Crisis de la contratación de servicios públicos

La contratación de servicios públicos por parte de la administración, en cualquiera de sus ámbitos (nacional, comunitario y local), padece una grave crisis que amenaza con llevarse por delante sectores productivos enteros a base de precarizar las condiciones laborales de las personas trabajadoras y reducir y deteriorar la calidad de los servicios prestados. De esta situación hay unos responsables principales muy claros: la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la utilización perniciosa de esta última por algunas administraciones en la elaboración de pliegos de condiciones y las prácticas empresariales que buscan abaratar sus ofertas en base a la precarización de las condiciones laborales.

Efectos contraproducentes

Dentro de poco se cumplirán 10 años desde la aprobación y publicación de la Ley de desindexación de la economía española, cuyo objetivo inicial era impedir el aumento automático de los precios de bienes y servicios y evitar con ello el aumento de la inflación y precios artificialmente altos. Esta Ley prometía un control más eficaz sobre los costes públicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha quedado claro que no solo no ha logrado esos objetivos, sino que ha generado graves consecuencias para los sectores profesionales vinculados a contratos públicos, especialmente aquellos que dependen más de la mano de obra.

Uno de los principales problemas derivados de esta ley es que, al desvincular los precios de los contratos públicos de los índices de inflación, las revisiones de precios han quedado completamente desactualizadas. En un contexto de inflación creciente, las empresas no pueden ajustar los costes salariales de sus contratos al aumento del coste de vida ni de los nuevos convenios, lo cual resulta en una inevitable presión sobre las condiciones laborales que no solo afecta a los trabajadores, sino también a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Obstáculos a la negociación colectiva

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en su concepción buscaba promover la transparencia y la eficiencia en la contratación pública pero también ha traído consigo efectos colaterales altamente perjudiciales. En particular, algunos apartados específicos de esta ley han resultado ser un obstáculo importante para la negociación colectiva. Por ejemplo, impiden la revisión de los contratos para afrontar los costes derivados de incrementos salariales pactados en los convenios colectivos.

Este estancamiento en la capacidad de ajustar los contratos a las nuevas condiciones salariales ha llevado al empobrecimiento sistemático y progresivo de los trabajadores de sectores como la limpieza, la seguridad privada o los servicios de ayuda a domicilio. Las administraciones buscan contener los precios de los contratos a través de la reducción o congelación del coste salarial durante la duración del contrato. El resultado es un aumento de la conflictividad laboral, ya que las personas trabajadoras ven cómo sus condiciones empeoran a medida que pasan los años.

Además, esta situación provoca un descenso notable en la calidad de los servicios prestados. En sectores como la limpieza o el mantenimiento de infraestructuras, la falta de recursos humanos y materiales adecuados tiene un impacto directo en la salud y seguridad de las personas trabajadoras y en la vida diaria de los ciudadanos.

La «carrera suicida» de las empresas

En este contexto, muchas empresas han adoptado una estrategia de supervivencia que podría describirse como una «carrera suicida» por ganar concursos públicos con ofertas cada vez más bajas. En muchos casos, estas ofertas rozan o incluso cruzan el límite de lo que se considera una oferta anormalmente baja (antes conocidas como “bajas temerarias”). Estas prácticas pueden parecer ventajosas para las administraciones a corto plazo, ya que reducen el coste inicial de los contratos, pero las consecuencias a medio y largo plazo son devastadoras.

Las empresas que optan por estas ofertas reducen inevitablemente sus costes operativos, lo que se traduce en:

1. Reducción de personal. Se contrata a menos trabajadores para realizar las mismas tareas, lo que genera sobrecarga laboral y descenso en la calidad del servicio.

2. Peores condiciones laborales. Las empresas recortan derechos laborales y salarios para mantener sus operaciones dentro del presupuesto.

3. Materiales de baja calidad. En sectores donde el equipamiento y los materiales son fundamentales, las empresas optan por alternativas más baratas y de peor calidad, lo que afecta directamente al resultado final.

4. Descenso en la vigilancia de la salud y seguridad. La reducción de costes también afecta a las medidas de prevención de riesgos laborales, aumentando la siniestralidad y poniendo en peligro a los trabajadores.

Esta dinámica genera un círculo vicioso. Los servicios se deterioran, lo que lleva a un descontento creciente entre los usuarios. Al mismo tiempo, los trabajadores, cada vez más precarizados, enfrentan mayores niveles de estrés y conflicto laboral, lo que reduce aún más la calidad del servicio.