{"id":5321,"date":"2025-04-02T07:14:36","date_gmt":"2025-04-02T07:14:36","guid":{"rendered":"https:\/\/madridsindical.es\/archivo\/?p=5321"},"modified":"2025-04-04T09:16:04","modified_gmt":"2025-04-04T09:16:04","slug":"crisis-de-la-contratacion-de-servicios-publicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/madridsindical.es\/archivo\/2025\/04\/02\/crisis-de-la-contratacion-de-servicios-publicos\/","title":{"rendered":"Crisis de la contrataci\u00f3n de servicios p\u00fablicos"},"content":{"rendered":"\t\t
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Crisis de la contrataci\u00f3n de servicios p\u00fablicos<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Un problema estructural con consecuencias graves<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Por Pedro Garijo, secretario general de la Federaci\u00f3n de H\u00e1bitat de CCOO Madrid<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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La contrataci\u00f3n de servicios p\u00fablicos por parte de la administraci\u00f3n, en cualquiera de sus \u00e1mbitos (nacional, comunitario y local), padece una grave crisis que amenaza con llevarse por delante sectores productivos enteros a base de precarizar las condiciones laborales de las personas trabajadoras y reducir y deteriorar la calidad de los servicios prestados. De esta situaci\u00f3n hay unos responsables principales muy claros: la Ley 2\/2015, de 30 de marzo, de desindexaci\u00f3n de la econom\u00eda espa\u00f1ola, la Ley 9\/2017 de Contratos del Sector P\u00fablico, la utilizaci\u00f3n perniciosa de esta \u00faltima por algunas administraciones en la elaboraci\u00f3n de pliegos de condiciones y las pr\u00e1cticas empresariales que buscan abaratar sus ofertas en base a la precarizaci\u00f3n de las condiciones laborales.<\/span><\/p>\n

Efectos contraproducentes<\/b><\/span><\/p>\n

Dentro de poco se cumplir\u00e1n 10 a\u00f1os desde la aprobaci\u00f3n y publicaci\u00f3n de la Ley de desindexaci\u00f3n de la econom\u00eda espa\u00f1ola, cuyo objetivo inicial era impedir el aumento autom\u00e1tico de los precios de bienes y servicios y evitar con ello el aumento de la inflaci\u00f3n y precios artificialmente altos. Esta Ley promet\u00eda un control m\u00e1s eficaz sobre los costes p\u00fablicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha quedado claro que no solo no ha logrado esos objetivos, sino que ha generado graves consecuencias para los sectores profesionales vinculados a contratos p\u00fablicos, especialmente aquellos que dependen m\u00e1s de la mano de obra.<\/span><\/p>\n

Uno de los principales problemas derivados de esta ley es que, al desvincular los precios de los contratos p\u00fablicos de los \u00edndices de inflaci\u00f3n, las revisiones de precios han quedado completamente desactualizadas. En un contexto de inflaci\u00f3n creciente, las empresas no pueden ajustar los costes salariales de sus contratos al aumento del coste de vida ni de los nuevos convenios, lo cual resulta en una inevitable presi\u00f3n sobre las condiciones laborales que no solo afecta a los trabajadores, sino tambi\u00e9n a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.<\/span><\/p>\n

Obst\u00e1culos a la negociaci\u00f3n colectiva<\/b><\/span><\/p>\n

La Ley 9\/2017 de Contratos del Sector P\u00fablico en su concepci\u00f3n buscaba promover la transparencia y la eficiencia en la contrataci\u00f3n p\u00fablica pero tambi\u00e9n ha tra\u00eddo consigo efectos colaterales altamente perjudiciales. En particular, algunos apartados espec\u00edficos de esta ley han resultado ser un obst\u00e1culo importante para la negociaci\u00f3n colectiva. Por ejemplo, impiden la revisi\u00f3n de los contratos para afrontar los costes derivados de incrementos salariales pactados en los convenios colectivos.<\/span><\/p>\n

Este estancamiento en la capacidad de ajustar los contratos a las nuevas condiciones salariales ha llevado al empobrecimiento sistem\u00e1tico y progresivo de los trabajadores de sectores como la limpieza, la seguridad privada o los servicios de ayuda a domicilio. Las administraciones buscan contener los precios de los contratos a trav\u00e9s de la reducci\u00f3n o congelaci\u00f3n del coste salarial durante la duraci\u00f3n del contrato. El resultado es un aumento de la conflictividad laboral, ya que las personas trabajadoras ven c\u00f3mo sus condiciones empeoran a medida que pasan los a\u00f1os.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, esta situaci\u00f3n provoca un descenso notable en la calidad de los servicios prestados. En sectores como la limpieza o el mantenimiento de infraestructuras, la falta de recursos humanos y materiales adecuados tiene un impacto directo en la salud y seguridad de las personas trabajadoras y en la vida diaria de los ciudadanos.<\/span><\/p>\n

La \u00abcarrera suicida\u00bb de las empresas<\/b><\/span><\/p>\n

En este contexto, muchas empresas han adoptado una estrategia de supervivencia que podr\u00eda describirse como una \u00abcarrera suicida\u00bb por ganar concursos p\u00fablicos con ofertas cada vez m\u00e1s bajas. En muchos casos, estas ofertas rozan o incluso cruzan el l\u00edmite de lo que se considera una oferta anormalmente baja (antes conocidas como \u201cbajas temerarias\u201d). Estas pr\u00e1cticas pueden parecer ventajosas para las administraciones a corto plazo, ya que reducen el coste inicial de los contratos, pero las consecuencias a medio y largo plazo son devastadoras.<\/span><\/p>\n

Las empresas que optan por estas ofertas reducen inevitablemente sus costes operativos, lo que se traduce en:<\/span><\/p>\n\n

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  1. \n

    Reducci\u00f3n de personal<\/b><\/span>. Se contrata a menos trabajadores para realizar las mismas tareas, lo que genera sobrecarga laboral y descenso en la calidad del servicio.<\/span><\/p>\n<\/li>\n \t

  2. \n

    Peores condiciones laborales<\/b><\/span>. Las empresas recortan derechos laborales y salarios para mantener sus operaciones dentro del presupuesto.<\/span><\/p>\n<\/li>\n \t

  3. \n

    Materiales de baja calidad<\/b><\/span>. En sectores donde el equipamiento y los materiales son fundamentales, las empresas optan por alternativas m\u00e1s baratas y de peor calidad, lo que afecta directamente al resultado final.<\/span><\/p>\n<\/li>\n \t

  4. \n

    Descenso en la vigilancia de la salud y seguridad<\/b><\/span>. La reducci\u00f3n de costes tambi\u00e9n afecta a las medidas de prevenci\u00f3n de riesgos laborales, aumentando la siniestralidad y poniendo en peligro a los trabajadores.<\/span><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Esta din\u00e1mica genera un c\u00edrculo vicioso. Los servicios se deterioran, lo que lleva a un descontento creciente entre los usuarios. Al mismo tiempo, los trabajadores, cada vez m\u00e1s precarizados, enfrentan mayores niveles de estr\u00e9s y conflicto laboral, lo que reduce a\u00fan m\u00e1s la calidad del servicio.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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    \"El objetivo inicial de la desindexaci\u00f3n era impedir el aumento autom\u00e1tico de los precios de bienes y servicios y evitar con ello el aumento de la inflaci\u00f3n y precios artificialmente altos\"<\/i>\n<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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    Responsabilidad de las administraciones<\/b><\/span><\/p>

    Aunque es f\u00e1cil culpar exclusivamente a las empresas por sus pr\u00e1cticas, las administraciones tambi\u00e9n tienen una responsabilidad clave en esta situaci\u00f3n. Al priorizar el precio m\u00e1s bajo por encima de otros criterios de adjudicaci\u00f3n, fomentan indirectamente las ofertas anormalmente bajas.<\/span><\/p>

    Las administraciones deben asumir un papel activo en la defensa de los derechos laborales y la calidad de los servicios, lo cual implica entre otras cosas:<\/span><\/p>