unión Europea, España cuenta con su propia Estrategia de Seguridad y Salud 2023-2027, fruto del consenso entre las Administraciones públicas y los agentes sociales, y de la cual participa, en su papel fundamental de garante del cumplimiento de la normativa del orden social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La Estrategia fija las actuaciones prioritarias que, entre todos, debemos llevar a cabo hasta el año 2027 y que deben ir encaminadas a lograr “el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en la reducción de la siniestralidad”.

Pero hablemos, por específico y novedoso, del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de agosto de 2025, que dedica un objetivo específico a “Garantizar el derecho a la seguridad y salud, un derecho fundamental”, y que se configura como el instrumento más eficaz para ejecutar la Estrategia en aquellos aspectos que afectan a la Inspección de Trabajo.

Para cumplir ese objetivo tan ambicioso, el Plan Estratégico destaca cuatro líneas prioritarias de actuación.

Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en sectores de mayor siniestralidad

Para ello, se prevé, entre otras medidas, diseñar planes de acción para luchar contra las formas más habituales de producirse accidentes de trabajo graves o mortales, como es el Plan de Acción sobre riesgos de caída de altura en trabajos en cubiertas, que ya está ejecutando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; realizar actuaciones conjuntas o coordinadas con los institutos autonómicos; potenciar, a través de campañas que ya se están desarrollando, el control de las condiciones de trabajo de personas vulnerables o especialmente sensibles.

Particular atención requieren las enfermedades profesionales, en su gran mayoría no declaradas, que permanecen ocultas tras enfermedades comunes, lo que aboca a la ausencia de investigación de sus causas y, consecuentemente, a la falta de adopción de medidas preventivas y correctoras; a ello se une la falta de resarcimiento a las víctimas, que ven reducidas sus prestaciones y pierden el derecho a la percepción de un posible recargo, en caso de que la enfermedad se haya contraído por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Por tanto, es prioritario y urgente seguir incidiendo de manera decidida en la prevención e investigación de las enfermedades profesionales y, junto a ellas, de las patologías no traumáticas.

Contribuir a la prevención del cáncer de origen profesional

Adquiere especial relevancia la contribución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la prevención del cáncer de origen profesional.

La intensificación de las actuaciones de control en este ámbito responde no solo a la propia Estrategia, sino también al cumplimiento de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de origen profesional, aprobada en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para ello se llevan a cabo actuaciones planificadas, tanto en cada territorio como a nivel estatal a través de cruces de datos, en actividades con exposición a agentes como la sílice cristalina respirable, el amianto, el polvo de maderas duras, el formaldehido o los humos diésel.

Anticiparse a los riesgos derivados de las transiciones

La prevención de riesgos laborales no puede mantenerse inmutable, sino que debe adaptarse al nuevo entorno socioeconómico en el que se desarrollan las actuales relaciones de trabajo.

Las transiciones ecológica, demográfica y digital deben ser consideradas, por tanto, también desde una perspectiva preventiva.

Se deben abordar con urgencia aspectos como la digitalización de los trabajos o la proliferación de nuevos empleos como el prestado a través de plataformas digitales; el envejecimiento de la población trabajadora; el cambio climático, con la irrupción de los cada vez más frecuentes fenómenos meteorológicos adversos, y el surgimiento o incremento de los denominados trabajos verdes. Para ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está desarrollando actuaciones acompañadas de guías de actuación y de la necesaria formación del personal inspector, a través de la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Impulsar acciones informativa y de asistencia técnica en materia de seguridad y salud

Las acciones formativas tienen los siguientes objetivos:

• la necesaria adaptación de los puestos de trabajo, especialmente tras casos de accidentes laborales de los que se han derivado situaciones de incapacidad temporal de larga duración;
• la realización de actuaciones extensivas de carácter informativo, que partan del cruce de bases de datos que permitan identificar supuestos en los que exista una mayor probabilidad de materialización del riesgo;
• y la potenciación de la función de asistencia técnica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a pequeñas y medianas empresas y a las microempresas.

No obstante, todas estas acciones, junto con el resto de los objetivos del Plan Estratégico, no pueden alcanzarse si no es a través de una Inspección de Trabajo y Seguridad Social cada vez más fuerte, moderna y adaptada también a la nueva realidad de los trabajos. Nuestra Inspección de Trabajo tiene la virtud de pertenecer a los sistemas de inspección integrales u holísticos, es decir, con competencia en todas las materias del orden social.

Lejos de considerar este amplísimo ámbito de actuación como un lastre, debemos defenderlo como un privilegio, que nos permite abordar las condiciones de trabajo y seguridad social como un todo y, a partir de ahí, promover desde nuestra actuación una constante garantía y mejora de dichas condiciones.

Esta configuración de nuestro Sistema de Inspección como integral coexiste también con la necesaria especialización de la función inspectora. Y así, la propia Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social consagra en su artículo 2 como uno de sus principios ordenadores la «unidad de función y de actuación inspectora en todas las materias del orden social, sin perjuicio de los criterios de especialización funcional y de actuación programada».

Esta especialización, si hablamos de seguridad y salud, se ha visto singularmente potenciada en los últimos años. Y ello gracias a la creación en 2025 de nuevas jefaturas de unidad especializadas en esta materia, así como a la incorporación desde 2018 de los funcionarios y funcionarias pertenecientes al cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud, cuya presencia en todas las inspecciones provinciales de trabajo ha permitido reforzar la actuación inspectora en el control de las condiciones materiales de trabajo.

Reforzar estas unidades, junto con potenciar el trabajo en equipo, modernizar tecnológicamente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lograr una mayor eficacia y transparencia en nuestra gestión y mejorar la accesibilidad para la ciudadanía, empresas y agentes sociales, son también objetivos estratégicos que redundarán en un mejor servicio público y, por tanto, en la garantía de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.