El cambio climático es real y su principal causa es la actividad humana. La emergencia climática exige medidas de calado sobre energía, industria, edificios, transporte y ciudades
Por Alejandra Acosta / Foto: Fran Lorente
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU es categórico: el cambio climático es real y su principal causa es la actividad humana. Su informe de 2018 pone sobre la mesa pruebas de que podemos haber sobrepasado ya puntos de inflexión que darían lugar a alteraciones irreversibles en la temperatura del planeta, con efectos devastadores, y advierte que limitar el calentamiento global requiere tomar medidas de gran calado sobre la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Igualmente, la Agencia Internacional de la Energía avisó el pasado año de que la extracción mundial de petróleo caerá en un tercio en 2025, y la capacidad de absorción de dióxido de carbono de los océanos y bosques ha llegado al límite, de forma que si no paramos las emisiones contaminantes comenzará en breve un calentamiento gradual.
La codicia de la élite económica y la corrupción de poder político amenaza la vida en el planeta
Estamos ante una situación de emergencia real y reducir las emisiones de dióxido de carbono ya no es suficiente. Hay que modificar el modelo. Si no se toman medidas radicales desde hoy será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro.
Esperemos que no todo esté perdido. Esta semana estamos asistiendo a la mayor movilización ciudadana global de la historia para detener la catástrofe ambiental. Las protestas están protagonizadas por millones de estudiantes de todo el mundo inspirados por los Fridays for future. Su objetivo es presionar a los gobiernos de todo el mundo y a las empresas para que adopten medidas drásticas reales y dejen de tomarnos el pelo con el embuste del ‘capitalismo verde’. En España convocan la manifestación del viernes 27 de septiembre la Alianza por el Clima, Alianza Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima.
El expolio de los recursos naturales que compromete la vida de las personas, de los océanos, de los bosques y del resto de seres vivos es similar a la explotación de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Detrás de este saqueo a la gente y a los recursos naturales que nos han traído hasta este colapso –largamente anunciado, por otra parte– que amenaza nuestra supervivencia están, por un lado, la codicia de la élite empresarial y económica y, por otro, la negligencia, desfachatez y corrupción del poder político.
La crisis ecológica es una crisis de un sistema de producción y consumo irracional e insostenible.
Unos y otros no están dispuestos a soltar su presa, que no es otra que la de seguir incrementando los beneficios. De ahí que asistamos al endurecimiento de las condiciones de trabajo, la desregulación laboral y el intento de desprestigio y desafección hacia las organizaciones de defensa del medio ambiente y de las que venimos luchando históricamente por los derechos y la dignidad de la clase trabajadora.
Los sindicatos reclamamos una transición ecológica que proteja tanto a las trabajadoras y trabajadores como a las zonas y sectores potencialmente afectados. Exigimos un cambio radical de política que garantice medidas eficaces ante una emergencia climática que ya ha iniciado la cuenta atrás.
Planificar los recursos
Pocos se atreven a discutir que esta crisis ecológica es una crisis del sistema, basado en un modelo de producción y de consumo irracional, innecesario, insostenible y globalizado. No nos queda otra que planificar los recursos e implantar una producción que garantice al tiempo bienes suficientes para una vida humana digna y la sostenibilidad del medio ambiente. Y los sindicatos deben contribuir a establecer modelos alternativos que hagan posible este objetivo.
CCOO reclama planes de movilidad sostenible para el traslado a los centros de trabajo basados en el transporte público y colectivo y en la reducción del uso del automóvil; la constitución de comisiones de medio ambiente para la transición ecológica en empresas y administraciones, donde se debatan las acciones necesarias para adaptarse a las normas ambientales; la puesta en marcha de mecanismos de apoyo y de reactivación para los sectores afectados, y que el desarrollo de la Estrategia de Transición Justa se realice a través del diálogo social.
