El Salvador “sin ley” de Bukele
83.000 detenciones políticas en dos años
Por Ivania Cruz, portavoz de UNIDEHC
El Salvador de Bukele se ha convertido en un territorio sin ley donde protestar, asociarse o simplemente discrepar es motivo de persecución, de encarcelamiento o, incluso, de morir en dependencias policiales. En junio de 2024 Nayib Bukele asumió un segundo mandato presidencial pese a la prohibición constitucional de reelección consecutiva. La popularidad de Nayib Bukele ha sido el control de las maras y con ello el aumento en la seguridad. Las autoridades de El Salvador han detenido a más de 80.000 presuntos miembros de bandas criminales desde marzo de 2022, pero muchas de estas personas no tienen vínculos evidentes con éstas pandillas, y se han visto atrapadas y han terminado en prisión. Sus abogados, como Ivania Cruz, son perseguidos como sus propios clientes, reciben amenazas, ejercen bajo la presión del terror. Como los laboralistas de Atocha, los abogados en El Salvador también son “elementos hostiles” al régimen.
En marzo del año 2022, La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un Régimen de Excepción, que se ha mantenido vigente hasta el año 2024. Dicho decreto legislativo no cumple con los presupuestos constitucionales de El Salvador, ni con los estándares internacionales, siendo su naturaleza la de una medida excepcional y no permanente, aunque hasta la fecha se mantenga vigente. Este tipo de suspensión de derechos, limita el ejercicio de los derechos humanos como la vida, la integridad y las garantías judiciales, que son principios básicos para el funcionamiento de un Estado democrático de derecho. En El Salvador se han producido más de 83,000 detenciones, de las que aproximadamente el 30% son capturas arbitrarias de líderes comunales, sociales, políticos y sindicalistas.
Un régimen de excepción convertido en forma de estado
Si bien el régimen de excepción es una herramienta legal aplicable en determinados contextos, su utilización como una política de seguridad permanente ha posicionado al Estado como un ente vulnerador de derechos humanos a través de las detenciones masivas llevadas a cabo casi en su totalidad por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
Aparejadamente, y en consecuencia con el discurso de odio e intolerancia contra sus adversarios, bajo argumentos falaces o incluso acciones judiciales, se genera crecientemente una campaña de persecución política contra opositoras y opositores, movimientos populares, organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, etc., acciones que realiza este gobierno dictatorial, desde la coacción y amenaza a periodistas o medios de comunicación no alineados a la política gubernamental, hasta la descarada persecución y represión política y criminal contra opositores civiles no partidarios del régimen.
La persecución política se desata contra la oposición mediante el uso indebido de la institucionalidad; denominada como «lawfare», la actuación judicial más los medios de comunicación se confabulan para denigrar a personas líderes de la política salvadoreña, sobre todo de izquierda.
El gobierno de Bukele ha dado órdenes precisas para que la Fiscalía General de la República y la Asamblea Legislativa sean las instancias desde donde se ordenen investigaciones amañadas; y sin ser vencidos en juicio, las personas son condenadas desde la opinión pública. Otro grupo considerable de personas se encuentra en el exilio por el temor a las represalias giradas por el régimen que gobierna.
Persecución política contra todo y contra todos
Se pretende anular liderazgos opositores no solo del ámbito político, sino también a organizaciones civiles, sindicalistas, movimientos populares, medios de comunicación y periodistas, atentando contra la libertad de expresión y pensamiento, derecho consagrado en la Constitución y uno de los pilares de la democracia. Como ejemplo, un periódico digital tuvo que reubicar sus oficinas en otro país del área centroamericana, por la campaña de desprestigio lanzada por parte del gobierno, y en esa misma línea, hay amenazas a radios comunitarias y locales que son casi las únicas que transmiten en disonancia gubernamental.
La vigilancia hacia las viviendas de personas opositoras y el control que se hace por medio de sistemas informáticos para la escucha de teléfonos, sumada al régimen de excepción que permite la intercepción de las comunicaciones, pone en serios riesgos la seguridad personal de cualquier ciudadano en El Salvador.
El Salvador tuvo una dictadura militar que duró 60 años, tiempo durante el cual sucedieron vejaciones contra los derechos humanos de miles de personas asesinadas, desaparecidas y presas políticas. La guerra de liberación que se libró en el país pudo detener estos hechos, con la firma de los Acuerdos de Paz, se legisló para crear una Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos.
A partir de la consolidación de la mayoría legislativa del partido en el gobierno, en mayo de 2021, este régimen represivo vuelve a aparecer. Comenzaron entonces las órdenes de captura para personas ex funcionarias municipales, funcionarias de gobierno, empleados públicos y líderes sindicales mayoritariamente de izquierda. Todas estas personas fueron encarceladas mediante el uso abusivo de la detención provisional, violando los principios mínimos del debido proceso legal, violándoles derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, nuestra normativa secundaria y la normativa internacional que protegen los Derechos Humanos.
En ese contexto y con el régimen de excepción pretenden criminalizar la labor sindical y la lucha de la clase trabajadora, por lo que muchos hombres y mujeres líderes han sido injustamente capturados, por delitos como «Agrupaciones ilícitas». Parte de las capturas fueron realizadas en protesta por la exigencia a su salario y derechos laborales en diferentes alcaldías municipales e instituciones públicas, gobernadas por el partido del Gobierno (Nuevas Ideas). La protesta se saldó con un total de 17 sindicalistas perseguidos, algunos de ellos presos y uno fallecido dentro de las cárceles de El Salvador, considerando su muerte como un crimen de lesa humanidad: Leónidas Bonilla.
Los movimientos sindicales en El Salvador
Según el Movimiento de Trabajadores despedidos, organización perteneciente al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, existe un reporte que informa de que en el segundo mandato inconstitucional del Gobierno de Nayib Bukele se generaron 20 mil despidos ilegales.
En los próximos años no es nada alentador el futuro de la clase trabajadora salvadoreña, ya que de parte del Gobierno, se presentó una propuesta a la Asamblea Legislativa, gobernada por la mayoría del oficialismo, donde se prevén más despidos, en sectores importantes para la población como es la salud y la educación. Diferentes organizaciones mostraron su descontento, y ante la situación, se han realizado diferentes manifestaciones exigiendo un presupuesto digno y evitar recortes a profesionales médicos y maestros.
Así mismo, en dicha propuesta del Gobierno hace constar que alrededor de 11,000 personas serían despedidas en este año 2025. Se congelan los escalafones en los ministerios de Salud y Educación y se reducen significativamente los presupuestos para Salud y Hospitales. También al Ministerio de Educación. Habrá pues menos recursos para educación media, básica, parvularia y para infraestructura escolar. A la única Universidad pública de El Salvador (UES) le congelan el presupuesto y no le pagan la deuda de 48 millones.
El retroceso evidente en los derechos de las mujeres y la niñez se puede constatar en la desaparición casi por completo de las instituciones que trabajaban por garantizarlos. La falta de servicios ha provocado un evidente abandono de las políticas públicas dirigidas a mejorar los ingresos de las mujeres, la atención a los casos de violencia y la salud sexual y reproductiva.
Además, se ha evidenciado que el principal grupo vulnerado en razón de la privación de libertad de un familiar son las mujeres, es decir madres, esposas, compañeras de vida, hijas, etc., sobre quienes recaer la mayor responsabilidad económica, familiar y de sufragar las necesidades legales o económicas de tener un familiar detenido.
Este es El Salvador de Bukele, el admirador y amigo de Trump. El presidente del país centroamericano ha ofrecido al inquilino de la Casa Blanca una mega cárcel para recluir a 20.000 migrantes indocumentados, los indeseables de la nueva administración norteamericana.
