El papel del sindicalismo en la Transición política
Por Nicolás Sartorius, abogado, político y periodista.
Para comprender la importancia que tuvo el movimiento sindical en la transición política española conviene tener en cuenta que la Guerra Civil española fue, entre otras cosas, una cruenta manifestación de la lucha de clases en la que sin excepción las políticas de los trabajadores fueron derrotadas y laminadas a través de una represión implacable que duró décadas.
Surgió una nueva clase obrera, producto del «desarrollismo» de los años sesenta del siglo XX y de la numerosa emigración desde las zonas rurales a las áreas industriales de las grandes ciudades. Una clase obrera joven, cuyo referente no eran las organizaciones sindicales históricas y que creó sus propias formas de actuación por medio de las comisiones obreras.
Cuando cae el Gobierno Arias/Fraga, en junio de 1976, como consecuencia de la movilización social, y comienza realmente la llamada transición a la democracia, el sindicalismo en el conjunto de España está representado por UGT y CCOO, un hecho muy relevante para comprender el papel del sindicalismo en la Transición.
Estaba claro que, a partir sobre todo del inicio de la guerra fría, y de los acuerdos del franquismo con Estados Unidos y el Vaticano, las libertades en España no iban a llegar de la mano de intervenciones externas, sino del esfuerzo y el sacrificio de la parte más activa de la sociedad española. El movimiento obrero y las capas medias representadas por los estudiantes universitarios iban a ser la punta de lanza, los motores de las grandes movilizaciones sociales que hicieron inviable la continuación de la dictadura y abrieron camino a la democracia.
A pesar de la dura represión, pocos años después de terminada la guerra se produjeron movilizaciones de obreros campesinos y universitarios en favor de las libertades, que supusieron que la dictadura comenzase a perder el futuro y conociese la primera crisis de gobierno. Desde entonces, multitud de empresas, sectores económicos enteros y universidades fueron centros de mejora de las condiciones sociales, de las libertades y de la amnistía.
El proceso 1001
Las movilizaciones dieron lugar a una fuerte represión, mediante detenciones, torturas, despidos, estados de excepción y, en ocasiones, muertos por disparos de la policía. La actitud violenta de la dictadura se respondió con manifestaciones solidarias. Durante este periodo se dieron episodios especialmente represivos, que desencadenaron movilizaciones en el mundo del trabajo, como en 1973 el Proceso 1001 contra dirigentes de CCOO, con altísimas condenas de cárcel por llevar a cabo actividades sindicales. Estos sucesos dieron lugar a fuertes campañas de protesta, dentro y fuera de España.
A la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, la movilización social hizo saltar por los aires aquella frase que pronunció de que “todo estaba atado y bien atado”. Fue entonces cuando las organizaciones sindicales lanzaron una ofensiva general contra ese gobierno, su política de cierre ante cualquier avance democrático y sus medidas económicas gravemente antisociales. En el centro de esas movilizaciones estaban también los objetivos de la libertad sindical, la amnistía y, junto con múltiples sectores sociales, los Estatutos de Autonomía. Tanto fue así que solamente en los tres primeros meses de 1976 se convocaron en España 17.731 huelgas con 150 millones de horas “perdidas”. En los primeros días de enero, solamente en Madrid, 400.000 trabajadores participaron en la huelga y, por primera vez, hubo que militarizar el metro.
Los sindicatos a la cabeza
Esta gran efervescencia social, con los sindicatos a la cabeza, impulsó que los diferentes partidos políticos de oposición empezaran a ponerse de acuerdo y colaborar por primera vez desde el final de la Guerra Civil. Se creó la llamada Junta Democrática y, poco después, la Plataforma de Convergencia Democrática, y, como unión de ambas, la denominada Platajunta, en la que participaron tanto UGT como CCOO. En junio de 1976, al calor de las luchas obreras, CCOO, UGT y USO constituyeron la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS). Y fue sin duda esta gran movilización, especialmente obrera y estudiantil, a la que se unieron otros sectores sociales, lo que creó las condiciones para que el jefe del Estado comprendiera que el Gobierno Arias/Fraga era “un desastre sin paliativos”.
Arias Navarro tuvo que dimitir y fue nombrado presidente del Gobierno Adolfo Suárez.
Con su llegada al ejecutivo se abrió una nueva fase en las relaciones entre los sindicatos y el poder político. Sin embargo, los cambios democráticos no fueron inmediatos. La situación económica era muy grave, con una inflación altísima, superior al 25%, que erosionaba la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones. Ante la fuerte presión social y con el fin de dividir al movimiento sindical, en sus últimos
meses de gobierno el Ejecutivo Arias/Fraga autorizó el congreso de la UGT, pero no el de CCOO, que tuvo que celebrar una asamblea, no “autorizada”, en la iglesia de Sant Medir de Barcelona. No obstante, ya con Suárez en el poder, las tres centrales sindicales de ámbito nacional convocaron un paro general de veinticuatro horas contra las medidas económicas del Gobierno, como la congelación salarial y el despido libre, y por el reconocimiento de la libertad sindical, la amnistía y otros derechos sociales. La jornada de lucha no logró paralizar el país, si bien participaron alrededor de dos millones de trabajadores. A pesar de su amplitud, la acción sindical no frenó los planes de “reforma” del Gobierno, pero como expresó un ministro de entonces, “esta vez no ha salido, pero en la próxima lo conseguirán si esto sigue así”.
El Gobierno era consciente de que no había salida a la crisis económica, ni a la crisis política si no se contaba con los sindicatos más importantes. A esa conclusión habían llegado, con anterioridad, representantes del mundo empresarial más poderoso en un encuentro entre dirigentes de los tres sindicatos con cincuenta directores y miembros de los consejos de administración de las empresas más importantes de España. En dicho cónclave quedó claro para todos los participantes que el futuro pasaba por el establecimiento de la democracia y que los sindicatos y la patronal eran imprescindibles para establecer unas relaciones laborales normales.
Atentado de Atocha
A pesar de esa evidencia, el Gobierno Suárez tardó todavía diez meses en proceder a la legalización de los sindicatos, a finales de abril de 1977. Unos meses antes, el atentado terrorista cometido por un comando ultraderechista en un despacho de abogados laboralistas la noche del 24 de enero de 1977 sacudió los cimientos de la dictadura. Murieron asesinados los abogados de CCOO Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo. También mataron al estudiante de Derecho Serafín Holgado y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.
El Gobierno había planteado la posibilidad de que CCOO aceptase un “aplazamiento”, dado el rechazo que su autorización producía en las esferas ultras de los aparatos del Estado. Ante la rotunda negativa de la central sindical el Gobierno asumió la legalización simultánea de todos los sindicatos.
Esenciales para la democracia
Cuando el presidente del Gobierno recibió en la Moncloa a representantes sindicales, en agosto de 1977, les planteó la necesidad de un pacto social y un acuerdo de rentas, además de la elaboración de un Estatuto de los Trabajadores.
Parece evidente que la posición de los sindicatos respecto a un acuerdo de esas características habría sido trascendente para el curso posterior del proceso de transición a la democracia. Si estos hubiesen firmado con el Gobierno un pacto de rentas limitado, que le garantizase a este último la estabilidad económica y social, probablemente no habría tenido necesidad de convocar a los partidos políticos con el fin de firmar un acuerdo más amplio de naturaleza política, como fueron los Pactos de la Moncloa. A partir de estas consideraciones los sindicatos rechazaron la posibilidad de suscribir un pacto meramente social y el Gobierno no tuvo más remedio que convocar a los partidos políticos a la Moncloa. Con esta decisión los sindicatos facilitaron los Pactos de la Moncloa, con un contenido político, social y económico.
Los acuerdos fueron decisivos para estabilizar la maltrecha economía del país y sentar las bases del proceso constituyente de 1978. En la mesa
negociadora de la Moncloa no estuvieron presentes, de forma directa, las centrales sindicales, pero ello no fue óbice para que en el contenido de los acuerdos se plasmaran asuntos de evidente interés para el mundo laboral, como fuertes aportaciones presupuestarias al seguro de desempleo, a plazas y construcciones escolares; el establecimiento, por primera vez en España del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con carácter global, personal y progresivo; la participación de los representantes de los trabajadores en los órganos de gestión y vigilancia de la Seguridad Social o el aumento de las pensiones en un 30% para el año 1978.
Situación preeminente
Las direcciones sindicales estuvieron muy pendientes de los trabajos de la Constitución y participaron, desde su ámbito, en ellos. Precisamente, la fuerte movilización de los trabajadores durante el proceso de la Transición, su representatividad en las empresas y la potente minoría de la izquierda en el Parlamento explicarían el lugar que los sindicatos españoles acabaron ocupando en el texto resultante de 1978.
El Estado español se define como un “Estado social y democrático de derecho…”. Esta definición es de notable importancia, pues tal naturaleza entronca con la idea de Estado del bienestar o modelo social europeo que se construyó a partir de la II Guerra Mundial. Luego, en el Título Preliminar, que comprende los elementos constitutivos de nuestra democracia, se sitúa en su artículo 7ª a “los sindicatos de trabajadores y las organizaciones de empresarios”, junto a la forma del Estado y la soberanía. Esta situación claramente preeminente se relaciona con el artículo 28 del Título Primero, que se refiere a los Derechos y Deberes Fundamentales, entre los que se incluye la libertad sindical y el derecho de huelga, especialmente protegidos por los tribunales de justicia. Todo ello sin olvidar que “la ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”. Lógicamente, los representantes de los trabajadores a este respecto son los sindicatos que sean más representativos: en el ámbito nacional CCOO y UGT. Y esta fuerza vinculante de los convenios, se esté afiliado o no, les otorga una validez decisiva, hasta el punto de que se puede afirmar que los sindicatos más representativos y las organizaciones empresariales obtienen así una “capacidad legislativa” en temas de evidente relevancia en el ámbito de las relaciones laborales.
Lo significativo radica en el hecho, tantas veces olvidado, de que esta posición preeminente o singular de los sindicatos españoles en el texto de 1978 no aparece en ninguna de las Constituciones europeas.
Este artículo es el resumen de un capítulo del libro del autor titulado La Democracia Expansiva o cómo ir superando el capitalismo, publicado en 2024 por la editorial Anagrama. ■