La vivienda, una emergencia de urgencia. SOS social
Intentar alojarse hoy remite a la crisis de la vivienda, un problema recurrente de las sociedades capitalistas por la insostenibilidad social persistente, que se arrastra, muta, pero aparece como irresoluble.
Por Concha Denche Morón. Socióloga. Presidenta Club de Debates Urbanos
La vivienda es una necesidad, un bien de uso, un derecho, pero también y cada vez más un activo económico, un depósito de valor. La urbanización neoliberal ha convertido la metrópoli en un centro de globalización financiera y la vivienda en un elemento decisivo en el sistema de acumulación de capital y de flujos de inversión globales.
La nueva crisis de vivienda tiene alcance europeo, con variantes en cada país, y la UE anuncia un plan para aumentar el número de viviendas y aliviar una demanda de alojamiento que el mercado no solo no ha sido capaz de solventar, sino que está en la raíz de los actuales problemas de alojamiento. Se insiste en el mensaje del mercado (o la colaboración público-privada) como solución, aunque haya sido causante del problema y sus mantras no funcionen, por más que se repitan.
A contracorriente, no es fácil disputar el relato hegemónico del mercado y hacer prevalecer el carácter social del problema para dotarse de herramientas que permitan articular soluciones a medida de las necesidades de los diferentes afectados, inquilinos, desahuciados, excluidos, hacinados… e intervenir colectivamente, organizando la defensa del derecho a la vivienda digna dentro del derecho a la ciudad y el desarrollo de políticas de vivienda a la altura de su actual estado crítico.
Precariedad habitacional
El objetivo primordial del mercado de vivienda, al impulsar la promoción de esta (con el apoyo público), es valorizar el capital circulante, los flujos económicos, no satisfacer las necesidades de alojamiento. Se planea impulsar la construcción con ayudas financieras, al tiempo que repiten que la crisis y la carencia son un desajuste entre oferta/demanda. L Construir más abarata los precios, un hecho reiteradamente demostrado como falso: aunque la oferta suba, los precios no bajan. Por eso, aunque haya más vivienda mucha gente no puede acceder a ella porque los precios suben más que los estancados salarios. Se nos olvida a veces, al aislar la crisis de vivienda, que la precariedad y la inestabilidad laboral son indisociables de la precariedad habitacional.
Con la burbuja, que desató una euforia inmobiliaria colectiva, la producción masiva de vivienda, junto a las políticas fiscales, movilizó la capacidad de ahorro de las capas medias y sobre todo su endeudamiento, con el chorro de capital hipotecario a bajo interés. Se compraba vivienda-mercancía no sólo por los créditos baratos sino porque su valor subía constantemente. Se compraba para llegar a tiempo, para especular “a corto”, como inversión en un refugio seguro. Sin olvidar los impactos ambientales que la urbanización voraz (usos eventuales, estacionales) produjo en la comunidad madrileña: brutal ocupación de suelo, consumo de recursos y presión al medio natural incluso en ecosistemas de montaña de gran valor ecológico. La depredación, otra variable a considerar.
Madrid presenta, por su estatus y concentración de funciones, una situación en la que estas tendencias se refuerzan de forma significativa, con un IPV (índice de precios de la vivienda) de 169, superior al nacional, de 152,6.
En 2022, con la postburbuja, aumenta la demanda de compra un 3,4% y los precios suben un 7,9%1 más que en 2023 (2.153€/m2 ) y, al tiempo que se restringe el mercado hipotecario provocando el tránsito al régimen de alquiler, que sube un 31,9% en un mercado cuyos precios se han incrementado un 10,4%. En una región metropolitana con fuertes desequilibrios socioterritoriales (eje noroeste-sureste y centro-periferia) que asigna diferencialmente lugares de residencia de la población por ingresos, empleo o nivel de formación y un reparto desigual de servicios, las opciones de acceso se restringen a según qué grupos sociales, incrementando la desigualdad.
La oferta de precios de alquiler en la región de Madrid presenta grandes diferencias según localización, superficie y distancia, una consulta, si quiera a modo orientativo, al MITMA2 muestra en Madrid un precio medio de 887€/ mes, que en la Almendra central llega a 1.907€ y entre distritos, Fuencarral 1.397€ y 750€ en Villa de Vallecas o 638€ en Usera. En el Área metropolitana Parla 650€, Fuenlabrada 675€ o Coslada 650€, frente a los 1.203€ de Pozuelo,1.265€ en Majadahonda o Alcobendas 1.500€. Los espacios más precarizados, las periferias del ejército de reserva, presentan los precios más bajos de vivienda, pero con relación a sus ingresos e inestabilidad laboral la tasa de esfuerzo es mayor, ya que lo que vale menos cuesta más
Viviendas compartidas
Se generalizan las prácticas de viviendas compartidas, el alquiler de habitaciones, o la ocupación de espacios marginales (trasteros, viviendas imposibles…) que pueden suponer de media un 38% de los ingresos. La Comunidad de Madrid tiene una tasa AROPE3 (población incluida en algún criterio de riesgo de pobreza o exclusión) del 19,4% y un 12,9% de población en riesgo de exclusión.
Esta es una crisis de accesibilidad (poliédrica y con corrientes de fondo que vienen de largo), la gente no necesita un título de propiedad sino un alojamiento digno. En términos económicos, la exclusión habitacional presenta un comportamiento polea: el incremento de la inversión en vivienda para alquiler de los grupos de mayor riqueza financiera empobrece más a las rentas más bajas. Los más vulnerables ante un doble laberinto: no tienen capacidad de ahorro para comprar, ni pueden acceder a créditos hipotecarios por su subempleo. El alquiler se dispara y les impone unos pagos difíciles de asumir acotando dónde pueden alojarse y dónde no intentarlo.
Con este panorama regional madrileño de vivienda hay una carencia importante: la de patrimonio público de vivienda en alquiler, cuyo exiguo parque ha sido privatizado en su mayoría por unos gobiernos locales con fuerte vocación liquidadora de lo público, así como de remercantilización de edificios transferidos a fondos de inversión y sociedades extranjeras, junto a la privatización de suelo público y la falta de inversión en vivienda pública, más allá de lo anecdótico.
Otro proceso que complejiza el tema y genera tensión urbana por la ocupación del espacio es la gentrificación o disputa del espacio de la centralidad, expulsando a los residentes de rentas más bajas y cambiando los usos.

La turistificación de la ciudad-parque temático, además discurre en un marco desregulado en más de un 90%, lo cual incide muy negativamente en la habitabilidad urbana. La eventualización de viviendas con usos temporales, puntuales y rentas más elevadas que el alquiler normalizado. Ambas restan efectivos en alquiler y provocan procesos de expulsión de los residentes. Estos factores, juntos y/o separadamente interfieren en la propia dinámica mercantil de compra y de alquiler, evidenciando los niveles mínimos de la función social de la vivienda y la ausencia de instancias ciudadanas que representan otras legítimas demandas insatisfechas, urgentes.
Vivienda y fenómenos emergentes son mecanismos que ahondan en la desigualdad, las brechas sociales y las carencias de redistribución, la desregulación laboral y salarial, así como la desvirtuación del urbanismo como instrumento comprometido y responsable con la justicia urbana, no al servicio de las operaciones e intereses de las grandes corporaciones. ■
Retos y respuestas
La crisis de vivienda, especialmente tras la crisis de la burbuja inmobiliaria, ha desatado una amplia corriente de movilizaciones ciudadanas y una alarma pública en toda Europa y también aquí (CIS) por el derecho a la vivienda, demandando políticas para contener o revertir esta situación. Se han articulado medidas legislativas para limitar los alquileres, especialmente en las llamadas zonas tensionadas y se ha aprobado una Ley de vivienda (con todas sus aristas) con el objetivo de proporcionar alojamiento accesible. Pero el tema es si estas medidas van en consonancia con la gravedad de la crisis actual, con la emergencia habitacional como se dice tantas veces. La limitación de alquileres no se aplica en muchas comunidades y ciudades (y cómo no, en la madrileña) desatendiendo cualquier atisbo de justicia social.
La cuestión es que, frente a esta, podríamos llamar parsimonia (o resistencia) de las diversas administraciones, la evolución de las necesidades de alojamiento parece incrementarse aceleradamente: ¿Dónde se alojarán los emigrantes de los previsiblemente crecientes flujos de inmigración? ¿Dónde se alojarán las cohortes de jóvenes del yacimiento de fuerza de trabajo del Sur madrileño con bajo nivel de renta cuando se conviertan en población activa de empleos –con suerte- precarios?