La batalla de las residencias: una primera victoria inapelable

Por Manuel Rico Prada, periodista

No, ya no confío en la justicia española. ¿Tú de verdad crees que al final se podrá ganar esta batalla?.

En casi todos los foros organizados en Madrid para analizar lo ocurrido en las residencias durante la primera ola de la pandemia surge este comentario durante el coloquio. Mantener la fe en la Justicia española, cuando los protagonistas del caso son algunos políticos de derechas, es ciertamente tarea ímproba. Pero a mí me gusta poner primero el foco en el verbo “ganar”.

¿Qué significa ganar?

Para las personas que preguntan, ganar supone que paguen penalmente su culpa los responsables de que 7.291 personas murieran en marzo y abril de 2020 en las residencias donde vivían sin ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica adecuada. Y consideran como principales responsables a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Las pruebas para haber iniciado una investigación penal que se dirigiese, al menos inicialmente, contra Escudero y algunos altos cargos de Sanidad son abrumadoras. Muchas de ellas son públicas desde hace más de cuatro años. Y otras muchas podrían haber sido obtenidas con enorme facilidad por el Ministerio Fiscal y por los jueces de instrucción. No ha sido así. 

Especialmente sangrante ha resultado la actuación de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra de Inés. No sólo ha incumplido lo que marca el artículo primero del Estatuto del Ministerio Fiscal (“promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público”), sino que de forma sistemática ha promovido la impunidad del poder político. 

En la Memoria de la Fiscalía de Madrid correspondiente al año 2020, Almudena Lastra difundió tres mentiras gordas: que el Protocolo que impedía trasladar al hospital a residentes con alta dependencia física o grave deterioro cognitivo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones; que los pacientes recibían en los geriátricos “un tratamiento hospitalario similar al que N habrían recibido caso de ser derivados”, y que las bajas de personal durante la pandemia “se fueron solventando” con “medidas de diversa índole”

"Son medio centenar los recursos de amparo presentados ante el Constitucional"

.¿En qué se basó Almudena Lastra para promover dichos bulos? No se sabe. Existen decenas de pruebas documentales, la mayoría con datos oficiales del gobierno madrileño, que prueban exactamente lo contrario de lo afirmado por la fiscal. Y, según la citada Memoria, el propio Ministerio Público sostenía que había investigado “más de 130 fallecimientos”. En otras palabras: admitía que no había investigado el 98,2% de las muertes ocurridas en las residencias.

Por si fuera poco, Almudena Lastra consideró que no tenía por qué dar la cara. El 19 de octubre de 2022, InfoLibre le envió un cuestionario con 38 preguntas sobre su actuación ante la hecatombe soportada en las residencias madrileñas. En la redacción del periódico aún siguen esperando las respuestas. Dos años después, para un reportaje publicado en El País el 29 de agosto de 2024, la Fiscalía madrileña continuaba con sus mentiras: el Protocolo fue una “pauta de carácter general pero se atendieron los casos concretos”. Y algo memorable, que sería para desternillarse de la risa si no estuviésemos hablando de 7.291 muertos: “Hemos agotado la investigación hasta donde hemos podido llegar”. 

Manuel Rico Prada

Llamar “investigación” a lo que ha hecho la Fiscalía de Madrid es ciencia ficción. El alumno más tonto matriculado en la peor Facultad de Derecho del planeta tierra habría tenido la perspicacia, el primer día de clase, de solicitar pruebas y plantear indagaciones que al parecer no se les han ocurrido a Lastra y sus adláteres. Una cosa es agotar una investigación y otra muy diferente es maltratarla hasta el agotamiento.

De momento, aquellas causas que han llegado a los tribunales no han tenido mucha mejor suerte. En general, los jueces han realizado una instrucción mínima, que se ha apoyado en informes de los forenses para cerrar las investigaciones. Estos informes sostienen, a veces en apenas un folio, que los médicos de las residencias cumplieron con la lex artis del momento. Algún forense llega a sostener que el residente habría fallecido igual en caso de haber sido derivado a un hospital, algo ciertamente llamativo por lo que supone de dotes adivinatorias.

Hay todavía decenas de causas abiertas, quizá en algún juzgado se produzca una instrucción más exhaustiva, la esperanza para los familiares de las víctimas siempre está ahí. Además, existen medio centenar de recursos de amparo presentados ante el Constitucional que piden reabrir casos archivados. El tribunal de garantías también se lo ha tomado con calma. 

Claro que la cuestión esencial respecto a las investigaciones judiciales realizadas hasta el momento es que se producen con las cartas marcadas. Los jueces están investigando si las directoras o los médicos de las residencias tuvieron alguna responsabilidad en los fallecimientos, pero ningún tribunal ha investigado si el firmante del Protocolo, el consejero de Sanidad o la presidenta madrileña tuvieron alguna responsabilidad en establecer un sistema que discriminó a los residentes con discapacidad por el mero hecho de ir en silla de ruedas o tener Alzhéimer. 

En ese aspecto también se ha impuesto la práctica pro-impunidad de Almudena Lastra, quien desde el minuto uno defendió que la investigación debía limitarse a averiguar si en los geriátricos se había actuado con diligencia una vez que se detectaba que un residente podía estar contagiado por el virus. La idea es buena: para evitar que puedan aparecer responsabilidades de algún político, lo mejor es no investigar nada de lo que hicieron y decidieron esos políticos. Claro que es una buena idea propia de un abogado defensor, no de una fiscal. 

En definitiva, personas poderosas llevan cuatro años peleando no solo para que ningún cargo público de la Comunidad de Madrid pague penalmente, sino para evitar que siquiera sean investigados.

Las dosis necesarias de realismo llevan a concluir que no será nada sencillo ganar esa batalla judicial, al menos en instancias españolas. Pero el partido aún queda lejos de concluir. Y además está la opción de un segundo encuentro en campo internacional, llámese el terreno de juego Tribunal Europeo de Derechos Humanos u organismos de la ONU. 

Sin embargo, una segunda batalla ya ha producido una victoria inapelable de quienes pelean para que se conozca la verdad. El poder político tuvo desde el primer momento el objetivo de enterrar el tema de las residencias cuanto antes, pero la lucha incansable de los familiares de las víctimas lo ha impedido. Ahí siguen en pie, tras cuatro años y medio, las gentes de Marea de Residencias, de Pladigmare, y de Verdad y Justicia. Son lo más digno que ha producido la sociedad madrileña en décadas. Y el resultado de su dignidad es que cada día que pasa hay más personas que saben lo que significa el número “7.291”, cada día que pasa hay más ciudadanos escandalizados con lo que ocurrió. ¿Qué aún no son suficientes? Sin duda. Pero no olvidemos que lo que han buscado Ayuso y su aparato de propaganda es borrar la verdad del espacio público. 

Lo han hecho con la mentira y los sobornos. Ayuso empezó mintiendo el 17 de marzo de 2020, cuando afirmó que las residencias “en su práctica totalidad están todas medicalizadas”; siguió en la Asamblea cuando aseguró el 28 de mayo de aquel año que el Protocolo de no derivación hospitalaria era un “borrador”, y culminó su faena en un conocido programa de variedades de televisión donde sostuvo que no quería abrir una comisión de investigación “para decirle a las familias que la muerte de su familiar se podía haber evitado porque es mentira”. ¿Cómo sabe Ayuso que ninguna de esas 7.291 muertes se habrían evitado si los enfermos llegan a recibir asistencia hospitalaria? Otra vez las dotes adivinatorias. Lo que nos cuentan los hechos probados es que se salvaron el 65% de los residentes que sí fueron derivados a un hospital. Así que sí, efectivamente, abrir una comisión de investigación para comunicar a las familias que miles de residentes se podrían haber salvado, es algo que no parece que le convenga a Ayuso. Como el PP ha evitado que se constituya una comisión de investigación en la Asamblea, ha tenido que ser una Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid la que cuente esa y otras verdades en el informe hecho público el 15 de marzo de este año. 

Los sobornos, en fin, están destinados a pagar a la recua de falsos periodistas a sueldo del poder político que llevan cuatro años explicando en tertulias y fanzines el color de los calcetines que se pone a diario Carles Puigdemont, pero no han tenido un minuto para enterarse de por qué miles de ciudadanos murieron abandonados en las residencias que están al lado de las casas donde viven plácidamente gracias al dinero que se embolsan por esparcir bulos y censurar verdades. La edad de oro de cierto periodismo. 

Podemos volver ya a la pregunta inicial para responderla. ¿Al final se logrará ganar esta batalla? La respuesta es que ya se ha producido una victoria inapelable de los familiares de las víctimas en el frente de la verdad. Y que la segunda batalla, la judicial, está complicada, pero hay partido. ■