La desigualdad territorial en la Comunidad de Madrid

Basado en el “Atlas de la desigualdad territorial en la Comunidad de Madrid”, junio de 2024. Gabinete Técnico de CCOO Madrid.

Cualquier indicador de calidad del empleo, productividad o condiciones de vida en la Comunidad de Madrid muestra una clara división entre los grandes municipios de la región, división que afecta a la propia Ciudad de Madrid, cuyos indicadores por distritos muestran gran continuidad con la de los municipios limítrofes.

Tabla 1

Es una tendencia que lejos de revertirse, parece estar agravándose, pues la mejora general de la situación del empleo y la economía tras la pandemia ha venido acompañada de una transformación productiva que privilegia los sectores de servicios empresariales concentrados en la capital, en detrimento de otros sectores más descentralizados territorialmente, como la industria o los servicios públicos.

Al mismo tiempo, el importante incremento de los precios de la vivienda sigue desplazando a más personas a destinos alejados de sus centros de trabajo, consolidando una profunda división entre municipios mayoritariamente residenciales, con peores perspectivas de empleo, y otros que concentran la mayor parte de la actividad económica y productiva de la Comunidad de Madrid. Al cierre de 2023, de los 24 municipios de más de 50.000 habitantes, 10 tienen una afiliación registrada mayor de los que residen en sus localidades. Entre ellos, destaca la Ciudad de Madrid, que por sí sola representa más del 70% de la población trabajadora total de la Comunidad. En el otro extremo, encontramos a Parla, donde las personas cuyos centros de trabajo radican en el municipio representan apenas un tercio de la población trabajadora residente (véaseTabla 1).

Esta diferencia tiene un impacto inmediato sobre la igualdad de oportunidades de las personas trabajadoras que residen en los distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Para muchas de ellas, encontrar trabajo tiene el coste de desplazarse fuera de su lugar habitual de residencia, en un doble sentido: físicamente, pero también socialmente, al implicar alejarse de las redes, instituciones e incluso marcadores culturales que en muchos casos pueden resultar determinantes para el acceso al empleo y la promoción profesional.

Movilidad forzosa

Físicamente, las disparidades entre lugares de residencia y trabajo generan una movilidad forzosa con consecuencias muy negativas para las condiciones de vida de las personas trabajadoras en la Comunidad de Madrid. Así se infiere de los elevados tiempos de desplazamiento en el área Madrid (48 minutos de media y apenas un 30% de desplazamientos de menos de media hora, según la encuesta Moovit) o el incremento en los accidentes laborales in itínere (de 9361 accidentes en 2023 a 9733 en este año, de los cuales 13 son accidentes mortales frente a los 9 del año pasado, según los datos de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO Madrid). Un desequilibrio que tiene también un elevado impacto ambiental en términos de contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero, al basarse fundamentalmente en el uso del coche privado.

En lo sociolaboral, la desigualdad en la distribución del empleo se reproduce en las diferencias en el nivel de desempleo. Al cierre de 2019 había 353.737 personas registradas como paradas en la Comunidad de Madrid (un 9,6% de la población activa), que en 2023 se habían reducido hasta los 314.982 (un 8,2% de la población activa). Pero mientras municipios como Alcalá de Henares, Aranjuez o Parla cerraron 2023 con más del 10% de paro registrado entre su población residente, municipios como Boadilla del Monte o Majadahonda tenían tasas inferiores al 5%.

Tabla 2

Existe también una correlación clara entre la menor disponibilidad de empleo y condiciones de empleo más precarias (mayor parcialidad, mayor temporalidad, peores salarios), que se reflejan, también, en mayores bolsas de pobreza laboral (véase Tabla 2).

Mientras que hay ciudades que rondan el 30% de la población ingresando menos de 12.000 euros anuales (llegando al caso extremo de Parla con un 38,4%), otras no llegan al 20%. Aunque, reflejo de las enormes desigualdades del mercado laboral madrileño, incluso en municipios con niveles medios de renta muy elevados (recordemos que, por ejemplo, Pozuelo de Alarcón supera los 38.000 euros al año frente a los apenas 12.000 de Parla), una parte no desdeñable de su población trabajadora sí tiene bajos ingresos.

Las mujeres, perjudicadas

Las diferencias por municipios se correlacionan con otras desigualdades en el mercado laboral local, como las de sexo. Así, las tasas de paro registrado municipal de mujeres son siempre mucho más elevadas que las de los hombres, pero la brecha absoluta también es más alta allí donde la tasa de desempleo general es más elevada (véase Tabla 3). 

A su vez, la desigualdad territorial es una fuente en sí misma de desigualdad socioeconómica, por ejemplo en la provisión de servicios públicos. El sistema de financiación local carece de mecanismos redistributivos relevantes entre municipios pobres y ricos, por lo que el acceso a los servicios públicos locales está fuertemente condicionado por el ingreso medio de las personas que residen en el municipio.

La desigualdad territorial, por lo tanto, es desigualdad de oportunidades y socioeconómica, siendo un factor que en sí mismo degrada las condiciones de vida y que intersecciona con otras formas de desigualdad, como la de sexos. No es casualidad, al fin y al cabo, que la esperanza de vida en Boadilla del Monte supere en casi 4 años a la de Parla. Merece, por lo tanto, ser tratada como un problema de primera magnitud en nuestra región, que se caracteriza ya por niveles de desigualdad muy superiores a los que le correspondería por su nivel de ingresos.

De hecho, podríamos aventurar que la invisibilización de la desigualdad territorial en el debate público tiene como objetivo invisibilizar la desigualdad en sí misma: en tanto que permite presentar fenómenos de pobreza y exclusión social como característicos de determinados municipios o distritos alejados de los centros económicos más dinámicos de la región, en lugar de considerar que es un mismo modelo social y productivo el que reproduce tales diferencias.

Tabla 3

Mejorar la vida

Existe una dimensión transversal, en consecuencia, de la lucha contra la desigualdad territorial: mejorar la vida de las personas que viven en las periferias de la Comunidad de Madrid supone mejorar las condiciones laborales y sociales de las personas trabajadoras de la región en su conjunto. 

Como apuntábamos al inicio, la desigualdad territorial tiene también un componente productivo sectorial. Aquellos municipios y distritos de Madrid con mejores ingresos y mejores condiciones laborales son aquellos donde hay una mayor presencia del sector de servicios a empresas y financieros. En dichos territorios (como Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte, pero también Chamberí o Chamartín) hay además una gran presencia de personas afiliadas en ocupaciones que requieren una mayor cualificación

En los territorios del sur, ya sea a nivel regional (como pueden ser Arganda del Rey o Pinto) o a nivel de segregación urbana (como Usera o Puente de Vallecas), la actividad económica es más reducida y hay una mayor presencia de otro tipo de servicios de menores salarios. Aquí los niveles de renta son más bajos, la ocupación se concentra en profesiones de menor cualificación y hay una mayor proporción de personas trabajadoras temporales o con jornadas parciales. Podríamos además dividir los territorios del sur entre aquellos ubicados en el este y en el oeste. Los territorios al sureste, por regla general, tienen mejores resultados que los territorios del suroeste. Al este encontramos una mayor presencia del sector industrial, mientras que al oeste su presencia es marginal.

Esto provoca que, de media, haya una mayor actividad económica, más empleo y de mejor calidad. 

Es necesario otro modelo 

Debe replantearse el modelo de desarrollo territorial de la Comunidad de Madrid, en dos sentidos: a) apostando por un modelo productivo más diversificado, que fomente aquellas actividades como la industria que tienen la capacidad de reequilibrar el territorio de la Comunidad de Madrid, y b) con una política territorial de usos del suelo y vivienda que apueste por poner freno a las actividades especulativas y depredadoras de territorio, con el fin de asegurar una distribución más equilibrada de las actividades productivas y residenciales, garantizar el derecho a la vivienda y favorecer un modelo de movilidad más sostenible y ordenado. 

Finalmente, las inversiones del sector público deben dotarse de un enfoque territorializado y recursos suficientes. Esto permitiría un incremento de la provisión de servicios públicos que operan como factor de reequilibrio territorial, así como una mayor atención a aquellos municipios con mayores necesidades. ■

Bloque de pisos en Parla