
«Una memoria que arde» es el lema que representa la lucha contra el negacionismo y el olvido de la dictadura militar
FOTO: DEMETRIO IRAMAIN
Escritor y periodista
El 24 de marzo de 2026 se cumplen en la Argentina 50 años del último golpe cívicomilitar, que derivó en la comisión de un brutal genocidio físico. ¿Su saldo? 30.000 desaparecidos, más de 500 bebés secuestrados, alrededor de 1,5 millones de exiliados, y decenas de miles de presos políticos en las cárceles.
Pero el objetivo del golpe no fue el crimen. La dictadura no asesinó porque sí. Lo hizo con un objetivo político subsidiario de otro económico: exterminar las organizaciones políticas, sindicales, sociales, del campo intelectual, los curas tercemundistas, para derrotar sus luchas revolucionarias e implantar así un cambio brutal en la matriz productiva.
La represión genocida buscaba mantener a cualquier costo la tasa de ganancia del capital concentrado, ante un reclamo imperial: consolidar para la Argentina un país dependiente, proveedor de materias primas, sin industria propia y sin capacidad de generar valor agregado a su economía reprimarizada; convertir el patrón de acumulación en financiero, reemplazar las industrias por bancos y el pleno empleo por la ilusión del consumo de bienes importados de los países centrales, entregando así la estructura económica nacional a las necesidades del imperialismo norteamericano, que financió la dictadura.
Esa bestial regresión fue, no obstante, resistida y finalmente derrotada. Pero el costo social fue demasiado grande. Quienes hoy debieran estar dirigiendo las luchas, ejerciendo funciones en el Estado, dando cátedras en las universidades, se encuentran desaparecidos. La Argentina tiene una herida abierta, que aún supura.
Las Madres de Plaza de Mayo estuvieron a la vanguardia de esa pelea, que derivó, 20 años después de terminada la dictadura, en 12 años y medio de gobiernos populares, encabezados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, que devolvieron al pueblo trabajador muchas de las conquistas, derechos y el grado de distribución de la riqueza que tenía hasta el golpe de 1976.
Hoy, sin embargo, medio siglo después del genocidio, los mismos planes económicos, políticos y culturales de entonces regresan “civilmente”, “democráticamente”, “pacíficamente”. Con Javier Milei en la presidencia, ya no hay muerte clandestina, ni campos de concentración ocultos, ni desaparecidos para siempre. Los “grupos de tareas” dictatoriales son hoy los medios concentrados de comunicación y el Partido Judicial, como se conoce a la acción coordinada de jueces y fiscales que actúan como brazo de intereses políticos enemigos del pueblo. Ahora se aplica un salvaje protocolo represivo que intenta impedir las manifestaciones y lesiona gravemente a quienes se movilizan a pesar del hostigamiento policial. Ya no hay secuestro de comisiones internas gremiales combativas; ahora se sanciona una ley de reforma laboral que, en nombre de la modernización del mundo del trabajo, establece las pautas para que los despidos sean más baratos, arrasa con conquistas obreras logradas más de cien años atrás y amenaza la institucionalidad y el financiamiento de las organizaciones obreras.
Sin embargo, el pueblo argentino, que fue capaz de producir hitos de resistencia y lucha que ya están en la historia grande de Occidente, no se rinde. Cada 24 de marzo es una muestra de que la memoria social sobre lo ocurrido en la larga noche militar no se extingue y se vincula con el presente. Así, la masividad de las manifestaciones opera como una respuesta política a la continuidad de aquel plan criminal, que se expresa hoy con los mismos planes de entonces.
El pueblo ejerce una memoria fértil, política, que sirve para continuar aquellos combates, que no se queda en el recuerdo del horror, sino en la reivindicación de la vida, la esperanza, la belleza y, esencialmente, en el compromiso político con la revolución que tuvieron aquellos desaparecidos. Que pone el acento no en lo que los genocidas hicieron sobre los cuerpos de nuestros compañeros y compañeras, sino en lo que ellos hacían para lograr sus objetivos revolucionarios. Así, el pueblo se escapa de la condición de víctima adonde el sistema lo quiere ubicar y se asume sujeto político.
La sucesión de derrotas que atraviesa el campo popular argentino desde diciembre de 2023 le impone un vértigo regresivo e inhumano a la realidad nacional. Se abren etapas a cada instante, que implican el cierre acelerado de otras: además de la ley laboral y el arrasamiento de derechos, se baja la edad de punibilidad a 14 años, lo que implica una amenaza penal a la infancia de los sectores más empobrecidos; se elimina la Justicia Nacional del Trabajo a través de su traspaso a la conservadora Ciudad de Buenos Aires; el gobierno de Milei se alinea incondicionalmente con el presidente Trump, lo que supone un abandono de la posición histórica de la Argentina respecto de la no intromisión en conflictos ajenos; ello entre otras capitulaciones, que se suman al encarcelamiento y la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, producto del lawfare y la conversión del sistema de Justicia federal en un apéndice del poder económico y la embajada norteamericana.
No obstante, esta secuencia, lejos de fraguar una realidad afín a los grupos concentrados de la economía y los medios hegemónicos, precipitará las disputas. Nada es para siempre. También hoy.
La Argentina está a las puertas de un periodo de enorme conflictividad social y política, porque una cosa es ver por televisión cómo legisladores que se autoperciben peronistas votan contra el pueblo trabajador y otra es verse obligado a trabajar diariamente mucho más tiempo que la extensión de la jornada y no cobrar horas extras, como legisló el Congreso argentino en febrero.
Por eso, el año 2027, cuando finaliza el actual mandato presidencial, ya comenzó.
Y está bien que sea así. El pueblo argentino deberá buscarle una salida política a su encrucijada, que combina resistencia heroica en las calles, incomodidad y desacuerdo con lo que sucede, y capitulación en sectores dirigentes. Deberá militar esa búsqueda. Proponer una superación. Sintetizar un proyecto. Volver a hablar de política en clave de futuro. Salir de la melancolía. Resistir con una perspectiva. Encontrar un horizonte: la construcción de poder. Organizarse para volver. Ordenarse, no para dar testimonio de una injusticia, sino para revertirla. Buscar afanosamente cómo volver a gobernar. Juntarse en el camino de resistir en las calles, organizarse en las fábricas y las barriadas, y ganar las elecciones. Dejar de contar derrotas, porque así solo cosechará angustias; cortarla con solo maldecir traiciones, porque ello se podría convertir en apatía, desgano y desmovilización. Por cada traidor, deberá sumar un nuevo compañero o compañera. Si no, estará perdido. Y si bien ninguna derrota es eterna, recuperarse de cada una de ellas siempre es difícil.
Desde luego, hay una esperanza. El liderazgo en desarrollo de Axel Kicillof —exministro de Economía del último gobierno de Cristina Kirchner y actual gobernador, por segundo mandato consecutivo, de la Provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, que concentra el 40 % de la población argentina—, supone una síntesis que se expresa a través del naciente Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Su condición de emergente de aquellos años en los que fuimos felices, su decisión de llevar adelante en la jurisdicción que gobierna políticas contracíclicas similares a las que le devolvieron dignidad al pueblo argentino entre 2003 y 2015, impulsan una conducción política en vías de consolidación.
A propósito, a los pocos días del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela por tropas militares norteamericanas, la vicepresidenta de ese país, en ejercicio de la presidencia, Delcy Rodríguez declaró, con total elocuencia, que la urgencia y la gravedad del momento político que atraviesa su país exigen paciencia, prudencia estratégica y objetivos claros, y planteó tres tareas ordenadoras de todas las demás: 1) preservar la paz de la República, 2) rescatar a los rehenes (Maduro y su esposa) y, 3) acaso la más crucial de todas, que la Revolución Bolivariana preserve el poder político para defender al pueblo.
Es lo que cada vez más sectores populares se plantean con Axel Kicillof, como sumario de esa imprescindible búsqueda: la construcción de poder popular para la conquista del poder político. A pesar de todos los condicionantes que tiene la democracia burguesa y el sistema institucional republicano en clave capitalista, los 12 años y medio de gobiernos kirchneristas demuestran que si se gobierna bien y para el pueblo, se pueden lograr muchas mejoras. Y cuanto mejor, mejor. Será el más justo homenaje a quienes cayeron en la lucha hace 50 años, cuando comenzó el genocidio, nuestros heroicos compañeros y compañeras desaparecidos. ■
La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense de finales de noviembre de 2025 somete el mundo al designio dictatorial de dominar el hemisferio occidental en su conjunto