Por Carmen Vidal, secretaria de Comunicación de CCOO de Madrid
Podemos afirmar que los medios de comunicación se han convertido –de hecho- en el segundo poder fáctico de nuestros sistemas políticos. A su vez, los medios de comunicación actuales se encuentran dentro de grandes grupos multimedia, de holdings cuyos inversores y accionistas pertenecen a las multinacionales que dominan el poder económico y financiero.
Las personas con un mínimo de inquietud democrática debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿queremos que uno de los poderes fácticos más poderosos esté exclusivamente en manos de intereses privados?, ¿entiende la ciudadanía que la posibilidad de tener una información plural y veraz, donde estén representados los diferentes puntos de vista, y que recoja una visión amplia del mundo es una necesidad básica?
La capacidad de toma de decisiones lo más libre posible no se cubre únicamente desde el ámbito de la enseñanza, sino que debe protegerse a lo largo de toda la vida del ciudadano, por lo que es indispensable que el acceso a la información sea un servicio público de la misma relevancia que la educación pública.
La defensa de los medios de comunicación públicos debe hacerse de manera inteligente, desde posiciones de salvaguarda de los derechos democráticos de ciudadanía. No podemos caer en la tentación de denostarlos dependiendo del color del Gobierno, o caer en el tentador discurso sobre los gastos “superfluos” del Estado y los prioritarios. No podemos abandonar la premisa de unos medios públicos transparentes, amparados legalmente, participados y donde sus profesionales vean protegida su independencia. No podemos cejar en la defensa del acceso a una información veraz como derecho básico y que debe ser garantizado por los poderes públicos.
