Cañada Real: el agujero negro del Estado
En España y en 2025 hay un lugar donde la Constitución parece no tener vigencia. Un territorio que ha sido literalmente apagado, condenando a miles de personas a la oscuridad y al abandono. Ese lugar es Cañada Real
Por María López de la Usada. Jurista e integrante de la Plataforma Cívica Luz para Cañada Real
Desde octubre de 2020, alrededor de 4.500 personas, entre ellas más de 1.800 niñas y niños, resisten sin suministro eléctrico en este barrio que se extiende por los municipios de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid. Unión Fenosa Distribución (Grupo Naturgy), responsable de la red, instaló limitadores de potencia en la zona sur que impiden el suministro en el sector 6 e imposibilitan la conexión regular en el sector 5, donde los vecinos quedan a oscuras por turnos.
No es una avería ni una crisis energética. Es una decisión política y empresarial que ha convertido a este barrio en un laboratorio de vulneración de derechos, coincidiendo con la reactivación de los desarrollos urbanísticos del sudeste de Madrid (El Cañaveral, Ahijones, Berrocales, Ensanche de Vallecas y Valdecarros). El corte de luz no es solo la privación de un servicio básico, sino que forma parte de una estrategia de desalojo forzoso impulsada por las administraciones. Han decidido incumplir lo firmado por unanimidad en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana de 2017, cuyo objetivo era dignificar las condiciones de vida de sus habitantes, garantizando el acceso a servicios esenciales como el agua o la electricidad y favoreciendo la permanencia en el territorio de la mayor parte posible de la población.
El propósito de desalojo, hasta entonces velado, se hizo explícito en abril de 2024 con la firma, por parte de la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de la capital y de Rivas Vaciamadrid, el Ministerio de Vivienda y la Delegación del Gobierno, de un Plan Extraordinario en el que, negro sobre blanco, recogen su intención de ejecutarlo, institucionalizando la vulneración de derechos, con el dinero de todos.
"La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Rivas y Madrid han llegado han negado la emergencia humanitaria"
Vecinos despojados de su ciudadanía
Cuando me preguntan qué sucede en Cañada Real siempre digo lo mismo: un agujero negro donde el Estado social y democrático de Derecho desaparece. En Cañada Real, miles de personas que durante décadas han ido construyendo un barrio con ladrillos, sueños y esperanzas (también con miedo y frustración), han sido despojadas de su ciudadanía de facto. El corte de luz viola derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos que España ha firmado y ratificado: derecho a una vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la vida, a la protección de la familia y a la protección contra la exclusión social.
Vivir sin electricidad significa que en invierno los niños y las niñas no pueden dormir con calor ni darse un baño caliente y tienen dificultades para llevar seca una ropa que en muchos casos huele a leña y hoguera. Significa que las familias no pueden conservar alimentos ni medicamentos, que las personas enferman más y que su vida se acorta. El corte de luz impacta especialmente en las mujeres, principales cuidadoras, que asumen un riesgo desproporcionado. También hace que ni mayores ni jóvenes crean en un futuro. Y, sobre todo, el apagón colectivo en Cañada Real significa que en nuestro país hay personas a quienes el Estado niega su dignidad humana.
Condena de Europa: todas las administraciones españolas han fallado
Ante esta situación, la Plataforma Cívica Luz para Cañada Real impulsó una demanda ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa por vulneración de la Carta Social Europea presentada por CCOO y otras cuatro entidades legitimadas. La respuesta de las administraciones ha sido bochornosa: la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Rivas y Madrid han negado la emergencia humanitaria y han recurrido a excusas vacías, atacando y criminalizando a la población. El Gobierno central, por su parte, ha decidido consentir en todo lo que no se puede consentir, contribuyendo a ese mundo de maldades del que advertía Bertolt Brecht en Balada del consentimiento a este mundo.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, que ya exigió a finales de 2022 el restablecimiento de la luz y la calefacción como medida cautelar, recientemente ha respondido con una condena contundente, declarando la vulneración de estos derechos, en especial los de la infancia, la adolescencia, la juventud, las personas mayores y las personas con discapacidad. Las administraciones han fallado, todas sin excepción, y la responsabilidad del Estado en su conjunto ya está comprometida.
Ahora esperamos que se actué de manera urgente, como han exigido, durante estos más de cuatro años de infamia, Relatores de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y el Defensor del Pueblo. El Alto Comisionado de las Cortes Generales para el cumplimiento de los derechos fundamentales y libertades públicas exige el restablecimiento del suministro eléctrico, que se permita a vecinos y vecinas tener los contratos que solicitan desde hace años y su participación efectiva en las decisiones que les afectan.
Desde la Plataforma Cívica trabajamos para ampliar la conciencia colectiva sobre la realidad de lo que ocurre en Cañada Real. Tejemos relaciones en la sociedad civil e intentamos tener presencia en los medios de comunicación y redes sociales para contrarrestar la imagen estigmatizante, discriminatoria y morbosa que hasta ahora ha prevalecido. Denunciamos que los cortes de luz, el aislamiento institucional, los derribos ilegales, los vertidos contaminantes y la criminalización de los vecinos no son hechos aislados sino instrumentos para crear un entorno torturante, como afirma el informe La Cañada Responde, del Grupo de Acción Comunitaria (2023), dentro de un sistema que antepone los intereses económicos sobre la vida de las personas.
No podemos caer en la indiferencia ni en la autocomplacencia. La lucha de las vecinas y los vecinos de Cañada Real es una lucha por la dignidad y nos interpela a todas y todos. Seguimos luchando, somos optimistas y confiamos en que la presión social y la movilización darán frutos. En España hay ejemplos de barrios que, tras años de abandono, han sido reconocidos y dignificados. La luz, la dignidad y la justicia volverán a Cañada Real.
¡Luz, contratos y mesa de seguimiento! ¡Stop derribos y vertidos ilegales!
