¿Quién vela por los derechos de los y las deportistas?

Tras más de una década vinculada al mundo del deporte desde el movimiento de las asociaciones de deportistas y sindicatos a nivel nacional e internacional compruebo que pasan los años y sigue sin entenderse nuestro trabajo en aras de la buena gobernanza, tratando de conseguir que se respeten los derechos de los y las deportistas y que estos sean considerados trabajadores de pleno derecho, con sus obligaciones, que las tienen, y se las exigen, pero también con sus derechos, que los tienen, pero parece que los responsables políticos y deportivos se han olvidado de ellos.

Me cuesta creer que desde los gobiernos e instituciones deportivas no se incluya en el diálogo social a las asociaciones de deportistas para todas las cuestiones relacionadas con el deporte. Contemplo con tristeza que ni se respeta ni se valora el trabajo de las asociaciones y los sindicatos, a los que no se da el lugar que les corresponde en el ámbito deportivo y prueba de ello es que, incluso, un secretario de Estado para el Deporte reconocía en una reunión que los interlocutores, por naturaleza, eran las federaciones, las ligas profesionales, los clubes y, en último lugar, los y las deportistas y sus asociaciones. En último lugar los y las deportistas, es decir, y que no se me malinterprete, pero algo así como… que todos viven “del” deporte, menos los y las deportistas, que viven “por y para” el deporte, entregando los mejores años de su vida a cambio de muy poco y sin que se respeten sus derechos. Es, cuanto menos, paradójico.

El menosprecio de las instituciones a las asociaciones y sindicatos de deportistas

La gran precariedad laboral entre los y las deportistas es una realidad. El sistema deportivo está construido con unas jerarquías y una dotación de recursos en cascada donde el ministerio correspondiente, en este caso el Ministerio de Educación y Deporte, atribuye responsabilidades y proporciona recursos económicos al Consejo Superior de Deportes, que éste destina a las federaciones nacionales de los diferentes deportes para su funcionamiento y organización, y éstas, a su vez, distribuyen las ayudas entre los clubes que integran las federaciones, ya que son los que organizan la competición. El siguiente escalón son los y las deportistas que pertenecen a esos clubes. Y aquí se detiene la cadena, porque las asociaciones de deportistas que trabajan para proteger y defender el bienestar, la integridad y las condiciones dignas de los y las deportistas, quedan excluidos de cualquier ecuación. Hablamos de salud y seguridad en el trabajo, hablamos de contratos dignos, de salarios mínimos y de cargas horarias de trabajo, hablamos de seguros de accidentes por lesión o incapacidad laboral, hablamos de que los desplazamientos se realicen en condiciones, hablamos de maternidad y paternidad, hablamos de salud mental, hablamos de derechos de imagen, hablamos del derecho a la representación sindical y a los convenios colectivos, etc… ¿Quién vela porque se cumplan los derechos que garantizan unas condiciones mínimas a los y las deportistas?: los sindicatos y las asociaciones de deportistas. ¿Dónde quedaría todo el entramado descrito anteriormente si no existieran los y las deportistas? En ningún lugar. Entonces, ¿por qué las instituciones menosprecian constantemente a las asociaciones y sindicatos de deportistas? ¿Por qué, de manera continua y sistemática, las dejan fuera de toda ayuda gubernamental?