Las consecuencias de la dejadez política
Cuando Encarna López, delegada de CCOO de residencias públicas en la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), empezó a trabajar como técnica en cuidados auxiliares de enfermería hace más de dos décadas en la residencia pública Reina Sofía, en Las Rozas, las cosas eran bien distintas. Las residencias eran para los mayores de aquella época como un hotel con todos los servicios incluidos para que ellos solo se tuvieran que preocupar de disfrutar de la vida. “Recuerdo que llegaban en coche, lo dejaban en el aparcamiento y salían y entraban cuando querían. Ahora llegan más mayores, en peores condiciones y con muchas patologías”.
De los cerca de 500 geriátricos que operan en la región, únicamente 25 son de titularidad y gestión pública, con una oferta de 4.591 plazas para dependientes y 1.667 para no dependientes, cifras ridículas para una comunidad donde la población mayor de 65 años se acerca al 20% (1.154.255 personas). Según detalla el libro de Manuel Rico, 12 de esas 25 se construyeron antes de 1978 y otras 11 entre 1979 y 1994, año anterior a la llegada del PP al gobierno regional. Desde entonces solo se han inaugurado dos. Cierto que se han abierto otros 52 geriátricos propiedad de la Comunidad de Madrid pero su gestión está en manos privadas.
Hasta 1994 se abrieron 23 residencias públicas. Desde que gobierna el PP, sólo dos”
Durante la primera ola fallecieron en las 25 residencias madrileñas públicas 644 ancianos y ancianas. El tamaño, un factor de riesgo para la entrada y propagación del virus, jugó en contra. Los geriátricos públicos madrileños son gigantescos, con una media de 250 plazas, y 11 superan esta cifra. La macroinstalación Doctor García Bueno, con 617 plazas y ubicada en el distrito de Fuencarral-El Pardo, es posiblemente la más grande de Europa. Deberíamos mirar, como propone Manuel Rico, a los países nórdicos, que hace décadas dejaron de construir megainstalaciones para optar por espacios con dimensión de hogar para veinte personas como mucho.
“En las públicas también se aplicó el protocolo de Ayuso de no derivar residentes a los hospitales, pero a diferencia de las de gestión privada sí contamos con personal sanitario las 24 horas del día, y además la gerencia dio la orden de contratar todo el personal que hiciera falta”, aclara Encarna López. “La plantilla se entregó, trabajó sin descanso y con mucha profesionalidad. En la Reina Sofía, el personal médico estuvo en contacto con el Hospital Puerta de Hierro para saber cómo actuar. Si no, los muertos habrían sido muchos más”.
Los países nórdicos construyen geriátricos con dimensión de hogar
“Las residencias tendrían que ser todas públicas porque no se puede hacer negocio a costa de nuestros mayores”, defiende la responsable sindical. López considera que lo ocurrido en las residencias durante la primera ola de la pandemia es consecuencia de la “dejadez de los políticos madrileños hacía el sector de los cuidados, y por eso nos pilló como nos pilló. Y encima la señora Ayuso decidió que no había que llevar a los residentes al hospital. Reyero dimitió, nuestro gerente Óscar Álvarez López dimitió y Ayuso debería asumir también su responsabilidad”.
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