Sin la investigación sanitaria muchas curaciones no serán posibles
Por Antonio Martínez Ruiz. Investigador titular en Hospital Universitario de la Princesa. Instituto de Investigación Sanitaria
La investigación es imprescindible para nuestro futuro. No es aceptable la gran precariedad, tanto de materiales, como de condiciones laborales, que sufre el personal investigador
Hay un consenso generalizado sobre la importancia de la investigación para el progreso social y económico de los países y sus sociedades. También lo hay en torno a la importancia que tiene la investigación sanitaria y biomédica para poder disponer de más y mejores tratamientos y terapias para curar distintos problemas de salud. Podemos decir que sin la investigación muchas curaciones no serían o no serán posibles.
A pesar de todo lo anterior, la consideración profesional de las personas trabajadoras que realizan la investigación ha sido históricamente difícil y compleja. Muchas veces las peculiaridades de la actividad investigadora han provocado que se mire como una actividad más voluntariosa que profesional, como si fuera un hobby o pasatiempo al que algunas personas afortunadas pueden dedicarse, y no como una actividad profesional más. Esa visión vocacional/voluntariosa sigue presente incluso en muchas de las personas que trabajan en investigación, lo que se traduce en muy bajas tasas de afiliación sindical en nuestro sector. Afortunadamente, esa percepción va cambiando en ámbitos como el de la investigación sanitaria, donde cada vez más personas asumimos nuestra condición de trabajadores y la necesidad de afiliarnos y participar para seguir construyendo un marco adecuado de relaciones laborales que potencie la investigación en beneficio de toda la sociedad
Luces y sombras
Mirando la parte positiva de esa historia, en España se ha considerado la investigación como un servicio público, por lo que se crearon escalas y puestos de personal de investigación funcionario, tanto en organismos públicos de investigación (OPI) como en universidades públicas.
Este marco profesional que apostó por el personal funcionario estable, cuando se sumó a una adecuada inversión, permitió el gran despegue de la investigación española que se vivió en el final del siglo XX, con el que España dejó atrás el retraso investigador que había arrastrado desde la brusca ruptura que supuso la guerra civil.
Sin embargo, en ese proceso también hubo sombras. Durante muchos años las etapas iniciales de la profesión investigadora, previas al acceso a la función pública, no se entendían como una relación laboral, y se remuneraron con becas que no cotizaban a la Seguridad Social, ni se reconocen aún como tiempo trabajado a efectos de antigüedad, etc. Esas etapas se fueron alargando hasta sumar periodos de más de diez años, ya que también se hizo habitual remunerar la actividad profesional de investigadores/as doctores/as mediante becas. Por suerte, la lucha colectiva de asociaciones y sindicatos en la década de los 2000 consiguió que se aceptara plenamente que la actividad investigadora con la licenciatura (ahora máster) fuera mediante contratos laborales.
Foco de precariedad
En paralelo, han proliferado los centros públicos de investigación que contratan en régimen laboral personal de investigación. Aquí también se ha creado un foco importante de precariedad, tanto por el abuso que se ha hecho de la temporalidad, como por el grandísimo retraso que hay en la necesaria negociación colectiva para conseguir unas condiciones de trabajo dignas, ya que generalmente este personal laboral tiene condiciones peores que las del personal funcionario equivalente.
Estos problemas de la investigación pública en general los sufrimos también el personal de investigación sanitaria y biomédica que trabajamos en los centros del Sistema Nacional de Salud (SNS). Pero es que además tenemos una serie de problemas adicionales que son consecuencia del grave retraso en incorporar la investigación como una actividad plenamente integrada en la actividad del SNS, donde debe conjugarse con la asistencia sanitaria y con la docencia universitaria y de formación de especialistas.
Aunque muchas autoridades y documentos públicos ensalzan la importancia de la investigación que se realiza en los centros del SNS, la cruda realidad es que sigue sin definirse un marco de integración estable del personal que lleva a cabo dicha investigación, por lo que en la práctica sigue considerándose la investigación, bien como una actividad a realizar por el personal propio del SNS en sus ratos libres, o bien como una actividad realizada por profesionales de investigación contratados mediante entidades que son verdaderas subcontratas, en condiciones laborales desreguladas y casi siempre más baratas que si estuvieran en las plantillas propias del SNS.
Acumulamos un retraso considerable para hacer realidad el marco de integración en las plantillas del personal que realiza esa investigación, tanto personal investigador como personal técnico y personal de gestión de investigación.
Proceso incompleto
Este proceso se inició hace ya tiempo, pero sigue sin completarse. Hay varias razones, pero una importante es la creación de fundaciones, dependientes de los servicios de salud y por tanto dentro del sector público encargadas de gestionar la investigación de los centros. Se han convertido en entidades donde se subcontrata de manera barata y precaria el personal necesario para realizar la investigación.
Al ser centros del sector público con personal en régimen laboral, las condiciones laborales se deben regular mediante la negociación colectiva, pero por la normativa que regula el sector público . En muchas ocasiones esta normativa se ha aplicado para trasladar recortes, pero no condiciones ventajosas, y la negociación colectiva ha brillado por su ausencia, tanto por la poca organización sindical del personal como por la escasa o nula voluntad de negociar mejoras por algunas direcciones de estas entidades, más preocupadas por aumentar sus beneficios monetarios que por atraer y retener el talento para mejorar la investigación al servicio de la salud de la ciudadanía.
Por tanto, se necesita fortalecer la negociación colectiva del personal laboral de investigación del SNS que mayoritariamente trabaja en estas fundaciones del sector público. Actualmente CCOO de Madrid copa la representación legal de los trabajadores en este sector, contando con la participación comprometida de personas trabajadoras, y ha logrado resultados muy claros, como el primer convenio colectivo de estas fundaciones en la Comunidad de Madrid. Este convenio ha supuesto un gran hito, porque ha establecido un marco claro de regulación de las condiciones de trabajo, y de las condiciones salariales, en unas entidades donde imperaba el caos en estos aspectos, sin embargo, ha habido que aceptar unas condiciones salariales que se han demostrado muy bajas para retener el talento
"Es crucial para la investigación sanitaria en Madrid conseguir unas condiciones de trabajo que empiecen a retener el talento investigador"
Pendiente en Madrid
En 2022 el Ministerio de Ciencia promovió una reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología, y la Innovación que, gracias a las demandas de CCOO y otras entidades sociales, reformó significativamente el artículo 85 de la Ley de Investigación Biomédica. Esta reforma incluye la obligación de crear categorías estatutarias específicas de personal investigador. En la Comunidad de Madrid esta tarea aún no se ha iniciado y es urgente hacerlo. CCOO insiste para que se lleve a cabo cuanto antes, con una propuesta propia para que esas categorías no sean un mero parche, sino una oportunidad en la que se reconozca efectivamente la investigación como una actividad fundamental de los centros del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
En esta reforma legal se han establecido, además, algunas obligaciones para las CCAA -como es el caso de la Comunidad de Madrid que opten por mantener personal de investigación en las fundaciones de investigación biomédica, entre ellas:
• Que el personal investigador que trabaja “subcontratado” en las fundaciones no cobre menos que las personas que hacen similar trabajo en la plantilla estatutaria propia del servicio de salud (muchas veces, en el mismo servicio o laboratorio).
• Que se establezca un sistema de carrera profesional equivalente al del servicio de salud correspondiente, o equivalente al específico del personal investigador de los OPI.
En la Comunidad de Madrid estos aspectos se están concretando en el segundo convenio colectivo de las fundaciones de investigación biomédica (FIB) del SERMAS, que se está negociando. Desde CCOO hemos presionado intensamente para romper el bloqueo que mantenían las direcciones de las fundaciones, con la pasividad cómplice de la Consejería, para no cumplir la Ley en el convenio colectivo.
Además, se necesita un compromiso presupuestario claro por parte de la Consejería de Sanidad, que hasta ahora ha financiado de forma tremendamente insuficiente a las FIB del SERMAS (por ejemplo, la inversión anual en Madrid es de menos de ocho millones de euros, frente a los más de ochenta millones en Cataluña).
Es crucial para la investigación sanitaria en Madrid conseguir unas condiciones de trabajo que empiecen a retener el talento investigador en lugar de expulsarlo, redundando así en la mejora de la asistencia sanitaria que debe proporcionar el SERMAS. ■