Emilio Criado Herrero. Investigador Científico CSIC (1970-2014). Vocal por CCOO en el Consejo Nacional Asesor de Ciencia y Tecnología ⇒
La realidad social en que nos desenvolvemos está determinada por su base material que a su vez está absolutamente condicionada por los recursos científicos y tecnológicos disponibles. Esta interdependencia estuvo en la base de las revoluciones industriales pasadas y se presenta con mucha mayor intensidad en los últimos años en que la genética, la robótica, la inteligencia artificial, las tecnologías de la información y las comunicaciones impregnan cada uno de los aspectos de nuestra vida. Pero esta dinámica no es neutral socialmente, ni viene determinado por un crecimiento espontáneo del conocimiento. La ciencia responde cada vez más a una dinámica impulsada por grandes grupos económicos que disponen de los ingentes recursos financieros que requiere la investigación científica y que a su vez disponen de mecanismos para su comercialización. Con la globalización este proceso se ha amplificado, adquiriendo una intensidad que condicionan todos los aspectos de nuestra sociedad. El ritmo de generación, creación y divulgación de las innovaciones tecnológicas no responden a demandas sociales sino a estrategias comerciales. Este desajuste tiene efectos directos de cuestiones clave de nuestra vida: el nivel y la calidad de empleo, la privacidad de nuestras comunicaciones, la salud, el uso sostenible de los recursos naturales, el modelo energético y de movilidad ,etc.
La capacidad de las sociedades para regular los ritmos de introducción de nuevas tecnologías está muy condicionada por su nivel científico y por la capacidad tecnológica de sus empresas, para modular, por ejemplo, los efectos sobre el empleo de la robotización o la capacidad de afrontar el futuro de sectores como el automóvil ante el reto del motor eléctrico.
Nuestro país parte de grandes debilidades para afrontar este nuevo reto. La debilidad histórica de nuestro sistema científico técnico pesa como una losa. La modernización de nuestro tejido industrial en los años 70 y 80, se hizo en base a la implantación de compañías multinacionales y la compra de tecnología: esta estrategia permitió la fabricación en nuestro país de una amplia gama de objetos de consumo, desde electrodomésticos a automóviles, pero una generación más tarde, ese modelo de dependencia se reactiva ante la irrupción de las nuevas tecnologías. Son de nuevo grupos multinacionales quienes determinan nuestro acceso a las tecnologías de la información, inteligencia artificial, nuevo materiales, biotecnología, etc.
La larga crisis ha puesto manifiesto la gravedad de nuestra situación. Salimos de una crisis y enlazamos con la siguiente sin que el modelo productivo se haya dotado de las capacidades tecnológicas necesarias; el empleo se ha basado en la precariedad y bajos salarios, centrado en sectores de baja intensidad tecnológica, cuando la crisis ha puesto de manifiesto que sólo los sectores industriales y de servicio que gozan de niveles medios y alto de tecnología están pudiendo sortear la difícil coyuntura.
Es por ello que desde el punto de vista sindical y social deba ser una prioridad en que urge actuar en un doble frente: incrementar el nivel científico del conjunto de nuestra sociedad y elevar el papel de la tecnología en nuestro sistema productivo.
Porque la situación de la ciencia española no ha hecho sino agravarse; todos los datos disponibles indican que el nivel de inversión no ha recuperado los niveles existentes antes de la crisis. La inversión en I+D, se sitúa en el 1,22% del PIB ,frente al 1,6% alcanzado en 2009; en ese mismo periodo nuestra distancia respecto a los países de nuestro entorno no ha hecho sino aumentar -los países de la UE han situado su gasto medio del 2,2%-. El esfuerzo directo que hace el sector público, medido en los recursos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, ha experimentado un descenso aún más acusado al bajar del 0,5% al 0,25%. El esfuerzo del sector privado sigue siendo notablemente inferior a la media de los países más avanzados, el número de empresas innovadoras ha pasado de 40.000 a 19.000 en los últimos diez años.
En paralelo los recursos humanos han experimentado un proceso progresivo de envejecimiento y precariedad inaceptables. La edad media de nuestros catedráticos universitarios e investigadores se sitúa en torno a los 55 años y la precariedad afecta a más de un 30% de nuestros trabajadores de la investigación.
Frente a esta situación, que muchos informes denuncian como irreversible, se vienen repitiendo en los últimos años movilizaciones de todos los actores implicados en la actividad científica, sindicatos, asociaciones de jóvenes investigadores, sociedades científicas y académicas y movimientos ciudadanos que reflejan el malestar de la sociedad española ante el escaso protagonismo que tienen la ciencia y la tecnología en la conformación de un modelo de sociedad cada vez más determinado por el impacto de las nuevas tecnologías.
Ante esta situación, desde todos los sectores implicados se reclama un Pacto por la Ciencia que permita dotarse a nuestro país de una nueva estrategia que logre superar la decadencia progresiva de nuestro sistema científico y cambiar el rumbo en nuestro modelo de dependencia tecnológico. Pero la concreción de ese pacto no llega por la incapacidad de ponerse de acuerdo los diferentes partidos políticos que deberían implantarlo.
El impasse político se traduce en una inacción que no hace sino agravar la situación. La palabra ciencia ha dado de nuevo nombre a un ministerio, pero excepto algunas reformas parciales, no ha sido capaz de dotarse de la suficiente relevancia en la política gubernamental.
Los últimos días con la masiva movilización en contra del cambio climático, han puesto un buen ejemplo de cómo la actividad científica juega un papel clave en el conocimiento y posibilidades de cambio de problemas centrales de nuestra sociedad. Por ello, y ante la inminente campaña electoral, demandamos a todos los partidos un esfuerzo real para alcanzar un consenso en torno a decisiones concretas a adoptar:
- Elaboración de un Plan Estatal de I+D que responda más claramente a las demandas sociales y los sectores en que disponemos de mayores ventajas competitivas.
- Alcanzar el 2% de la inversión en I+D.
- Planes de choque para la renovación y disminución de la precariedad entre los -trabajadores de la investigación
- Elaboración del Estatuto de Personal de investigación que incluya la carrera profesional para todos los colectivos implicados.
- Mejora de la movilidad de los trabajadores de la investigación entre las diferentes instituciones del sector público, OPIs y Universidad y transparencia en el acceso a los puestos de trabajo.