Qué pasa con la educación

La política educativa del PP agranda la brecha entre ricos y pobres en la Comunidad de Madrid
Texto: Alejandra Acosta // Fotos: Fran Lorente
“Érase una vez un niña que se llamaba Carolina, tenía 11 años, se coló por la reja y entró en el colegio Manuel Núñez de Arenas, tenía muchos problemas en su vida, su casa estaba en ruinas y se quedó a vivir en el cole…”. La autora de este cuento es una escolar que cursa 4 º de Primaria en el Núñez de Arenas, un centro de titularidad pública ubicado en el Pozo del Tío Raimundo, uno de los barrios más deprimidos de Puente de Vallecas. Un compañero de la misma clase recrea para el mismo taller literario la historia de “Javier, el niño pobre, que soñaba con jugar al fútbol pero sus padres no tenían dinero para apuntarle…”. El primer relato no acaba bien, la niña muere, pero el segundo tiene final feliz porque a los progenitores de Javier les toca la lotería de Navidad. Con tan sólo ocho años ambos colegiales describen con toda crudeza lo que significa nacer en una familia sin recursos y vivir en un barrio desfavorecido. Lo que quizá no sepan todavía es que lo que narran ocurre en la región más rica de España, cuya renta per cápita (34.916 euros) supera en casi 5.000 euros la media europea. No lo entenderían.
El modelo educativo ultraliberal y neoconservador que los gobiernos del PP han implantado en Madrid arrincona a la escuela pública en favor de la privada, generando segregación socioeconómica, inequidad y desigualdad. Es, además, la comunidad autónoma que menos gasta por alumno/a en las enseñanzas no universitarias y la que menos porcentaje del PIB destina a educación.
El modelo educativo de la Comunidad de Madrid, implantado por Esperanza Aguirre, está generando los índices de segregación escolar –por motivos económicos, sobre todo, es decir, agrupar a los estudiantes según sean pobres o ricos– más elevados de España y Europa. En palabras de la secretaria general de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, la política educativa madrileña “es un instrumento para reproducir y generar desigualdad de cara a un modelo productivo precario y lo vamos a pagar en forma de fractura social”.
Colegios gueto
No se trata de una opinión alarmista. La segregación y la desigualdad son cuantificables. La investigación dirigida por F. Javier Murillo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, director de la Cátedra de la UNESCO en Educación para la Justicia Social y coordinador del grupo de investigación Cambio Educativo para la Justicia Social, de la Universidad Autónoma (UAM), sitúa el índice de segregación escolar por motivos socioeconómicos en la Comunidad de Madrid en el 0,41%, el más alto de todas las comunidades españolas y el segundo más elevado de Europa después de Hungría.
Un niño o una niña pobre tiene ocho veces más posibilidades de repetir curso que otro que no lo sea
Los estudios de Save the Children apuntan en la misma dirección. El informe “Mézclate conmigo”, presentado hace pocos meses, señala que cuatro de cada diez colegios en Madrid sufren concentración de alumnado vulnerable y dos de cada diez son guetos, es decir, registran una concentración superior al 50%. “Cuando las condiciones socioeconómicas del alumnado tienen un impacto importante en sus resultados escolares hablamos de inequidad, y el sistema educativo de la Comunidad de Madrid es el más inequitativo de toda España”, afirma Lucía Martínez, una de las autoras de este informe. “En Madrid”, detalla, “un niño o una niña pobre tiene ocho veces más posibilidades de repetir curso que otro que no lo sea, lo que indica cuán inequitativo es el sistema educativo madrileño”.
El abandono educativo temprano desciende en todos los quintiles de renta menos en el de los más pobres
Incluso los datos positivos de este modelo educativo ponen de manifiesto su inequidad. Por ejemplo, Madrid es la región con menor tasa de Abandono Educativo Temprano (AET). En 2017 fue del 13,9% frente al 18,3% nacional. Hasta aquí, muy bien. Pero ‘casualmente’ desciende en todos los quintiles de renta menos en el de los más pobres, que no sólo no baja sino que aumenta un 7,6%. Este alumnado pobre, describe Save the Children, procede de un nivel socioeconómico bajo, dispone de menos recursos en el hogar, sus progenitores tienen baja formación académica, está menos satisfecho con su vida, obtiene peores resultados académicos, tiene pocas expectativas de cursar estudios superiores y dispone de menor apoyo emocional de padres y madres.

Ojos que no ven
¿Pero de cuánta ciudadanía afectada estamos hablando? ¿Cuántos niños y niñas van a heredar la pobreza de sus padres y madres porque son arrinconados por el sistema educativo? También está cuantificado. El estudio sobre “Pobreza y Desigualdad” realizado por CCOO de Madrid, con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), advierte que el 20% de la población madrileña es pobre y que en ese porcentaje están incluidos 270.000 niños y niñas. No es una denuncia sindical exclusivamente. El último informe Foessa, de Cáritas, presentado el pasado mes de octubre, cifra en un millón las personas que están en riesgo de exclusión social (16,2% de la población) en toda la región. “La vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema y su invisibilidad para los partidos políticos son algunas de las barreras a las que se enfrentan”, describe el informe de Cáritas, que destaca también que la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre en la Comunidad de Madrid es la más alta de España.
“El modelo educativo madrileño es un instrumento para generar y reproducir desigualdad”
Pero las evidencias no cuentan para quienes gobiernan la región. El actual consejero de Educación, Enrique Ossorio, no se quiere creer los datos de pobreza. En una entrevista reciente al diario El País afirma que “yo paseo por la Comunidad de Madrid y sinceramente pienso que eso no es así”. Dependemos, pues, de la agudeza visual del consejero. A este respecto, Save the Children se queja de que los gobiernos regionales tampoco quisieron ver el problema de la segregación, un negacionismo que impide implantar las políticas que hacen falta.
Menos gasto por alumno/a
Nos encontramos, por tanto, con que la redistribución de la riqueza y las políticas sociales de la administración madrileña no es que no funcionen. Simplemente, no existen porque no las consideran necesarias. La misma losa pesa sobre la educación. Fíjense a continuación en los presupuestos destinados a este capítulo.
El gasto por alumno/a en el sistema público en enseñanzas no universitarias en Madrid fue de 4.591 euros en 2016 (el último dato que se conoce), el menor de toda España. La media fue de 5.607 euros y la comunidad que más gastó fue el País Vasco, prácticamente el doble (8.973 euros por alumno/a).
En los presupuestos generales de 2019, se destina a educación el 2,13% del PIB (4.923 millones), cuando la media estatal está en un 4,24%. Si nos atenemos a las enseñanzas no universitarias, los presupuestos descendieron de forma continuada desde 2012 (1,79% del PIB) hasta 2017 (1,59%), y este año estamos en el 1,65%. Sin embargo, las subvenciones a los centros privados a través de los conciertos educativos en la enseñanza no universitaria experimentan un aumento permanente de más del 25% desde 2011. Precisamente, el enorme peso de la enseñanza concertada en Madrid es uno de los factores de segregación, aunque no el único.
El gasto público por alumno/a en enseñanzas no universitarias en Madrid es el menor de toda España
Tampoco ve virtud el consejero Alfonso Ossorio en aumentar los recursos para la enseñanza pública. “Gastar más no es un bien en sí mismo”, alega sin ruborizarse y en clara discrepancia con Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE y coordinador del informe PISA, quien reclama más inversiones para ayudar a los estudiantes desfavorecidos.
La presencia en la actual Consejería de Educación de cargos políticos que ya ejercieron responsabilidades con Lucía Figar, o con el ex ministro José Ignacio Wert, preocupa, y mucho, a la Secretaría de Enseñanza de CCOO de Madrid. Para Isabel Galvín, no se puede entender el Madrid que sufrimos hoy sin remontarnos a Esperanza Aguirre, a la que define como “la ideóloga del régimen”. La expresidenta madrileña, sostiene Galvín, “diseñó un plan muy bien pensado desde el paradigma neoliberal y ultraconservador, y la educación fue su instrumento clave. Los recortes y la mercantilización de la educación comenzaron antes de la crisis, y por la educación infantil”.
F. Javier Murillo reitera que “un sistema educativo con una fuerte segregación, con políticas neoliberales, genera sociedades desiguales. El caso de Chile es un excelente ejemplo”.


Infantil, donde todo empieza
En 2008, un decreto del gobierno regional desregula la educación infantil. “La segregación empieza en esta etapa, decisiva para perpetuar la desigualdad porque la perpetúa aquí y ahora y en el futuro”, manifiesta Galvín. La desregulación, explica, dio paso a una normativa muy flexible que permite abrir escuelas infantiles en pisos y bajos de edificios que no cumplen las condiciones. Llegaron empresas en busca de negocio mientras que proyectos comprometidos con la educación se vieron obligados a marcharse. Al tiempo aprueban el cheque guardería, al que, tal como está baremado, tienen acceso sobre todo las familias con más recursos. En su momento fue un escándalo que la consejera Lucía Figar, con unos ingresos acreditados de más de 100.000 euros lo cobrara, mientras que una familia monomarental o con uno de los dos progenitores en paro, o los dos, no puede, ni antes ni ahora, acceder a esta ayuda. A pesar de las fuertes críticas, el cheque se mantuvo tal cual.
“Las clases medias en Madrid están demandando una educación pública que el PP les niega”
“La derecha no gobierna para el interés general”, critica Galvín. “Redistribuyen a la inversa: dan más a los que más tienen y se lo arrebatan al pobre. Por eso quieren bajar los impuestos”. Es lo que en Save de Children llaman “efecto Mateo”, por el versículo 13:12 del Evangelio: “Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”.
Como consecuencia, se produce una desescolarización masiva en Infantil. El último informe de Save the Children, titulado “Donde todo empieza”, evidencia que en la Comunidad de Madrid los niños y niñas con rentas más bajas no están accediendo a la educación infantil de primer ciclo (0-3 años). Por ejemplo, en Pozuelo de Alarcón, con una renta media de 84.000 euros anuales, la tasa de escolarización en esta etapa es del 83%, mientras que en Collado Villalba, con 32.000 euros de renta media, la tasa desciende al 57%. El criterio de premiar a quien trabaja ha provocado desventajas para las familias con una situación económica difícil. Por descontado, las plazas públicas son muy escasas y no cubren, ni de lejos, la demanda. Tan sólo el 20,6% de los niños y niñas menores de 3 años están escolarizados en centros públicos en la Comunidad de Madrid.
Daño de largo alcance
“Las garantías que te da la escuela pública no te las da un centro privado”, apunta Ana Luisa López, una maestra de infantil recién jubilada tras cuatro décadas de ejercicio en la enseñanza pública. Se lamenta de haber dejado la Educación Infantil mucho peor que cuando empezó. “Me voy con el alma estremecida”, comenta apenada. Nada queda de los buenos tiempos, asegura, cuando se abrían escuelas infantiles públicas de gestión directa, se cuidaba mucho la dotación, la dirección participaba en todos los detalles del proyecto arquitectónico, no había apenas segregación y las ratios permitían atender las necesidades individuales de cada escolar. “Con la llegada de Esperanza Aguirre todo se descuajeringó”, resume. Una daño de largo alcance por cuanto, subraya esta maestra, la educación hasta los tres años y la detección temprana de los problemas de aprendizaje de niños y niñas es esencial para el desarrollo cognitivo.
Save de Children pone de relieve que sólo uno de cada cinco niños menores de 3 años acuden a una escuela pública y que, además, la política de gratuidad de las escuelas infantiles del gobierno autonómico “no cubre el horario ampliado ni el comedor escolar, y que sin un aumento del número de plazas no va a fomentar la equidad, ya que muchos niños se quedan sin escolarizar y la calidad no está garantizada”.

El peso de la concertada
El informe de la OCDE “Equidad en la Educación: superar las barreras a la movilidad social”, presentado hace justo un año, advierte de que la brecha en el desarrollo educativo del alumnado en función del nivel socioeconómico ya está abierta a los 10 años de edad y se extiende toda la vida. Hay tres factores señalados de forma unánime por todas las investigaciones como causa de segregación e inequidad educativa en la Comunidad de Madrid: el peso de la escuela concertada, el programa bilingüe y el decreto de libre elección de centro escolar.
“Incluso antes de la LOMCE, en Madrid la educación deja de ser un derecho para ser un bien social, y como bien, se compra y se vende”, arguye Galvín. Entre 2009 y hasta la llegada de Cristina Cifuentes en 2015, noventa parcelas ubicadas en terrenos dotacionales previstos para escuela pública se ceden para la construcción de centros concertados, y cuando se construyen públicos se hace por fases, “otro de los engranajes del PP”, afirma la secretaria de Enseñanza de CCOO de Madrid. La intención del gobierno de Isabel Ayuso es continuar por esta senda, a tenor de las declaraciones de su consejero de Educación: “Si los padres quieren concertada, habrá más concertada”, obviando que en muchos barrios de Madrid y en muchas localidades de la región las familias optan por un centro concertado por la menor presencia de escuelas públicas. Galvín desmiente al consejero y asegura que “las clases medias en Madrid están demandando una educación pública que el PP les niega”. ¿Pero cuál es la vinculación de la concertada con la segregación?
Aunque en teoría los centros concertados, al igual que los públicos, son gratuitos, la realidad es que cobran cuotas que oscilan entre los 80 y 180 euros mensuales, según Save the Children, lo que supone para las familias un promedio de entre 800 y 900 euros por curso. Por tanto, primera barrera de entrada para el alumnado con menos recursos económicos. Se añade además que ofrecen una escolarización sin cambiar de centro desde infantil hasta bachillerato, mientras que en la pública hay que cambiar al instituto para cursar la ESO, y en muchos concertados funciona la jornada partida, que permite mayor conciliación a los progenitores.

Libertad de elección, ¿para quién?
Y además de todo lo dicho, la escuela concertada, por más que lo niegue, selecciona. Es vox populi. “Yo he tenido niños con necesidades especiales que estaban en la pública mientras sus hermanos estaban en la concertada. Los padres me explicaron que el centro concertado alegó que no podían atender esas necesidades especiales”, cuenta Sandra Murillo, maestra de Primaria en el colegio público La Paloma y que fue durante seis años delegada sindical de CCOO.
En cuanto al programa bilingüe, está demostrado que atrae al alumnado con mayores recursos económicos y expulsa al que proviene de familias menos favorecidas. “El modelo de bilingüismo de Aguirre no se sostiene desde ningún punto de vista, no está refrendado por ninguna corriente profesional ni científica y ahonda en las desigualdades entre el alumnado madrileño”, asegura Galvín. Del mismo modo, Save the Children concluye que el programa bilingüe en Madrid, tal como está diseñado, supone una barrera de entrada para el alumnado más desfavorecido.
Por otra parte, en 2013 el gobierno regional aprobó el decreto de libre elección de centro escolar que modifica las condiciones de admisión del alumnado y ofrece la posibilidad a las familias de desplazarse a distritos distintos al de su residencia. Esto es una ventaja sólo para quien pueda asumir los gastos de transporte para el desplazamiento, pero es que además el decreto, en la práctica, permite a los centros seleccionar a su alumnado. En realidad, con este sistema, las familias eligen a qué centro no quieren ir, pero no al que quieren ir.
“El colegio”, concluye Isabel Galvín, “es el único lugar donde los niños y niñas pueden convivir con la diversidad, con todas sus diferencias. Si no nos juntamos en el colegio, no nos juntaremos nunca”.


Protagonistas de su aprendizaje
“Los niños y niñas que viven en contextos difíciles enseñan mucho a los que disfrutan de vidas acomodadas”, observa Marta González, directora del colegio público Manuel Núñez de Arenas, ubicado en el Pozo del Tío Raimundo. Esta experimentada y decidida maestra, acompañada por un equipo de 16 docentes, ha logrado en ocho años dar la vuelta a la tortilla: transformar un centro gueto –con concentración de alumnado pobre superior al 90%– en una escuela de referencia en el que familias de clase media de otras zonas de Madrid solicitan plaza atraídas por un proyecto educativo que prescinde de los libros de texto, no manda deberes y trabaja por proyectos. “Nos propusimos ofrecer a niños y niñas, en su mayoría de etnia gitana, lo que se merecían, una educación de calidad. El primer paso fue elaborar materiales propios y formarnos en otras metodologías”, explica Marta.
Desde entonces el centro ha experimentado un cambio profundo, ya no es un colegio gueto y en sus aulas se mezclan niños y niñas de muy diversas procedencias y niveles socioeconómicos que se han convertido en protagonistas de su aprendizaje. De las cinco solicitudes de plaza del primer año del cambio de método han pasado a las sesenta en este curso. Son familias que antes hubieran optado, sin dudarlo, por un concertado. En el Núñez de Arenas hay talleres de huertos, costura, libros, arte, periódicos, cocina, teatro, cuentan con un proyecto artístico propio y disfrutan de una hora más de música. “Trabajamos por una escuela a la que niños y niñas quieran venir y sean felices”. Ningún consejero o consejera de Educación ha visitado nunca este centro. Deberían hacerlo.
Docentes al rescate
En The Wall, la película de Roger Waters (Pink Floid) aparece una representación simbólica de la educación: un grupo de niños y niñas caminan por una pasarela hacia una moledora de carne para convertirlos en una masa homogénea. Uno de esos pequeños podría haber sido Stefan Jan Baumann, un joven de 33 años de origen alemán al que el sistema educativo madrileño obligatorio no le dio la más mínima opción. “No aprendí nada en el Instituto. A los que teníamos dificultades para seguir las clases nos pasaban de curso, aunque suspendiéramos. Yo alucinaba y dejé de ir a clase”. Todo parecía perdido para Stefan cuando le propusieron probar suerte en la UFIL (Unidad de Formación e inserción laboral) de Puerta Bonita, en el distrito de Carabanchel, un recurso público con 145 plazas para jóvenes en riesgo de exclusión dirigido por el profesor José Luis Gordo. “En el Puerta Bonita encontré a docentes a los que yo les importaba. Se preocupaban por que aprendiera y me dieron un apoyo emocional increíble”. Stefan llegó con la autoestima tan baja que cuando sacaba buenas notas en matemáticas o lengua pensaba que lo hacían para animarle. En la UFIL aprendió hostelería durante dos años y en menos de un mes ya estaba trabajando, primero como aprendiz, y de ahí “para arriba en empresas internacionales de catering”. Ahora prueba suerte en una empresa de estudios farmacéuticos. “Cuando me dicen que dónde voy sin la ESO yo les digo que tengo idiomas, actitud y confianza, gracias a la UFIL. Aquí creyeron en mí”.
Khadija Cisse, 26 años, jefa de cocina del restaurante madrileño “Olivia te cuida”, también se formó en la UFIL. “Allí me encontré con una familia, aprendí español y la mejor profesión con la que yo podía soñar. Los fines de semana deseaba con todas mis fuerzas que llegara el lunes. Hay pocas escuelas que te den tanto. Gracias a la UFIL tengo mi trabajo, mi casa y soy feliz”.
“En el Puerta Bonita encontré a docentes a los que yo le importaba. Me dieron un apoyo emocional increíble”
El director, José Luis Gordo, refiere que el alumnado de las UFIL, en la mayoría de los casos, son chicos y chicas que han pasado por el sistema educativo sin que nadie se haya fijado en ellos. “Llegan con la convicción de que no valen para nada, pero cuando les devuelves la confianza en sí mismos todo se transforma”. El proyecto, con un equipo de 21 docentes, consigue una inserción laboral del 80%.

Al rescate de los rescatadores
Isabel Galvín, Secretaria General de la Federación Regional de Enseñanza de Madrid (CCOO)
Los números cantan. La educación en Madrid tiene hoy 2.214 docentes menos que en 2009. Sólo aumenta la temporalidad: 62% más de profesorado interino que hace una década y 12.239 docentes más con jornada parcial hasta sumar 37.428. Evidentemente, media jornada se traduce en mitad del sueldo. Por no hablar de contrataciones sin proceder al alta en la Seguridad Social o el retraso en los pagos de los salarios. En España dos de cada tres profesores tienen más de 40 años. Hay siete profesores con más de 50 años por cada uno con menos de 30, lejos de la tasa que recomienda la OCDE.
Respecto a nuestros colegas europeos, trabajamos un 15,48% más de horas lectivas en Primaria, un 6,7% en Secundaria y un 9% en el resto de etapas y enseñanzas. Penosa situación a la que hay que añadir la sobrecarga de tareas administrativas y la falta de enfermeros, integradores sociales y otros perfiles profesionales necesarios.
Se superan con creces las 37 horas y media de jornada oficial. Nos vemos forzados a trabajar en casa hasta en fin de semana. Y un currículum muy cerrado que obliga a evaluar por estándares y destrezas marca el compás del curso y arrebata la autonomía al profesorado.
Decía Aristóteles que “aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos sólo les dieron la vida, estos el arte de vivir bien”. ¡Honra, dignidad y reconocimiento al profesorado! Merecemos estabilidad, mejor salario, confianza de las administraciones y de la sociedad en nuestra capacidad. Queremos autonomía, libertad de cátedra y apoyo de otros profesionales para garantizar que nadie se quede atrás.