La asfixia financiera de la universidad pública
Por María José Díaz Santiago, directora del Departamento de Sociología Aplicada de la UCM, y Mario del Rosal Crespo, del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la UCM
Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid (CM) se encuentran en una situación «crítica» que, de seguir así, podría llegar a ser en pocos años «catastrófica». Estas son las palabras de los rectorados madrileños en una carta abierta a la presidenta regional a finales de 2024. Desde luego, no son nada exageradas.
La CM lleva años siguiendo una estrategia de desmantelamiento financiero destinado, en última instancia, a convertir la educación universitaria en un negocio. Ha puesto en marcha un proceso de asfixia económica en paralelo a una política de promoción del negocio privado.
Asfixia económica
En primer lugar, hay un serio problema con la distribución del presupuesto general de la Comunidad de Madrid. Esta región, con un PIB per cápita de más de 42.000 euros (el más elevado del Estado español) tiene, sin embargo, un gasto público por persona muy inferior al promedio, con poco más de 3.300 euros. Como consecuencia, el peso que tiene en relación con al PIB es un 8,4% menor que el de la media nacional.
En cuanto a educación pública, también se sitúa por debajo del promedio del país, con un 2,1% frente al 3,6% del conjunto de las comunidades y una inversión anual por estudiante más de mil euros inferior a la media.
Si nos centramos en el presupuesto dedicado a las universidades públicas, la situación es aún peor. En las cuentas presentadas a finales de noviembre, Ayuso pretendía imponer una subida nominal del 0,9% que no llegaba a cubrir ni siquiera la inflación. Ante esta provocación, la clase trabajadora del sector universitario lanzó una importante movilización unitaria cuyo primer gran resultado fue la masiva concentración del 5 de diciembre frente a la Asamblea de Madrid, respaldada por CCOO, UGT y CGT. Esta movilización, junto a decenas de asambleas, actos y comunicaciones, así como el rechazo conjunto de los rectorados de las seis universidades públicas madrileñas, obligó al ejecutivo a rectificar parcialmente su posición. La nueva propuesta incluía un incremento del 4,2% (1.164 millones).
Esta cifra, a pesar de aportar 47,5 millones más que el año anterior, está muy alejada de los 200 millones que pedían los rectorados y no resulta ni remotamente próxima a lo que sería necesario para incrementar la inversión hasta el 1% del PIB que exige la LOSU en su artículo 55.2.
De hecho, como muestra la siguiente gráfica, el montante dedicado a la financiación de las universidades públicas en la CM a lo largo de la última década ha crecido menos de la mitad que los presupuestos generales. Mientras que el gasto aumentó un 60% a lo largo del periodo 2016-2025, la partida dedicada a universidades públicas sólo creció un 28%. Como consecuencia, el porcentaje de los presupuestos dedicados a la educación terciaria ha caído un 20% en términos relativos, pasando del 5% de 2016 al 4% en 2025.
"Casi un 30% del estudiantado universitario de la Comunidad de Madrid va a un centro privado. El total representa el 40% de todo el alumnado de las privadas en el Estado español"
Si hubiera mantenido ese porcentaje del 5% que la partida de universidades públicas representaba hace diez años, la financiación para 2025 habría sido de 1.454 millones de euros, casi 290 más que los que finalmente se han impuesto, e incluso más que la cantidad que solicitaban los propios rectorados.
El resultado, Madrid es la comunidad que menos dinero dedica a la docencia universitaria por estudiante (4.561 euros frente a los 5.927 de media nacional). Por eso, las universidades públicas madrileñas no tienen más remedio que depender de tasas y precios públicos en mucha mayor medida que las demás. Así, en 2022, el 22% de los ingresos totales procedían de esta fuente, la cifra más alta del Estado español, muy por encima del 17% de promedio. Al contrario, la financiación recibida directamente de la propia CM sólo cubrió el 60% del gasto, el segundo dato más bajo del país e inferior al 65% de media1. Este escenario agrava las dificultades de las familias trabajadoras para que sus hijas e hijos puedan formarse en la universidad o puedan estudiar lo que quieren, lo que redunda en un empeoramiento de la ya de por sí aguda desigualdad que caracteriza a la CM.
En resumen, las universidades públicas madrileñas llevan años sufriendo dos agravios acumulativos: 1) la reducción del peso que representa su financiación en relación con los presupuestos regionales; y 2) una clara insuficiencia de esos presupuestos en relación con el PIB autonómico.
Las cifras son elocuentes. Si la CM dedicara el 1% de su PIB a la universidad pública, objetivo marcado por la LOSU y una modesta aproximación a la media de los países de la UE, los presupuestos de este año 2025 superarían con creces los 3.000 millones. Es decir, ¡más de 2,5 veces la cifra finalmente aprobada! En otras palabras, las universidades públicas madrileñas reciben apenas un 40% de la financiación que deberían recibir. Una asfixia económica de este calibre hace completamente inviable la continuidad de este servicio público esencial con un mínimo de dignidad.
Negocio privado
Paralela a esta asfixia económica, la promoción de centros privados progresa. Actualmente, catorce frente a los seis públicos. Es significativo constatar que desde 1996, año de fundación de la última universidad pública, se han inaugurado nada menos que seis privadas. Y, en muchos casos, en contra de los dictámenes de los expertos encargados de su evaluación.
El resultado es el incremento de la matrícula en estos centros. En la actualidad, casi un 30% del estudiantado universitario de la CM va a un centro privado. El total representa nada menos que el 40% de todo el alumnado de las privadas del Estado español, cifra desproporcionada frente al 12% que representa la juventud madrileña sobre la total del país. Un dato aún más significativo es que las matrículas de máster en las privadas superan ya a los de la pública en Madrid. La razón es sencilla: los másteres son más rentables.
El fomento del negocio privado en la educación superior es un ataque directo a la universidad pública y su capacidad de transformación a través del conocimiento y la investigación. Ni las empresas ni los fondos de inversión que están detrás de estos centros cumplen con la función de servicio público que debe tener la Universidad, sino que constituyen proyectos empresariales, expendedurías de títulos, donde los matriculados no son alumnos sino clientes.
Ante este talante reaccionario y de agresión permanente contra el derecho a la educación y la investigación, las personas trabajadoras de las universidades públicas madrileñas, sus estudiantes y la ciudadanía en general, no podemos resignarnos. Debemos seguir luchando. Aunque avances como la rectificación parcial de los presupuestos o la firma del convenio María Goyri puedan parecer victorias menores, son muy importantes y deben hacernos recordar la fuerza que tenemos como colectivo. La educación pública es un derecho que la clase trabajadora ha conseguido tras durísimas luchas y un pilar esencial de cualquier sociedad que pretenda avanzar hacia la democracia, la igualdad y el bienestar social. No podemos dejar que la destruyan quienes quieren convertir el derecho de todas y todos en el negocio de una minoría.