“Los condenaron a morir y más solos que la una”
Para Miguel Vázquez Sarti, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), hubo una clara voluntad política por parte de la Consejería de Sanidad de no querer saber nada de las residencias. “Los condenaron a morir. Nos han relatado escenas dantescas de ancianos que murieron más solos que la una y los encontraron con el tronco levantado y la boca abierta tratando desesperadamente de respirar”.
Vázquez Sarti señala que el gobierno regional no sólo aplicó el protocolo de no trasladar a las personas ancianas de la residencias a los hospitales, es que incumplió la orden del Ministerio de Sanidad que establecía que había que clasificar a los residentes en cuatro grupos en función de las posibilidades de contacto con el coronavirus y que si esa clasificación no se podía hacer por falta de medios o personal, había que intervenirlas. La orden tenía efectos del 19 de marzo, pero la Consejería de Sanidad no empezó a actuar hasta el día 28 y solo intervino 14 residencias. “¿Por qué razón no hicieron lo que tenían que hacer? Vamos a intentar que se sepa”, anuncia.
“El tema de las ratios en Madrid es la ‘repera’. Las trabajadoras están deslomadas”
“Como no está de moda pagar impuestos”, critica, “la Administración se desentiende del sector de las residencias y lo ha dejado en manos privadas”. Coincide en que la privatización de los cuidados tiene como consecuencias unas plantillas del todo insuficientes, falta de control e inspecciones y una oferta de plazas inferior a la demanda. “Son las tres claves del negocio y los tres factores que juntos han sido letales durante la pandemia. Las ratios de personal están establecidas para garantizar el beneficio de las empresas y el ahorro de las administraciones, no para atender adecuadamente a los mayores”.
“El tema de las ratios en Madrid es la ‘repera’”, insiste. “Las trabajadoras están deslomadas. Las residencias públicas tienen una ratio media del 0,93; las de titularidad pública pero de gestión privada, el 0,70; en privadas con plazas concertadas, la ratio es del 0,42, y a las de titularidad y gestión privada les basta con tener un 0,35 para obtener la licencia de funcionamiento. ¿Conclusión? Pues que a mayor privatización menos personal para atender a los mayores”.
“¿Por qué razón no hicieron lo que tenían que hacer?”
Apunta también a la falta de planes de formación para el personal. “Hemos tenido que facilitar nosotros a Médicos del Mundo la posibilidad de impartir cursos de formación online sobre el covid. La Comunidad no ha hecho absolutamente nada”.
Denuncia que los familiares no tienen ninguna posibilidad de participación porque los únicos órganos de representación con los Consejos de Residentes y salvo que se tenga la tutela judicial efectiva por incapacidad del residente, la familia no pinta nada. “El único control es el que hacemos cuando vamos de visitas. Vigilas que tenga la ropa limpia, que no tenga heridas, que toma la medicación…, pero todos estos controles desaparecieron durante la pandemia”.
El Gobierno evaluará las secuelas de la pandemia en los mayores de las residencias
Pladigmare contestó en 2020 a más de mil correos electrónicos a familiares y calcula que entre familiares, residentes y plantillas puede haber medio millón de personas afectadas por la catástrofe de las residencias en Madrid.
El pasado 30 de junio, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, que agrupa a 17 asociaciones de 10 comunidades autónomas, mantuvo una reunión en el Ministerio de Derechos Sociales, a instancias de la Secretaria de Estado. Entre otros compromisos, el Gobierno evaluará las secuelas físicas y psíquicas que han dejado en los mayores de las residencias los confinamientos y la pandemia en general. El estudio se financiará con fondos europeos del Plan de Recuperación.
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