Diez años de cárcel por decir "me cago en Franco"
Texto: Alejandra Acosta; fotos, vídeo y edición de vídeo: Fran Lorente y Javier Cantizani
Se publica una nueva edición ampliada de “El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)”, obra del abogado laboralista y magistrado Juan José del Águila
El 70% de las personas procesadas por el TOP era de clase obrera
El 11 de septiembre de 1963 Timoteo Buendía Gómez, peón de albañil, se encontraba en el bar Acisclo, situado en el número 171 del Camino Viejo de Leganés, en el distrito de Carabanchel. Estaba bebido y gritaba “me cago en Franco” cada vez que el susodicho aparecía en la pantalla del televisor. Tan inocente desahogo le costó al hombre la friolera de diez años de prisión. No es ficción. Está documentado.
La de Timoteo Buendía fue la primera sentencia que dictó, en marzo de 1964, el siniestro Tribunal de Orden Público y por eso aparece mencionada en el libro “El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)” del abogado laboralista, magistrado y doctor en Derecho Juan José del Águila (Torremolinos, 1943), cuya segunda edición ampliada ha sido publicada por la Fundación Abogados de Atocha y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Su presentación prevista para el pasado 15 de enero en Madrid tuvo que ser aplazada a causa del temporal de nieve.
Creados por Ley de 3 de diciembre de 1963, el TOP y el Juzgado de Orden Público (JOP), junto a la Brigada Político-Social, que se reservó el papel de obtener confesiones de las personas detenidas a base de torturas y palizas (miembro destacado de esta policía fue Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, recientemente fallecido por Covid), constituyeron el entramado judicial represivo que el franquismo pergeñó contra la creciente oposición política, sindical y estudiantil que había aflorado a mediados de los años cincuenta, y de paso atemorizar y someter a la población trabajadora, cuya lucha cobraba fuerza impulsada por el nuevo movimiento sindical y sociopolítico de las Comisiones Obreras.
El TOP funcionó desde 1964 hasta enero de 1977. En total dictó 3.884 sentencias, el 74% de ellas condenatorias, impuso 11.958 años de cárcel y multas por valor de casi 33 millones de pesetas. El análisis sociológico realizado por Juan José del Águila deja en evidencia su carácter clasista: 7 de cada 10 personas que fueron llevadas ante este aberrante tribunal pertenecían a la clase obrera. El juicio con mayor número de procesados fue contra 40 mineros asturianos, y los inculpados con más sentencias del TOP fueron el minero Nicolás Corte y los fundadores de CCOO Eduardo Saborido y Marcelino Camacho. Los siguientes en su punto de mira fueron estudiantes y nacionalistas, fundamentalmente vascos.
El minucioso y documentado estudio que Del Águila ha realizado sobre el TOP y sus antecedentes –“yo, por sistema, no hago ninguna afirmación que no esté documentada”, afirma el jurista- despeja cualquier duda e intento de relativizar la feroz persecución que la dictadura franquista sometió a todo tipo de disidencia durante una de las etapas más oscuras y silenciadas de la reciente historia de España. Un trabajo que saca a la luz las farsas judiciales montadas únicamente para simular de cara al exterior apariencia de Estado de Derecho en un país en el que se violaban sistemáticamente los derechos humanos más elementales.
Los nombres de las 806 mujeres procesadas no se borrarán de la historia
“Quiero dar a conocer lo que fue y representó la dictadura franquista en el ámbito de la represión de la libertad y de aquellas actividades ideológicas subversivas”, declara el autor en su blog Justicia y Dictadura . Y a ello ha dedicado un montón de años de su vida, y lo sigue haciendo, y todo su conocimiento y dilatada experiencia como abogado -intervino como defensor en 43 juicios ante el TOP-, como juez durante más de tres lustros y como víctima, ya que él mismo fue una de las 9.146 personas procesadas por el TOP, que le condenó a un año de cárcel por repartir octavillas de CCOO y de las Comisiones Cívicas con motivo del Primero de Mayo. Cumplió condena en 1969 en las prisiones de Algeciras, Jaén, Madrid y Segovia.
Su obra pone en valor el papel que jugaron las mujeres, tanto como abogadas defensoras -73 letradas defendieron a 921 procesados- como acusadas por su activismo y contestación política al régimen autoritario, una presencia que se triplicó a partir de 1969. Concretamente, el TOP procesó a 806 mujeres. Todas ellas figuran en el listado nominal de procesados en uno de los apéndices del libro. Juan José del Águila se ha encargado de que sus nombres no se borren de la historia.
“El fusilamiento de Grimau fue un crimen de Estado. Lo he documentado”
Dos de los diez capítulos en los que se estructura la obra están dedicados al dirigente comunista Julián Grimau. El gran hallazgo histórico y político de la investigación de Juan José del Águila es la demostración de que su fusilamiento, el 20 de abril de 1963, fue un crimen de Estado y que además tiene vinculación con el TOP.
“El proyecto de ley del TOP contemplaba que una vez que éste entrara en vigor dejaban de tener efecto los delitos que castigaba la jurisdicción militar de 1938, entre ellos los delitos por los que se condenó a Grimau”, explica Del Águila. “Carrero Blanco, que actuaba como secretario del Consejo de Ministro, lo que hizo fue meter en un cajón el proyecto de ley, que ya estaba listo en marzo, y esperar a que se celebrara en abril el consejo de guerra que le sentenció a muerte. Estaba calculado. Todo un gobierno se manchó las manos de sangre y falsificó todo lo falsificable, desde las actas del Consejo de Ministros hasta el expediente de tramitación del Juzgado de Orden Público. Fue un crimen de Estado como un templo. Todavía viven algunos de los que participaron en los hechos y nadie me ha puesto una denuncia. Es la verdad y está debidamente documentada. La rehabilitación de Julián Grimau es una asignatura pendiente”.
“Bien se ocupa la derecha de insuflar criterios reaccionarios a los futuros jueces y fiscales”
María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, que prologa esta segunda edición, destaca, como antes lo hiciera Gregorio Peces-Barba, la importante contribución de Juan José del Águila a la memoria histórica de las instituciones judiciales de represión política más temidas del último franquismo, cuyo conocimiento se ha hurtado no ya a la ciudadanía sino, por sorprendente que parezca, a los estudiantes de Derecho en España. El veterano magistrado lamenta que ni en una sola convocatoria de oposiciones a jueces, magistrados y fiscales desde 1977 se haya incluido alguna materia que trate la represión durante la dictadura. “No quieren que se estudie porque hay una actitud deliberada para que estos hechos no se conozcan”, advierte.
“La derecha”, concluye Del Águila, “bien se ocupa de insuflar en las escuelas jurídicas a los futuros jueces y fiscales criterios que son bastante reaccionarios. Porque una cosa es que hayan asumido la Constitución en la letra y otra que lo hayan hecho en el espíritu”.
Tras la agenda del recluta ‘rojo’
Cuando en 1966 a Juan José del Águila le llegó la hora del obligatorio servicio militar estaba más que fichado por la policía política de Franco. Cuenta que estando en el centro de instrucción de reclutas de Cerro Muriano (Córdoba) ordenaron un registro con la excusa del robo de una esclava de oro con el único fin de hacerse con su agenda. La paranoia anticomunista de los represores militares les llevó a confundir a dos turistas suizas que figuraban entre los contactos de Juan José con dos espías de algún país del Este. El recluta ‘rojo’ nunca recuperó su agenda. El Inspector Clouseau no lo hubiera hecho peor.
El libro sobre el TOP se lo ha dedicado a su padre, un farmacéutico con quien compartió banquillo de acusados en consejo de guerra en 1962 por un incidente a raíz de un alboroto vecinal a causa de la subida del precio de la entrada de los cines de verano. En uno de los altercados ocurrido en un cine próximo a la farmacia del progenitor un policía armada detuvo a un hermano menor de Juan José. Cuando el padre se presentó en el cine y manifestó su intención de llevarse a su hijo, el policía, sin mediar palabra, le propinó un guantazo e inmediatamente Juan José se interpuso para protegerlo. Éste fue absuelto pero al padre le condenaron a dos meses de arresto, que no cumplió al no tener antecedentes penales. “Una monstruosidad que me marcó e influyó en mi posterior evolución política al tomar conciencia de lo que suponía vivir sin libertades en un régimen completamente arbitrario”, comenta el magistrado.
Un año después se trasladó a Madrid a seguir sus estudios de Derecho e iniciar los de Sociología. Enseguida se afilió a la FUDE (la ilegal Federación Universitaria Democrática Española) y al PCE. El joven universitario vivió en una pensión hasta que Fernando López Agudín y Juan Francisco Pla, compañeros de facultad y miembros de la célula universitaria del PCE, le propusieron incorporarse al aparato de propaganda de la universidad. Le alquilaron un apartamento para camuflar material y custodiar bajo la cama una multicopista a la que llamaban la “malquerida” porque al ser clandestina iba de casa en casa. La copiadora acabó en el fondo del río Manzanares, donde la arrojaron una noche los tres por temor a un inminente registro policial.
“La represión es el nexo que recorre todo mi periplo vital”, constata Juan José del Águila, quien a pesar de la implacable persecución sufrida durante toda la dictadura, ha abordado siempre el estudio de la estructura jurídica del franquismo, como destaca María Emilia Casas, “sin rencor y con una gran honestidad”.
Trabajó en el primer despacho de abogados laboralistas de España, fundado por María Luisa Suárez Roldán en la madrileña calle de la Cruz. “Salí de prisión con una mano delante y otras detrás. Fue la única puerta profesional que se me abrió”. En 1978 inauguró como letrado el Servicio de Asistencia a los Detenidos que montó el Colegio de Abogados de Madrid, y en 1989 ingresó como magistrado por el cuarto turno de juristas de reconocida competencia. Se jubiló en 2012