EMPLEO BASURA EN LA ERA DIGITAL: EL CASO DE LOS RIDERS
Cada vez son más y se desplazan por la ciudad a golpe de pedal para entregar los pedidos a domicilio -comida sobre todo- que distribuyen plataformas digitales como Deliveroo o Glovo. Los riders (ciclo-repartidores) conforman uno de los colectivos surgidos al calor de una economía cada vez más «uberizada» que crea empleo, sí, pero en unas condiciones, jornadas y salarios inadmisibles. CCOO de Madrid ha puesto en marcha una campaña para denunciar su situación e informarles de los servicios gratuitos de asesoramiento que el sindicato pone a su disposición.
Texto: Alejandra Acosta // Fotos: Fran Lorente
Los ‘riders’ de Deliveroo no son autónomos, son trabajadores por cuenta ajena. Así de claro lo ha dejado la sentencia dictada el 22 de julio por el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, un fallo histórico que pone freno a la descarada explotación laboral a la que las nuevas plataformas digitales someten a sus repartidores.
Cada vez son más y se desplazan por la ciudad a golpe de pedal para entregar los pedidos a domicilio –comida sobre todo- que distribuyen plataformas digitales como Deliveroo o Glovo. Los riders (ciclo-repartidores) conforman uno de los colectivos surgidos al calor de una economía cada vez más ‘uberizada’ que crea empleo, sí, pero en unas condiciones, jornadas y salarios inadmisibles.
Aunque hay sentencias anteriores, la del pasado 22 de julio “es la de mayor relevancia hasta la fecha, tanto por el número de trabajadores afectados, más de quinientos, como por la contundencia de la misma”, señala Asunción Servant, secretaria de Acción Sindical de CCOO de Madrid y responsable de la campaña “Riders defiende tus derechos” que el sindicato puso en marcha el pasado mes de marzo. “La sentencia”, subraya, “pone de manifiesto que la mal llamada ‘economía colaborativa’ es un invento para burlar la legislación laboral, usurpar derechos a trabajadores y trabajadoras, y defraudar a las arcas públicas los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social y los impuestos que tiene la obligación de ingresar”. De hecho, este fallo judicial es el resultado de una demanda interpuesta por la Tesorería de la Seguridad Social. CCOO y UGT estiman que las cuotas que Deliveroo ha dejado de pagar en el caso que nos ocupa suponen un mínimo de 45 millones de euros.
CCOO pone en valor el trabajo realizado por la Inspección de Trabajo de Madrid en la instrucción del expediente que ha dado lugar a la demanda y lo califica de riguroso y pormenorizado. “El camino será largo, pero las bases están puestas”, apunta Servant.
TOREAR LA NORMATIVA
Felipe Diez sabe muy bien de lo que habla Asunción Servant. Lo ha sufrido en carne propia. Miembro de la plataforma Riders por Derechos, a este sociólogo y antropólogo de formación, de 29 años, chileno de origen, aún le cuesta controlar su enfado cuando rememora el año y medio que pedaleó para Deliveroo repartiendo comida en Madrid, entre 2017 y 2018. Bajo el buen rollo del ‘sharing economy’ (economía o consumo colaborativo) y la filosofía del emprendimiento a lo Silicon Valley, las plataformas digitales atrapan a sus riders con un paquete de grandes ventajas. La principal, la flexibilidad total de jornadas y horarios que permite en teoría compatibilizar el trabajo de repartidor con otros empleos para sumar ingresos, o con los estudios.
“Es mentira”, asegura Felipe. En un escenario de elevada tasa de paro y una población inmigrante desesperada por trabajar, las plataformas digitales han encontrado una rentabilísima forma de negocio para la que cuentan con una ilimitada mano de obra barata sobre la que no asumen ninguna responsabilidad. Todo a base de torear la normativa laboral.
Exigen a los riders hacerse trabajadores autónomos, a disponer de su propio transporte (bicicleta o ciclomotor), se desentienden de los accidentes laborales, les penalizan si no están disponibles a las horas de alta demanda o si se retrasan en la entrega de los pedidos (aunque sea por retrasos en las cocinas o por el tráfico, factores ajenos al repartidor) y si la plataforma decide prescindir de ellos les basta con desconectarles de la aplicación
DERECHOS SEPULTADOS
En 2017, Deliveroo modificó las condiciones a los riders. Del pago por hora pasó al pago por pedido. “Con este sistema, ingresar un mínimo para subsistir implica echarle 50 horas semanales a la bici. No hay cuerpo que lo aguante. La mayoría de los españoles se marcharon. Yo me endeudé para ponerle un motor a la mía”, recuerda Felipe, que ganaba unos 600 euros netos al mes dedicándose full time al reparto, y al que echaron en cuanto empezó a movilizarse por sus derechos aquel mismo año, cuando se creó la plataforma Riders por Derechos. “Es una auténtica explotación, el sueño liberal. Es el mercado el que le dice a cada rider dónde va a trabajar cada día y a qué hora”, se queja.
“La reforma laboral”, añade, “abrió en España las puertas a este modelo económico de sálvense quien pueda. Esto mismo ya sucedió en Chile hace 40 años. ¿Sabes que en Chile no tenemos seguridad social? Se la cargó Pinochet. Los derechos laborales quedaron sepultados. Lo mismo está sucediendo en España”, avisa.
CCOO SALE A LA CALLE
Delegadas y delegados sindicales recorren las zonas en las que se concentran los riders a las horas de mayor demanda de reparto (las de comidas y cenas) para informar de los servicios gratuitos de asesoramiento jurídico que CCOO de Madrid pone a disposición de este colectivo y del respaldo que les ofrecen para que se organicen y denuncien los abusos. Madrid Sindical les acompañó en una de estas salidas. Sorprende que la inmensa mayoría de los repartidores con la que nos topamos sean venezolanos. Hay una explicación.
Las plataformas te garantizan trabajo inmediato en cualquier parte del mundo donde operan, y así resulta que la población de los países donde la situación es desesperada, como Venezuela, se convierten una gran cantera de mano de obra joven y sumisa. “Los jóvenes llegan desde Caracas, por ejemplo, un miércoles y el jueves ya están trabajando. Y lo peor es que como comparan lo que ganan aquí con los sueldos en su país, encima les brillan los ojos de la alegría”, constata Felipe Diez.
Pero el entusiasmo no les dura mucho. Diego, de 40 años, venezolano, casado con dos hijos, se saca en Glovo unos 240 euros a la semana, y le dan al mes 100 euros por la moto y 10 euros por el uso del móvil. Durante un año estuvo pagando los 50 euros mensuales de la cuota de autónomo, pero ahora le ha subido a casi 300 euros y no la puede pagar. No revela cómo se las apaña con las facturas. Esta es otra. “Se está subcontratando a inmigrantes que no tienen papeles y no pueden hacerse autónomos, o que no se pueden pagar la cuota”, comenta Felipe. El drama añadido de Diego es que necesitaría formarse para aspirar a un empleo mejor, pero los repartos no le dejan tiempo para hacer cursos.
SISTEMA SALVAJE
“Es un sistema muy salvaje”, repite Luis, también venezolano, de 23 años. Charlamos con él en la calle, donde lleva dos horas esperando y pasando frío. Sólo ha logrado hacerse con un pedido, que se traduce en siete euros. “Hay veces que me quedo hasta las tres de la mañana y no me llaman. Lo hacen como castigo porque no he estado disponible en horas de alta demanda o he tenido una mala opinión del restaurante o del cliente”.
También hay mujeres repartidoras, aunque menos. Charlamos con Anabel, de 25 años, venezolana. En el momento de elaborar este reportaje llevaba quince días haciendo repartos. Pedaleando una media de cuatro horas diarias durante dos semanas había ganado 200 euros. Mientras se subía a la bici para llevar un pedido se le oyó musitar: “Esto es matador”.
“Desde CCOO”, concluye la responsable sindical Asunción Servant, “seguiremos luchando desde todos los frentes –movilización, denuncia y negociación– contra este fraude que pone en riesgo nuestros derechos, nuestro sistema de protección social y nuestro estado de bienestar”
