“Doy gracias a la vida por estar vivo y poder seguir luchando por los derechos humanos de mi país”
Tras la celebración del Día de los Derechos Humanos, hemos conversado con Miguel Rogel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), el cual nos ha contextualizado la situación política y social de su país en materia de derechos fundamentales.
Dirección: Luis Lombardo. Texto: Inmaculada Martínez. Fotos y vídeo: Fran Lorente. Montaje y edición vídeo: Edu Mesa
Fiel promotor de la libertad, Miguel Montenegro lleva cuarenta años trabajando por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo, no sólo en el país centroamericano.
A través de sus gafas, observa el mundo desde un dolor callado que le muerde el alma, como víctima perseguida, arrestada y torturada por visibilizar y defender la violación de los derechos humanos en El Salvador durante 12 años. “Doy gracias a la vida por estar vivo y poder seguir luchando por los derechos humanos de mi país”.
Montenegro no quiere más dolor, no quiere que el miedo vuelva a calar en los poros de la tierra y del pueblo salvadoreño. Sobre todo, no quiere olvidar ni que las nuevas generaciones olviden sus raíces, su propia identidad, el origen y la historia del pueblo al que pertenecen. No quiere que se olviden las voces ahogadas de los asesinados y desaparecidos.
Nacimiento de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
El pueblo salvadoreño tiene una historia cargada de violencia que llega a su punto álgido en la década de los 70, año en que se inició un proceso de militarización, enlazado a una herencia impuesta de gobiernos militares casados con la oligarquía salvadoreña. El ala más dura del ejército y estructuras paramilitares, conocidas como los Escuadrones de la Muerte, se hacen con el control absoluto del país, arrasando a su paso contra cualquier acción contraria al régimen con asesinatos y desapariciones.
Ante la represión ejercida contra el pueblo salvadoreño por parte de un gobierno dirigido por militares, empiezan a surgir las primeras organizaciones defensoras de los derechos humanos. Una de ellas fue la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). “La CDHES se funda en 1978 con la idea de defender los derechos humanos de nuestro pueblo. Uno de los principales impulsores de la creación de la Comisión fue monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien denunciaba las violaciones de los derechos humanos en sus homilías dominicales», explica Miguel Montenegro.
Las mujeres y hombres integrantes de la Comisión lograron documentar hechos graves como torturas, desapariciones y masacres donde los cuerpos de seguridad y los Escuadrones de la Muerte ejercían una política llamada “tierra arrasada», método de extermino que destruye poblaciones enteras donde supuestamente tenía mayor actividad la guerrilla. Un ejemplo del uso de este método de exterminio fue la masacre de El Mozote. En la búsqueda de guerrilleros, esta población fue arrasada por la Fuerza Armada Salvadoreña, asesinando a 978 civiles, entre ellos 553 niños, y 422 adultos, incluyendo a 12 mujeres embarazadas.
Como consecuencia del trabajo de investigación en el que la CDHES consiguió documentar y condenar la violación de los derechos humanos en El Salvador, empezaron las represalias. Sus integrantes comenzaron a sufrir la represión con capturas, desapariciones, asesinatos y torturas de sus miembros, entre ellos el propio Miguel Montenegro. “Había mucho temor. Trabajábamos de forma clandestina y bajo pseudónimos. Teníamos miedo de que tomaran represalias contra nosotros y nuestras familias”.
En 1986 Montenegro fue arrestado junto a otros 5 compañeros de la CDHES. Fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas en las dependencias de la Policía de Hacienda.
Posteriormente, fueron trasladados al Penal de Mariona, donde varios miembros de la Comisión se reencontraron y consiguieron entrevistar desde dentro de la cárcel a más de 1.000 presos políticos. “Conseguimos introducir en el penal, clandestinamente, una cámara de fotos y una máquina de escribir. Documentamos hasta 40 tipos de torturas que sufrimos en los cuarteles del ejército aplicadas por los cuerpos de seguridad. Un compañero preso se encargó de dibujar las torturas aplicadas”.
Tras salir del penal y una vez recopilado todo el material, publicaron el documento y lo titularon “La tortura en El Salvador”, donde se demostró con testimonios, fotografías e ilustraciones, que la aplicación de la tortura en los cuarteles del ejército salvadoreño era real.
Acuerdos de paz y ley de amnistía
Con los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992, se abrió un atisbo de esperanza ante la posibilidad de un nuevo proceso democrático: desaparecieron los batallones, los escuadrones de la muerte y los cuerpos de seguridad; se redujo la Fuerza Armada y se formó una nueva Policía Nacional Civil y una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. También se creó una Comisión de la Verdad, para investigar los abusos contra el pueblo salvadoreño. Dicha Comisión presentó un informe final titulado «De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador«, en el cual se dieron a conocer los casos más graves de violación de derechos humanos, incluyendo recomendaciones para evitar que se volviera a repetir esta situación en el futuro. Sin embargo, ese informe fue rechazado.
No hubo un proceso de investigación, ni enjuiciamiento de los crímenes que se cometieron, y con la posterior aprobación de una Ley de Amnistía por la Asamblea Legislativa, se garantizó protección e impunidad a los causantes de esos crímenes. “Se protegió a los victimarios y se dejaron desprotegidas a las víctimas”, lamenta Miguel Montenegro.
En 2016, la ley de amnistía de 1993 es declarada inconstitucional, abriendo la posibilidad de que las víctimas y sus familiares pudieran denunciar los abusos ante las instancias correspondientes.
“Lo que más nos interesaba era que se creara una ley de justicia transicional que estableciera medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”, señala Montenegro.
No hubo muchos avances, ya que los gobiernos seguían negando el enjuiciamiento directo de los responsables de esos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra.
Nayib Bukele elegido presidente: el “mesías” populista
Cuando Nayib Bukele gana las elecciones en 2019, tenía muy claro cómo quería gobernar, y ha sabido jugar sus cartas con un matrimonio de ases en la manga: populismo y redes sociales. Se convierte es una especie de “Mesías” que ha venido a salvar al pueblo salvadoreño de la corrupción y la violencia de las pandillas en las calles. Además, incorpora a su gobierno un “toque de modernidad” con la incorporación del bitcoin como moneda de curso legal.
Primeramente, Bukele muestra una actitud solidaria con las víctimas de la guerra, donde les promete el reconocimiento de esos crímenes. Además, borra el nombre del Coronel Monte Rosa de la fachada del edificio de la Tercera Brigada de Infantería, por ser señalado como uno de los principales perpetradores de la matanza de El Mozote.
La esperanza se empezó a opacar cuando Bukele negó los archivos de la Fuerza Armada “Siguió garantizando la impunidad. Siguió manteniendo esas heridas abiertas”, asevera Miguel.
Al tomar posesión de la presidencia, Nayib Bukele se hizo con el control del poder judicial y legislativo ante un pueblo obnubilado por el nuevo “chico de oro”. Se encargó de destituir la sala del Constitucional, cambió la Fiscalía e instaló una nueva Asamblea Legislativa en la que los partidos afines tienen mayoría.
El 31 de agosto de 2021 la Asamblea aprobó una nueva Ley de la Carrera Judicial, que jubila automática y obligatoriamente a jueces que tengan más de 60 años o que ejerzan más de 30 años de carrera. “Sustituyó a jueces y fiscales para poner en su lugar a nuevos miembros afines a su gobierno. Cada vez acumulaba más poder”, incide Miguel Montenegro.
Bukele impulsó una reforma constitucional con nuevos magistrados nombrados por él, que reinterpretan la Constitución e incluyen la extensión del mandato presidencial a 6 años, permitiendo así poder presentarse a las próximas elecciones en 2024.
Maras y estado de excepción: el país más violento del continente
La situación de inseguridad en las calles ante la agresividad de las pandillas sirvió como justificación a Bukele para ejercer más represión, estableciendo un plan de control territorial para combatir la criminalidad de las maras.
Las pandillas salvadoreñas ya existían desde la década de los 60, pero migraron a EE.UU. ante la situación de guerra civil en que se encontraba El Salvador. En los suburbios de Los Ángeles se agruparon en comunidades y se consolidaron como organizaciones, donde se formaron las dos principales pandillas: la Mara Salvatrucha, fundada por salvadoreños, y la Mara 18, fundada por mexicanos, creando una descontrolada expansión y una oleada de crímenes que provocó que fueran deportados en masa a sus países de origen.
Los mareros deportados llegaron a un Salvador devastado por la guerra. Ante un contexto de crisis política, económica y social, las maras fueron asentándose y consolidándose como auténticas organizaciones criminales. La virulencia de las pandillas llegó a tal punto que en 2015 El Salvador fue considerado el país más violento del continente, con 6.656 homicidios y una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. A partir de ahí, el gobierno empezó a utilizar a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.
En 2019 Bukele es elegido presidente, focalizando su campaña a golpe de tuits y discursos populistas centrados en erradicar las maras. Tras un brutal atentado marero el 23 de marzo de 2022, decretó el estado de excepción (prorrogado hasta la actualidad) y desarrolla una militarizada campaña para “limpiar los municipios” de las maras, quedando suspendidas todas las garantías constitucionales del país.
Con la destitución de jueces de la corte suprema y del fiscal general, Bukele lleva a cabo una reforma del código penal que endurece las penas a los pandilleros y establece un régimen de excepción que permite detenciones arbitrarias y suspensión del derecho de defensa de los arrestados. Cualquier persona puede ser considerada sospechosa bajo un criterio indiscriminado de supervisión dominado por las fuerzas de seguridad salvadoreñas. “No es comparable la represión actual con la sufrida durante la guerra civil, pero la gente tiene miedo”, afirma Montenegro.
Miguel y la CDHES denuncian que esta política represiva y militarizada de Bukele se acerca al autoritarismo y pone en el peligro la democracia del país: “El estado de excepción suspende varios derechos constitucionales, entre ellos, ser informado de los motivos de la detención, o el derecho a un abogado. Se celebran audiencias colectivas y los abogados de oficio están desbordados”.
Detenciones arbitrarias, hacinamiento en cárceles y desapariciones
Las detenciones masivas e indiscriminadas de cualquier persona que pueda ser considerada sospechosa, hace que se extralimite el espacio de los centros penales: “sobrepasan los 100.000 presos recluidos en diferentes cárceles del país, con un nivel de hacinamiento total”. “Todos estamos a favor de combatir la inseguridad, pero los procedimientos de Bukele para intentar conseguirlo no son los adecuados”, asegura Montenegro.
Hasta el momento, no se conoce un informe oficial de las personas fallecidas en las cárceles. El gobierno no realiza autopsias ni investigación de la muerte, a las que se les atribuyen causas naturales. “Los familiares ven claros indicios de tortura en los fallecidos. Muchos de ellos se han enterrado en fosas comunes sin ser identificados”.
Según nos relata Montenegro, la mayoría de las veces, las propias funerarias confirman las muertes. Tienen contacto con hospitales, policía o el Instituto Médico Forense. “En muchas ocasiones, las funerarias fotografían los cadáveres que se entierran en fosas comunes y se las venden a las familias que están buscando a los desaparecidos. Es muy cruel”.
“Sanar es conocer la verdad y saber dónde están los desaparecidos”
El trabajo de Miguel Montenegro y de la CDHES sigue y seguirá siendo luchar por los derechos del pueblo salvadoreño. Luchar contra la impunidad, por la reparación de los daños del pasado y por la defensa de los derechos en el presente. Luchar para que se sepa la verdad y poder sanar las heridas.
“Sanar es conocer la verdad, y conocer la verdad es saber dónde están los desaparecidos, reconocer la violación de los derechos humanos. Pedir perdón es algo que contribuye a sanar las heridas. Las víctimas de este país pueden llegar a curar esas heridas siempre y cuando se conozca la verdad y se haga justicia, sea el gobierno que sea”, concluye Miguel Rogel Montenegro.