Vuelta al cole entre andamios y hormigón
La política de construcción por fases del PP ha aumentado la desigualdad entre la escuela pública y la privada, con el consiguiente perjuicio para las familias y alumnado, que se ven obligados a empezar las clases con los centros educativos empantanados por las obras.
Texto: Armando Recio // Fotos: Fran Lorente
Grúas, excavadoras, remolques, apisonadoras, andamios y cemento. Este es el panorama con el que se han encontrado más de 30.000 niños y niñas al acudir a sus centros el primer día de ‘cole’ y de instituto. Una situación que, un año más, vuelve a reproducirse en los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid.
Esta realidad, la de tener colegios e institutos a medio construir y, por tanto, con falta de aulas e instalaciones para el normal desarrollo de las actividades educativas, es consecuencia de la política llevada a cabo por el Partido Popular en la región ya desde los gobiernos de Esperanza Aguirre, la ex presidenta de la Comunidad recientemente imputada en el caso ‘Púnica’. Desde entonces, la política de construcción por fases llevada a cabo por los ‘populares’ ha provocado que muchos centros de enseñanza hayan empezado a construirse –con el consiguiente autobombo para el Ejecutivo de turno-, y, sin embargo, años después aún no hayan sido terminados.
Algunos de estos centros llevan un retraso de varios años en su construcción. Las familias afectadas han mostrado su indignación y sus quejas ante la actuación de los diferentes gobiernos del PP en nuestra región. En una visita organizada por la Federación Regional de Enseñanza de CCOO en Madrid (FREM), los medios de comunicación pudieron comprobar de primera mano el desarrollo de las obras y el precario estado en el que se encuentran algunos de estos centros –71 en toda la región-, además de escuchar la preocupación de padres, madres y portavoces de las AMPAS por esta situación.
Un peligro para la seguridad
Los seis centros visitados con los que la FREM quiso ilustrar esta realidad y otros problemas en la enseñanza pública fueron el CEIP La Paloma, en el centro de la capital, el CEIP Antonio Fontán, en Montecarmelo, el IES Malala Yousafzai y el CEIP Blas de Lezo, en Las Tablas, el SIES Luis de Góngora, en Loeches, y el IES Rafael Frühbeck de Burgos, en Leganés. En algunos de ellos, la situación el día anterior al comienzo de las clases hacía imposible que el alumnado pudiese asistir sin poner en peligro la seguridad de los propios alumnos. Algunos miembros del profesorado trasladaron su inquietud al respecto, no sólo ante la falta de medios y recursos materiales para la docencia, sino también por el hecho de que cualquier niño pudiera sufrir un accidente bajo su responsabilidad en unas instalaciones que no ofrecían las más mínimas condiciones de seguridad.
Así, en el SIES Luis de Góngora de Loeches, las paredes de la fachada aún no habían completado siquiera su revestimiento y en la propia entrada se amontonaban materiales de construcción y obras a medio hacer. Los padres y madres presentes indicaron que no pensaban permitir que sus hijos e hijas asistieran a clase al día siguiente con las instalaciones del centro en ese estado.
En el caso del CEIP Antonio Fontán, en Montecarmelo, son ya diez los años que este centro lleva inmerso en el sistema de construcción por fases. El pasado día 9 podía verse que todavía continuaban las obras y cómo los más pequeños se veían obligados a convivir con toros mecánicos, camiones, carretillas y andamios en su llegada a clase.
En el caso del IES Rafael Frühbeck de Burgos, en Leganés, alumnado y profesorado entraban y salían del centro mientras dos trabajadores terminaban a contrarreloj las obras en el suelo en la misma entrada del instituto, aparte del andamiaje que seguía cubriendo buena parte de sus instalaciones.
Han priorizado la enseñanza privada en detrimento de la pública
La secretaria general de la FREM, Isabel Galvín, que acompañó a los periodistas durante todas las visitas, hizo un repaso general por la situación de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid al inicio de curso y explicó que “el 90% de las plantillas de los centros están incompletas o que se ha contratado a más de 4.000 docentes para la educación concertada, mientras que para la pública, que ha experimentado un aumento del número de alumnos, solo se ha contratado a 1.000 docentes”. Asimismo, detalló que mientras los centros públicos “esperan que se les asigne el profesorado necesario y concluyan las obras en sus instalaciones, la Consejería sigue cediendo suelo público a colegios privados y no palia la sangría de 1.000 millones de euros que la educación pública ha perdido desde que comenzó la crisis”.
Para Isabel Galvín, este inicio de curso comienza “en las mismas circunstancias que los anteriores: con centros sin terminar; profesores que todavía no han llegado a sus centros; con una política de inversión en negativo, sin recuperar ni revertir los recortes que se habían producido en la Comunidad de Madrid, la región que más ha sufrido la pérdida de profesores de toda España; con la pérdida de las políticas de igualdad de oportunidades, etc.”.
Según Galvín, “todos los centros públicos que se empezaron a construir desde que gobernaba Esperanza Aguirre hasta nuestros días están todavía en obras”. Y reprocha que precisamente esa política de construcción por fases haya sido la responsable de que tantos niños y niñas “vayan a empezar sus estudios afectados por las obras”, una política educativa que, a su juicio, “prioriza la enseñanza concertada en detrimento de la pública” y que “decidió perjudicar a las familias que elegían la escuela pública”.
