Enrique Lillo en la puerta de la sede de CCOO de Madrid.
FOTO: FRAN LORENTE

ENRIQUE LILLO

EL MEJOR LABORALISTA DE ESPAÑA ASEGURA QUE LOS EMPRESARIOS ESTÁN OBSESIONADOS CON LOS COSTES

“HEMOS LLEGADO AL LÍMITE: LOS SALARIOS TIENEN QUE SUBIR”

Hablar con Enrique Lillo (1953, Carrizosa, Ciudad Real), el histórico abogado laboralista de CCOO, es escuchar decenas de nombres y apellidos de abogados y jueces que contribuyeron a su formación y experiencia. 

La generosidad de Enrique Lillo hace parecer que él no ha tenido más mérito que aprender de los demás. Pero él es, por derecho, uno de los grandes abogados laboralistas de nuestro país, si no el que más. 

Siempre que le he visto actuar, el abogado de la parte contraria (la de la empresa) se ha cuadrado ante él y le han temblado las piernas. 

Hoy conversamos con Enrique Lillo en un café de Madrid. Está jubilado, pero aún sigue colegiado por “los flecos” de algunos pleitos. 

Lillo recibió en septiembre de 2026 la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort que otorga el Ministerio de Justicia, como reconocimiento a su relevante trayectoria al servicio del derecho y la justicia. 

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Enrique, después de estudiar Derecho en la Universidad Complutense, ¿cómo y por qué decidiste hacerte abogado? 
Me hice abogado por pura casualidad. Yo estaba en la organización universitaria del Partido Comunista de España (PCE) y cuando los últimos fusilamientos del franquismo participé en una reunión de representantes legales y delegados de la Facultad de Derecho. Queríamos enviar un telegrama al ministro del Ejército, que era quien había de decidir sobre los fusilamientos. Así que me tocó ir a Correos a enviar el telegrama. De ahí vino la mili, que ya no pude hacer por el IMEC (milicias universitarias) porque me ficharon. Yo tenía previsto hacer oposiciones a técnico de la Administración del Estado, pero conocí a Gustavo Villapalos, director del San Juan Evangelista, que me invitó a quedarme en el colegio para estudiar la oposición. Allí conocí al que luego fue catedrático de Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez y a Antonio Heras y a Ricardo Bodas… Total, que acabé en el despacho de Alcalá, 151. Aquel era el despacho menos importante de los despachos del PCE. Es decir, el despacho 151 no estaba al mismo nivel que el Españoleto y el Atocha; llevábamos las ramas pobres de Comisiones Obreras: sanidad, actividades diversas, hostelería. No llevábamos ni metal, ni construcción, ni transporte. Y en fin, ahí empezó todo. 

Luego llegó la polémica y la división entre los abogados del PCE. La polémica era: “¿Nos integramos o no nos integramos como asalariados del sindicato?”. Los llamados “históricos” no se quisieron integrar: Cristina Almeida, Manuela Carmena, Nacho Salorio… Sin embargo, los del 151 éramos los principales valedores de la integración como asalariados. 

Cuando hablo de ti con algunas personas siempre me dicen: “Si hubiese montado su propio despacho, Lillo se habría hecho rico”.
Eso yo creo que no es verdad. Para hacerse rico en la abogacía no solo hay que hacer pleitos importantes, hay que saber cobrar. Por ejemplo, en CCOO ha habido dos grandes abogados que eran José Luis Núñez Casal, que ahora el hombre está con alzhéimer, y Jaime Sartorius, que ya se murió. Los dos estaban en Getafe colaborando con Comisiones. Yo me acuerdo de que cuando yo me integré en el despacho de Alcalá 151 siempre había una especie de reproche a estos dos abogados: “¿Cómo es posible? Con los asuntos que llevan y no generan apenas recursos económicos…”. ¡Y es que no sabían cobrar! Vamos a hablar claro: que la gente se les iba sin pagar. 

Yo siempre, además de rojo, soy pragmático. Y pensé, si no voy a saber cobrar, mejor quedarme de asalariado en CCOO. Y me quedé. Un abogado que era un fenómeno ejecutando el cobro, aparte de buen abogado, era Nacho Montejo. Nacho me dijo: “A todos estos que han ganado tanto dinero les he enseñado yo a cobrar”. 

Hubo gente que se fue del sindicato y no ganó dinero, o bien porque no tenía la suficiente clientela, o bien porque no sabía cobrar, como Pepe Jiménez de Parga, el histórico abogado. El hombre apenas sabía lo que era cobrar. 

¿Cómo fue tu participación en la creación de la asesoría jurídica de Comisiones? 
Yo siempre hacía lo que me decían mis mayores. Así que me integro en la estructura de Comisiones, fundamentalmente con Antonio Heras y con Miguel González Zamora. Luis Collado, el que fuera el verdadero impulsor del Gabinete de Estudios Jurídicos de Albacete me dijo: “Tenemos que hacer un despacho laboral que centralice los asuntos importantes de federaciones y de secciones sindicales, que sea el gabinete federal”. Y para mí la palabra de Collado siempre era la regla definitiva que había que cumplir. En 1982 González Zamora me propone pasar al Gabinete Confederal de Comisiones Obreras, estando de secretario general Antonio Gutiérrez. Y ahí fue cuando empiezo a llevar asuntos importantes. Hubo tensiones, claro, porque algunas federaciones no quisieron integrarse. 

Yo siempre combinaba ser miembro del gabinete confederal con llevar pleitos. Siempre tuve vocación de abogado, y los abogados tienen que llevar pleitos. Cuando Miguel González Zamora se marcha, yo me quedo prácticamente solo en el gabinete confederal con la Dirección de Comisiones, que es cuando empiezo a adquirir más relevancia. Pero vamos, es fruto del azar, creo yo. Muchas veces no es fruto de un plan predeterminado por nadie. 

Campamento de Sintel en mayo de 2001.
FOTO: FRAN LORENTE

La asesoría de CCOO es uno de los pilares del sindicato.
Los laboralistas en aquellos años 70 y antes del inicio de la transición básicamente éramos los del Partido Comunista de España. Teníamos muy buena imagen y muy buena reputación. Las asesorías de Comisiones han heredado esa imagen y esa reputación. 

¿Qué casos recuerdas de aquella época? 
Yo empecé a ejercer en septiembre del 77, al terminar la mili. Era un abogado principiante. No llevé pleitos de calidad. Lo que pasa es que, de verdad, tenía muchas inquietudes y muchas noches me iba al despacho de Alcalá 151, que permaneció para el servicio de los abogados de Comisiones, y consultaba los tomos de sentencias del Tribunal Central de Trabajo y del Tribunal Supremo. 

En la facultad había sido compañero, amigo y camarada de Antonio Baylos, que se dedica a la actividad universitaria, y contribuía a mis enseñanzas teóricas y doctrinales. Es decir, yo era un abogado inquieto. 
Me acuerdo de que el caso de la contrata de la limpieza del sindicato vertical lo llevamos nosotros. Había ahí una sociedad comanditaria que implicaba que de todas sus deudas respondían patrimonialmente los socios, a diferencia de la Ley de Sociedades Anónimas, que es el gran invento capitalista para que los accionistas se enriquezcan y no respondan de las deudas de la sociedad. Entonces, en aquel asunto, me acuerdo bien, me quedé impresionado por un letrado del vertical, vinculado a la UCD, que luego dio mucho juego en el Fondo de Garantía Salarial. Era Ángel Luis Martín Serrano y este vino un día y me dijo: “Tened cuidado, que os la están jugando con el patrimonio sindical, que el Ministerio de Trabajo de la UCD está favoreciendo a la UGT y no a vosotros”. Y este hombre facilitó un acuerdo en aquel pleito. Porque respetaba los derechos de los trabajadores. 

Has llevado asuntos que, de facto, han modificado la legislación laboral. 
Intenté centralizar muchos recursos de casación, sobre todo, y recursos de amparo al Tribunal Constitucional. Junto a Antonio Baylos, empecé a adquirir la técnica del recurso de amparo y de la protección constitucional de los derechos fundamentales del trabajador. Hice muchos recursos sobre servicios mínimos en materia de huelga, etc.

En el pleito de Sintel participé ayudando a la creación de la Asociación de Jubilados y Extrabajadores. Se redactaron unos estatutos por los que las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial también aplicarían para el resto de los trabajadores, no solo para los que se acogieran a las prejubilaciones. Las cantidades iban a una caja común para que la asociación hiciera el reparto y que también cobraran los trabajadores en activo que no estaban incluidos en por esas prejubilaciones de Trabajo. Es que Sintel estaba en quiebra absoluta y llegó un momento en que no había caja para pagar a nadie. 

Otros pleitos grandes fueron los de Coca-Cola, Telemadrid, el de la manipulación en RTVE…
Cuando se produce la victoria del PP en el 2011, como siempre hace la derecha, incumplieron su programa electoral. Siempre lo hacen, forma parte de su naturaleza, la de no respetar los programas electorales y mentir. Primero se opusieron al aumento de la edad de jubilación a los 67 y, ayudados por el error de Zapatero de modificar el artículo 135 de la Constitución, cuando ganan las elecciones aplican el programa real. 

En el programa real del PP estaba lo de no respetar los convenios interconfederales, adoptar reformas unilaterales de la legislación laboral para facilitar los despidos, devaluación de salarios, etcétera. Entonces, como yo lo intuía, dimití de varios puestos de representación de CCOO para concentrarme en lo se veía venir: grandes pleitos de despidos colectivos. En su programa electoral no llevaban tampoco suprimir la autorización administrativa del despido colectivo. Sin embargo, lo hicieron. 

El pleito de la manipulación de TVE yo creo que contribuyó al éxito electoral del PSOE de Zapatero. No solo por las mentiras del gobierno de Aznar tras la matanza de los trenes de Atocha. La gente gritaba en aquél entonces “Televisión, Manipulación”.
Yo adquirí notoriedad gracias a la clase trabajadora, porque siempre he defendido una idea y esta es: “Oiga usted, aquí en los despidos colectivos los que tienen que decidir son los afectados, no la estructura sindical”. Las asambleas de afectados son los que tienen que decidir si quieren ir a pleito. Yo les dije a los de Coca-Cola en las asambleas decisorias: “Si el despido es improcedente, perdemos”. ¿Por qué? Porque lo sustituyen por una indemnización. Entonces era cuando habían bajado de 45 a 33 días de indemnización. La única manera de ganar el pleito era conseguir un despido colectivo nulo. Y allí en Coca-Cola fue muy sencillo, porque se habían lesionado derechos fundamentales. El ERE exige siempre información previa suficiente y adecuada al Comité de Representante de los trabajadores. Porque si este comité no tiene información previa suficiente y adecuada, no puede negociar de buena fe. Y eso fue motivo de nulidad del despido.

En el caso de Telemadrid, de Radiadores Roca, por ejemplo, los Recursos Humanos de las empresas consideraron que las modificaciones de Rajoy sobre el despido colectivo hacían el procedimiento muy sencillo: un simple informe económico, y en 15 días o 30 días se ejecutaba el despido. Pero claro, había que cerrar consultas, había que ver qué tipo de información suministraban, etcétera. 

Hablemos de las nuevas profesiones, las que ha traído la digitalización. Por ejemplo, los riders…
El pleito de los riders fue muy importante porque tiene su origen en una demanda de oficio, que es un procedimiento especial. La demanda de oficio quiere decir que con un acta de la Inspección de Trabajo y un acta de liquidación de cuotas se demuestra que aquellos supuestos autónomos no son autónomos, sino trabajadores por cuenta ajena, y, por lo tanto sometidos a la organización de la empresa cliente. Hubo un momento en el que, primero la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo entraron en el fondo del asunto. Fue un capítulo muy importante y hay que reseñar la importancia de estas actuaciones de la Inspección de Trabajo. Esto ha durado años, todavía colean algunos asuntos, en fin, esperemos que todo salga bien. 

Delegados sindicales de Coca-Cola celebran el auto de la Audiencia Nacional de 13 de junio de 2014 que declaró nulo el despido colectivo.
FOTO: FRAN LORENTE

Que las empresas recurran tanto al “falso autónomo” no dice mucho del régimen de autónomos de este país, ¿no?
El problema es que el Régimen General de la Seguridad Social implica un coste económico. En mi opinión, lo que intentan hacer algunos sectores empresariales es deteriorar el estatuto del trabajador por cuenta ajena, inventarse una figura, una especie de tercer género de trabajador. Ya lo intentaron en su día con los llamados traders. Lo quisieron generalizar y andan siempre dándole vueltas. ¿Para qué? Pues para deteriorar el Estatuto de los Trabajadores. Y si gana las elecciones la derecha, lo volverán a hacer.

Enrique, tú que has tenido que bregar con los jueces de lo Social en España, en plena transición y ahora. ¿Cómo los calificarías?
Jueces laborales ha habido y los hay muy buenos. Y además aquí no tiene que ver nada la ideología. Hay jueces de lo social que se manifiestan explícitamente de derechas. No voy a dar nombres, pero son grandes jueces constitucionales. El juez lo que pretende es ser equilibrado, pero en ocasiones equilibrado quiere decir no pasarse en la protección de los trabajadores. Yo globalmente considero que la jurisdicción social no es tuitiva (que guarda, ampara y protege). Y en la actualidad, con la desorganización judicial que existe, menos todavía. Pero bueno, juegan un papel importante e insustituible. Y habrá que seguir jugando en ese terreno. Lo que habría que hacer es reforzar la negociación colectiva y dentro de la propia empresa, con todo tipo de materias. Para evitar la judicialización de las relaciones laborales. 

¿Y los empresarios? 
Es muy difícil generalizar, pero yo creo que el empresario español está muy obsesionado con los costes. Por ejemplo, ahora yo veo algunos establecimientos en donde falta mucho personal. ¡Si a lo mejor, con más personal, ganaban más dinero! Y luego están ahí otros empresarios importantes que están muy obsesionados con ejercer el autoritarismo empresarial. Oiga, si usted reclama, despedido. Eso lo hacían mucho en el franquismo y no se ha corregido esa actitud. Hay grandes empresas en este país que funcionan con mucho autoritarismo. Hay otras que no tienen diálogo social, negociación colectiva, práctica de diálogo, etc.

Por no hablar de los salarios…

Los salarios en España son bajos. Yo creo que por esa obsesión empresarial por los costes. Y claro, están acumulando tantos beneficios que, en mi opinión, hemos llegado ya al límite. Y el Gobierno tiene muy poquitas competencias para reformar. El gobierno puede subir el salario mínimo interprofesional, pero no puede obligar a decidir el salario a un camarero del Café Comercial donde estamos hablando. Hay mucha ignorancia política en España, una ignorancia que fomenta mucho la derecha y la extrema derecha. Pero oye, yo lo que veo es que no sabemos lo que Feijóo va a hacer con el salario mínimo, eso no nos lo dicen, si lo va a subir, si lo va a bajar… Que lo explicite por escrito. De eso no sabemos nada, solo sabemos echarle la culpa de todo al gobierno. En un país democrático capitalista como es el nuestro, los salarios dependen de la negociación colectiva y de la voluntad de los empresarios. ¿Qué ocurre si en una situación concreta los empresarios no negocian porque no les da la gana y no hay fuerza sindical suficiente como para imponer una subida salarial? Pues, evidentemente, los salarios no suben. Pero eso no es culpa del Gobierno. En una empresa autoritaria, ¿qué ocurre? Que el que reclama es despedido, y los demás se asustan. Es el efecto de disuasión contra el ejercicio de la actividad sindical. Y ahí tenemos a un trabajador atemorizado, machacado por las televisiones privadas, que juegan un papel nefasto. Ahí aparece el “obrero de derechas”. 

Enrique Lillo ha ligado su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras. Además de los conflictos de los que hemos hablado, Lillo participó en muchos otros, como el de Airbus, IBM o Endesa. Pero también ha sido parte importantísima de la construcción cotidiana del Derecho del Trabajo desde la negociación colectiva, la acción sindical y la defensa ante los tribunales.

RAFAEL BENGOA

ASESOR DEL OBAMACARE Y EXCONSEJERO DE SANIDAD Y CONSUMO DEL GOBIERNO VASCO

Lorena Gamito

DIRECTORA DE ACCIÓN HUMANITARIA DEL COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA

Estela Díaz

MINISTRA DE MUJERES Y DIVERSIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA